La revolución industrial que caracterizó la segunda mitad del Siglo XIX y que se ha intensificado en los años que han transcurrido del presente Siglo, ha traído como consecuencia un natural despertar de la conciencia social hacia las duras realidades del trabajador asalariado y se ha pronunciado en legislaciones más o menos avanzadas para proteger a dicho trabajador.

Todos los países del mundo occidental, cual más cual menos, han dictado códigos y leyes laborales y de seguridad social, con el propósito de defender al trabajador industrial frente a los intereses de la industria, permitiéndole no solamente equilibrar un tanto su posición en las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo, mediante la organización de sindicatos y uniones, sino garantizándole salarios mínimos, la limitación de horas de trabajo, seguros de enfermedad, invalidez y fallecimiento, etc. Estas legislaciones, unas con visión de la realidad y otras un tanto exageradas con relación al medio en que deben aplicarse, tienen en común la profunda preocupación del Estado y de la sociedad en general, de aproximarse en la medida de lo posible a una situación de justicia social que permita el desenvolvimiento de la clase trabajadora hacia niveles humanos y dignos.