América Latina siempre ha sido central para la configuración, interpretación y operación del campo de la justicia transicional. Empezando a fines de la década de 1980 con las contribuciones de juristas interesados en las transiciones democráticas luego de las dictaduras en el Cono Sur, la firma del Acuerdo de Paz en Guatemala en 1996, y la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú, hasta el caso más reciente de Colombia, la academia y el activismo en América Latina han contribuido de manera significativa a la teoría y práctica de la justicia transicional. Este ensayo explora una cuestión central para los procesos recientes de justicia transicional: la interacción y posibles contradicciones entre el objetivo de poner fin a un conflicto interno violento y las demandas que impone el Derecho internacional. Colombia sirve como ejemplo, en tanto el caso colombiano está informado por todas las experiencias anteriores, pero también porque es el primer proceso de justicia transicional que se desarrolla en la región desde la entrada en vigor de la Corte Penal Internacional. Si bien el proceso colombiano aún está siendo implementado, y es demasiado pronto para definir su éxito o fracaso, ofrece un punto de vista importante acerca de las interacciones difíciles, complejas y profundas entre el Derecho internacional, la paz interna y la justicia transicional. Este ensayo explora así la manera como los actores locales y externos involucrados en la negociación e implementación del Acuerdo presentaron el Derecho internacional como si fuera unívoco y universal, como si no hubiese interpretaciones en competencia dentro de la disciplina, y como si fuera neutral en relación con las discusiones políticas internas. Sobre la base de este análisis, el ensayo busca arrojar luz acerca de los usos ideológicos del Derecho internacional.

Latin America has always been central to the configuration, interpretation, and operation of the field of transitional justice. Starting in the late 1980s with contributions from scholars interested in democratic transitions after dictatorships in the Southern Cone, the 1996 signing of the Peace Agreement in Guatemala, and the Truth Commission in Peru, to the more recent case of Colombia, Latin American academics and activists have contributed significantly to the theory and practice of transitional justice. This essay explores a question central to recent transitional justice processes: the interaction and possible contradictions between the aim of ending a violent internal conflict and the demands imposed by international law. Colombia serves as an example. The Colombian case is informed by all previous experiences, but it is also novel because it is the first transitional justice process established in the region since the establishment of the International Criminal Court. Although the Colombian process is still being implemented and it is too early to claim its success or failure, the case offers important insights into the tense, complex, and overarching interactions between international law, internal peace, and transitional justice. This essay explores how local and external actors involved in negotiating and implementing the agreement presented international law as if it were univocal and universal, as if there were no competing interpretations within the discipline, and as if it were neutral in relation to local political discussions. Building upon this analysis, the goal is to shed light upon the ideological uses of international law.

A comienzos del siglo veinte, al celebrarse la primera reunión del entonces recién creado Instituto Americano de Derecho Internacional, juristas de distintos países adoptaron una declaración que estipulaba que “el derecho internacional es a la vez nacional e internacional”1. Casi cien años después, si hay un aspecto del Derecho internacional que tiene un rasgo distintivamente latinoamericano, y que da cuenta de la idea acuñada en esa Declaración, es el Derecho internacional de los derechos humanos. Desde la adopción de la Declaración Americana de de los Derechos y Deberes del Hombre, en 1948, y especialmente a partir de la década de los cincuenta, con la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego con la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 1969, los derechos fundamentales han sido, son y todo indica que seguirán siendo un proceso y fenómeno radicalmente regional del Derecho internacional. Este ensayo analiza, a través del desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la manera como se ha construido el Derecho transnacional de los derechos humanos en América Latina, con la formación del sistema interamericano, hasta las formas peculiares de interacción e influencia entre el Derecho internacional y el Derecho constitucional. Revisando la jurisprudencia reciente sobre justiciabilidad de derechos sociales, el ensayo muestra cómo la idea de un derecho común de los derechos humanos presenta dificultades que deben atenderse si se quiere tomar en serio el carácter transnacional de los derechos humanos en la región.

