El derecho de los conflictos armados no tiene valor –ni sentido– si no es aplicado. Pacta sunt servanda. Debería ser posible implantar este tipo de axioma en la conciencia humana, sin desviaciones y sin limites, porque lo que está en juego es nada menos que la protection de las víctimas de los conflictos armados y la limitation de los efectos de la violencia en las situaciones conflictivas.

Reconozcamos –lo que no es ninguna novedad– que tal no es el caso. Sin duda porque el derecho international humanitario (DIH) es una especie de transactión entre las necesidades militares y las exigencias humanitarias, a menudo sólo respetado si coincide con los intereses propios del Estado, sin duda también porque la violencia inherente a las situaciones conflictivas no induce especialmente a prestar una asidua atención a los principios y a las normas del derecho humanitario.

Antes de exponer los términos en los que se plantea el problema que nos proponemos estudiar, es conveniente, a título preliminar, explicar lo que se entiende por «la imperiosa necesidad de aplicación del derecho internacional humanitario».

Como se sabe, el derecho internacional humanitario es el conjunto de las normas jurídicas que los Estados deben respetar y que están destinadas a garantizar la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales o no internacionales.

Lo esencial de este derecho está contenido en los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativos a la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, a la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, al trato debido a los prisioneros de guerra y a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, respectivamente.

Como toda rama del derecho, el derecho international humanitario fue concebido no como un conjunto de normas abstractas, sino como un conjunto de normas definidas para aplicarse en la realidad; esto se reafirmó en el artículo 1 común a los Convenios de Ginebra de 1949, en el que se estipula la obligatión que las Altas Partes Contratantes tienen de respetar y de hacer respetar esos acuerdos en todas las circunstancias.

Existen tres problemas fundamentales relacionados con el cumplimiento del derecho internacional humanitario aplicable en conflictos armados. En tiempo de paz, nadie anhelaría, en primer lugar, una situatión en la que ese derecho tenga una aplicación efectiva. Además, no es fácil despertar de hecho el interés de la gente por unas normas que poco tienen que ver con su experiencia personal. Pero, si no se realizan determinados esfuerzos y actividades en tiempo de paz, no es de esperar que dichas normas se cumplan en caso de crisis o de conflicto armado. El segundo problema radica en que, como ha evidenciado la práctica, las violaciones del derecho aplicable abundan en caso de conflicto armado. Según una opinión preconcebida y generalizada, no se pueden entablar acciones legates eficaces contra este tipo de violaciones de manera que la exigencia de protección humanitaria no suele cumplirse en realidad. El tercer problema está relacionado con los dos anteriores:

La misión esencial de la Comisión Interdepartamental de Derecho Humanitario (CIDH) de Bélgica, creada por decisión del Consejo de Ministros del 20 de febrero de 1987, es estudiar medidas nacionales de aplicación de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra y, si ha lugar, de los Convenios mismos.

Tras más de tres años de actividades de la CIDH, ha parecido oportuno redactar un artículo de síntesis acerca de esta Comisión cuya creación se debe, principalmente, a una iniciativa de la Cruz Roja de Belgica. Después de hacer algunas consideraciones generales relativas a la aplicación del derecho internacional humanitario, se describen en este artículo los orígenes, la creación, la composición, la misión, el método de trabajo y el modo de funcionamiento de la CIDH; se hace, al final, un sucinto balance de los trabajos de la Comisión desde su creación hasta finales de 1990.

Los Estados Unidos consideran que muchas de las disposiciones del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 codifican normas de derecho internacional consuetudinario o reflejan lo que ese derecho debería ser. La visión de los Estados Unidos del artículo 90 relativo a la Comisión Internacional de Encuesta se sitúa en esa perspectiva. En su análisis de los Protocolos, la Junta de jefes de Estado Mayor de EE.UU. (Joint Chiefs of Staff, JCS) expresa el punto de vista del Departamento de Defensa estadounidense sobre el artículo 90 como sigue:

Para ser respetado, el derecho internacional humanitario (DIH) necesita mecanismos de aplicación. La mayoria de ellos son conocidos y han demostrado su validez, ya se trate de medios preventivos, de control o de represión. Sin embargo, tienen sus límites y, en este sentido, la Comisión Internacional de Encuesta prevista en el artículo 90 del Protocolo I remedia una deficiencia.

Es cierto que existe, en el Convenio de Ginebra de 1929, reproducido en los de 1949, el mecanismo de encuesta, sobre el que volveremos más adelante. Bastará destacar que el artículo común a los cuatro Convenios, redactado en términos someros, puede paralizarse siempre a nivel de procedimiento y que sólo está previsto para casos particulares. El artículo 90 realiza, en este ámbito, un notorio progreso. La institucionalización de la investigación tiene la ventaja de no subordinar su inicio al acuerdo de las partes. La aceptación de la competencia se produce, en principio, en tiempo de paz, antes de que surja la necesidad de proceder a una investigación. Por otro lado, la permanencia de la Comisión tiene una efecto disuasivo no desdeñable sobre las partes en conflicto que puedan tener la tentación de cometer violaciones contra el DIH.

El 20 de noviembre de 1990, el vigésimo Estado hizo la declaratión prevista en el artículo 90 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 («Protocolo»), que reconociendo ipso facto y sin acuerdo especial, con relatión a cualquier otra Alta Parte contratante que acepte la misma obligatión, la competencia de una Comisión International de Encuesta («la Comisión»), encargada de investigar acerca de las denuncias formuladas por ese otro Estado. La Comisión tendrá competencia para indagar cualquier hecho que haya sido denunciado como infractión o violatión grave de los Convenios o del Protocolo, así como para facilitar, mediante sus buenos oficios, el retorno a una actitud de respeto de los Convenios y del Protocolo.

En su número de enero-febrero de 1991, la Revista dio a conocer a sus lectores las sucesivas gestiones llevadas a cabo por el CICR desde el inicio del conflicto en Oriente Medio ante los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, por un lado, y los Estados Partes en el conflicto, por otro, para recordarles sus obligaciones dimanantes de los Convenios de Ginebra. En particular, se trata de la nota verbal del 14 de diciembre de 1990 enviada a los 164 Estados signatarios de los Convenios, con un memorándum sobre la aplicabilidad del derecho internacional humanitario, así como de los llamamientos del 17 de enero, del 1 y el 24 de febrero de 1991 dirigidos a los Estados beligerantes.

En su última Asamblea ordinaria de los días 13 y 14 de marzo de 1991, el Comité International de la Cruz Roja eligió dos nuevos miembros: los señores Rodolphe de Haller y Daniel Thürer. El Comité, integrado exclusivamente por ciudadanos suizos, cuenta así con 21 miembros.

• El señor Rodolphe de Haller, que nació en 1932, es oriundo de Berna y está domiciliado en Jussy (cantón de Ginebra). Tiene el título de doctor en medicina, cuyos estudios realizó en Neuchâtel, Lausana y Viena. Su carrera clínica lo llevó a ejercer de neumólogo en St-Loup (Vaud), Davos, Lausana, Ginebra y Londres. El señor de Haller es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra y autor de numerosas publicaciones científicas sobre las enfermedades pulmonares y la tuberculosis.

Las sucesivas misiones efectuadas en febrero y comienzos de marzo de 1991 por el presidente del CICR, señor Comelio Sommaruga, en Gran Bretaña, Francia, Jordania y Estados Unidos se enmarcaron bajo el signo de la movilización humanitaria suscitada por las secuelas inmediatas y futuras para las víctimas del conflicto en Oriente Próximo.

En ese mismo lapso, el presidente del CICR realizó sendas visitas oficiales a Suiza, Italia y Brasil.

1. Del 20 al 22 de septiembre de 1990, tuvo lugar, en Sofía, un seminario sobre la aplicación del derecho internacional humanitario (DIH), organizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en cooperatión con la Cruz Roja Bulgara y el Institute International de Derecho Humanitario (IIDH).

El Reino de Bhután depositó ante el Gobiemo suizo, el 10 de enero de 1991, el instrumento de adhesión a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.

De conformidad con sus disposiciones, los Convenios de Ginebra entrarán en vigor, para el Reino de Bhután, el 10 de julio de 1991.

Con la adhesión del Reino de Bhután se eleva a 165 el número de Estados Partes en los Convenios de Ginebra.

La República Federal de Alemania ratificó, el 14 de febrero de 1991, los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la protectión de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y no internacionales (Protocolo II), aprobados en Ginebra el 8 de junio de 1977.

Acompañan a la ratificatión varias declaraciones cuyo texto es el siguiente:

1. Al parecer de la Republica Federal de Alemania, las disposiciones del Protocolo adicional I relativas al empleo de armas nan de aplicarse exclusivamente a las armas convencionales, a reserva otras normas del derecho internacional aplicables a otros tipos de armas.

El jurado del premio Paul Reuter, reunido en Ginebra el 7 de marzo de 1991, decidió por unanimidad atribuir excepcionalmente ese premio a dos candidates, los señores

doctor en Derecho y abogado, ciudadano de Ghana, por su tesis titulada Trends in the International law of armed conflict: claims relating to personal and material fields of application; y

abogado, de nacionalidad colombiana, por su obra titulada La humanización de la guerra: la aplicación del derecho internacional humanitario al conflicto armado en Colombia.

El jurado puso de relieve la notable calidad de las obras de ambos premiados, que constituyen una importante contributión al conocimiento del derecho internacional humanitario.