In 1916, at the first meeting of the then newly created American Institute of International Law, jurists from different countries adopted a declaration stipulating that “[i]nternational law is at one and the same time both national and international.”1 A century later, Latin American international human rights law clearly reflects that idea. Since the adoption of the American Declaration of the Rights and Duties of Man in 1948, and especially since the 1950s, with the creation of the Inter-American Commission on Human Rights, and later with the adoption of the American Convention on Human Rights in 1969, human rights in Latin America have been, are, and will continue to be an essentially regional phenomenon of international law. By examining the Inter-American Court of Human Rights’ case law, this essay analyzes the way in which Latin America has articulated transnational human rights law, from the establishment of the inter-American system, to the distinctive forms of interaction and influence between international law and constitutional law. Drawing from recent jurisprudence on social rights, this essay shows that the idea of a Latin American common law of human rights—an idea that has become highly influential in the past decade—is an example of the outer limits of the potential integration. As such, the idea presents challenges that must be addressed in order for regional human rights to realize their full potential as transnational norms.

En marzo de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “Corte IDH”) resolvió el caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras, en el que se condenó al Estado hondureño por el asesinato de Vicky Hernández, una mujer trans defensora de derechos humanos1. Esta sentencia es muy relevante para el sistema interamericano por ser la primera que a nivel internacional aplica un tratado específico de protección de derechos humanos de las mujeres para proteger a una mujer trans. De allí que permite analizar la interpelación que el debate feminista viene haciendo al sistema binario de protección de derechos en la región y en el mundo. En este ensayo, defenderé la decisión mayoritaria de la Corte frente a sus votos disidentes, sosteniendo que el sujeto político de los derechos humanos (incluido el feminista) es dinámico y emergente y, en consecuencia, el derecho y los derechos positivizados están a la retaguardia de las luchas por el reconocimiento y, por tanto, sometidos a constante interpelación y necesidad de cambio. Por esta razón, se requieren interpretaciones evolutivas e incluyentes de los derechos, que empujen a la desestabilización del sistema jurídico binario y, con ello, a su transformación en clave igualitaria e interseccional.

On March 26, 2021, the Inter-American Court of Human Rights found Honduras responsible for the killing of Vicky Hernández, a trans woman and human rights defender.1 The Vicky Hernández et al. v. Honduras judgment is the first in which an international court has protected a trans woman by applying a human rights treaty that protects women. It thus provides an opportunity to analyze the impact of feminist ideas on the system of human rights protection at the regional level, with implications for international law more generally. In this essay, I defend the Inter-American Court's majority decision against the dissenting opinions, by arguing that the political subject of human rights is dynamic and emergent and, therefore, positive law is often one step behind in the struggles for recognition. For this reason, we need interpretations of rights that are inclusive, that evolve, and that push for the destabilization of law as binary, allowing the emergence of a more egalitarian legal system that recognizes intersectionality.

Luego de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Relacionadas con la Intolerancia, realizada por las Naciones Unidas en Durban, Sudáfrica, en 2001, surgió un importante movimiento. Las comunidades de la diáspora africana en las Américas —o “afrodescendientes”, como prefieren autoidentificarse— comenzaron a buscar reconocimiento legal en el contexto del Derecho internacional de los derechos humanos, y especialmente dentro del sistema interamericano de derechos humanos. El progreso ha sido notable, incluidos distintos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cambios en los sistemas constitucionales y legales de los países de América Latina y el proyecto de las Naciones Unidas de la Declaración Internacional de los Derechos de los Afrodescendientes, como parte del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015–2024). Sin embargo, todavía existen cuestiones conceptuales, técnicas y doctrinarias en la definición y estatus jurídico de los afrodescendientes bajo el Derecho internacional. ¿Quiénes son afrodescendientes en términos legales? Y, ¿cómo entendemos “afrodescendencia” dentro del contexto de los pueblos indígenas y tribales? En este ensayo, explico cómo diferentes organismos regionales en América Latina han interpretado progresivamente los derechos indígenas para superar la marginación de los afrodescendientes y describo algunos temas importantes que siguen sin estar claros a pesar de esta bienvenida evolución.

After the Third World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia, and Related Intolerance, held by the United Nations in Durban, South Africa, in 2001, an important movement emerged. The African diaspora communities in the Americas, or “Afro-descendants,” as they prefer to self-identify, began to seek legal recognition in the context of international human rights law, and especially within the inter-American human rights system. Progress has been remarkable, including the rulings of the Inter-American Court of Human Rights, changes in the constitutional and legal systems of Latin American countries, and a UN draft of a Declaration of the Rights of People of African Descent, as part of the International Decade for People of African Descent (2015–2024). However, conceptual, technical, and doctrinal issues still exist in defining the legal agency of people of African descent under international law. Who are Afro-descendants in legal terms, and how do we understand “Afro-descendance” within the context of Indigenous and tribal peoples? In this essay, I explain how different regional bodies in Latin America have interpreted Indigenous rights progressively to overcome the marginalization of Afro-descendants, and address some important questions that remain unclear despite this welcome evolution.

La literatura sobre el Derecho internacional suele asumir que la relación del populismo con este último es antagónica1. Sin embargo, una perspectiva centrada en América Latina, donde el populismo ha sido estudiado desde principios del siglo veinte, complejiza esta noción: líderes populistas han adoptado el multilateralismo, promovido la unidad regional e intentado crear instituciones internacionales. Además, tanto populistas como nopopulistas han resistido instituciones internacionales. Este ensayo problematiza la asunción de una relación necesariamente antagónica entre el populismo y el Derecho internacional, sosteniendo que dicha asunción carece de sustento empírico y está teóricamente subdesarrollada. Latinoamérica es un lugar relevante para problematizar esta noción, debido al rol del Poder Ejecutivo en la conducción de relaciones exteriores2 y la rica historia intelectual en la región respecto del populismo. El ensayo enfatiza la necesidad de desarrollar un marco teórico adecuado para el estudio de la relación entre populismo y Derecho internacional, marco que debiese ser menos eurocéntrico y sesgado normativamente, sin asumir que la resistencia al Derecho internacional siempre carece de mérito. Adicionalmente, debería permitirnos identificar lo distintivamente populista en esta relación y qué aspectos están mediados por las ideologías huésped.

International legal scholarship often assumes that populists will have an antagonistic relationship with international law.1 But a view from Latin America, where populism has been an object of study since the early twentieth century, tells a more complex story: populist leaders have engaged in multilateralism, promoted regional unity, and attempted to create international institutions. And populists as well as non-populists have resisted international institutions. This essay questions the assumption that populists have an antagonistic relationship with international law, and argues that this assumption lacks robust empirical support and is theoretically underdeveloped. Latin America is a particularly significant site for challenging this assumption, given the prominent role of the executive in foreign relations2 and the rich intellectual history regarding populism itself. The essay concludes by stressing the need for developing a theoretical framework for the study of populism and international law, which international legal scholarship currently lacks. Such a framework should be less Euro-centric and less normatively biased: it should not assume that resistance to international law is always without merit. And it should also allow us to identify what is distinctively populist about populism's relation with international law and which aspects are mediated by populism's host ideologies.

Una propuesta de Reglamento europeo de 2021 prohíbe el comercio de materias primas y productos relacionados con la deforestación en el mercado de la Unión Europa1. El Reglamento europeo dirige esta prohibición hacia su propio mercado, pero inevitablemente esto tiene consecuencias para los países productores de materias primas en América Latina. La propuesta de Reglamento impactará el intercambio con la Unión Europa, un socio comercial clave para los países latinoamericanos. Si otros Estados industrializados que representan actualmente la cuota más grande de exportaciones para los países latinoamericanos adoptan este tipo de reglamentos, el impacto comercial en América Latina será aún más significativo. Sostenemos que los enfoques regulatorios que se centran en las cadenas de suministro globales —como el Reglamento UE— representan una oportunidad para fortalecer la existente (aunque débil) cooperación ambiental latinoamericana, de manera de abordar las principales causas de la deforestación, principalmente la expansión agrícola. A pesar de la relevancia global de los bosques y la biodiversidad de la región, la cooperación latinoamericana en materia de conservación de bosques no ha sido significativa2.

An EU Regulation proposed in 2021 prohibits the trading of deforestation-linked commodities and products on the EU market.1 The Regulation aims this ban at its own market, but it has unavoidable consequences for commodity producing Latin American countries. The proposed Regulation will affect trade with the European Union, a key trade partner for Latin American countries. If this type of regulation is increasingly adopted by other industrialized countries, which currently represent the largest share of exports for Latin American countries, the trade impact in Latin America will be even broader. We argue that regulatory approaches focused on global supply chains—such as the EU Regulation—represent an opportunity to reinvigorate existing, albeit weak, Latin American environmental cooperation to tackle key drivers of deforestation, notably, agricultural expansion. Despite the global relevance of the region's forests and biodiversity, Latin American cooperation has not been significant in forest conservation.2