La XXVI Conferencia Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tan largo tiempo esperada, ha adquirido una dimensión casi mítica en nuestro Movimiento. Hablamos de ella, en cierto modo, como si se tratara del soldado acantonado en un fuerte, esperando a los tártaros, en una célebre obra de Dino Buzzati (El desierto de los tártaros), con una mezcla de esperanza y de aprensión.

Intentemos analizar ambos sentimientos con lucidez.

La finalidad de la OMPI es fomentar el respeto, la protección y la utilización de la propiedad intelectual mediante la cooperatión de los Estados. Sus principales actividades son elaborar reglamentos internacionales y normas en el ámbito de la propiedad intelectual, especialmente mediante la concertación de tratados internacionales o leyes tipo; administrar los tratados que incluyen esos reglamentos y normas, así como los tratados que facilitan la clasificación de solicitudes de protección de invenciones, marcas de fábrica o de comercio, así como diseños y modelos industriales; proporcionar información acerca de la propiedad industrial, especialmente de índole jurídico-técnica, que figura en documentos que versan sobre las patentes y en el Registro Internacional de Marcas. La OMPI también realiza un programa sustancial de asistencia jurídica y técnica en favor de los países en desarrollo y de países en transición hacia una economía de mercado.

Los tratados más importantes de la OMPI son el Convenio de París para la protección de la propiedad intelectual (1883) y el Convenio de Berna para la protección de la propiedad literaria y artística (1971) (Convenios de París y de Berna). Para ser Parte en uno de los Convenios, un Estado ha de hacer avenir sus leyes nacionales de protección de la propiedad industrial (París) o de derecho de autor (Berna) con dichos Convenios.

La finalidad de este breve análisis es, ante todo, hacer resaltar la importancia que tienen el derecho internacional humanitario y, en particular, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977 para los refugiados y las personas desplazadas en su propio país (en adelante, personas desplazadas). Esta rama del derecho internacional no solo protege a esas categorías de personas cuando son víctimas de conflictos armados, sino que, además, sus normas, aplicadas escrupulosamente, permitirían impedir la mayoría de los desplazamientos.

Por otra parte, conviene señalar el cometido particular que desempeña el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en favor de los refugiados y de las personas desplazadas, cometido en el que se aúnan la intervención jurídica y las actividades operacionales. Asimismo, se describe el cometido de los demás componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante, el Movimiento).

Comenzaremos recordando algunas nociones de base del derecho internacional humanitario, para hablar, luego, brevemente, del cometido del CICR, y tratar el problema de los refugiados y de las personas desplazadas desde los puntos de vista jurídico e institucional. Para finalizar, haremos algunas observaciones en cuanto a la reflexíon en curso sobre las personas desplazadas.

El año 1992, la Comisión de Derechos Humanos aprobó una resolutión sobre las personas desplazadas en el propio país, que era la continuatión de la resolutión 1991125 sobre el mismo tema, y en la que se solicita al secretario general de las Naciones Unidas que recabe los puntos de vista de los Gobiernos, así como los de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales concernidas y que presente un informe al respecto en el siguiente período de sesiones.

El señor Francis Deng, designado en el intervalo como representante especial del secretario general para la cuestión de las personas desplazadas en el propio país, solicitó la opinión del CICR a este respecto. El mes de noviembre de 1992, el CICR dio su respuesta, que sigue siendo de actualidad y que aquí reproducimos con algunas modificaciones en cuanto a la forma.

Gerald Draper (1914–1989) fue el primer especialista en derecho humanitario de su generación en el Reino Unido; fue muy respetado en los círculos del derecho de la guerra en el mundo entero. Tras la Segunda Guerra Mundial, fue fiscal militar, en Alemania, en los juicios contra los crímenes de guerra. Tras su jubilación como miembro de los servicios jurídicos del ejército, se convirtió en un distinguido académico y terminó como profesor de derecho en la Universidad de Sussex. Draper fue delegado en numerosas Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, así como en la Conferencia Diplomática en la que, el ahño 1977, se redactaron los Protocolos adicionales.

8 de mayo de 1945: Victory day! Europa desangrada emerge con alivio después de seis años de opresión y de masacres.

Sin embargo, en ningún lugar se observa la alegría profunda, inmediata y espontánea que caracterizó a la otra victoria, la del 11 de noviembre de 1918. La guerra que continúa en Asia, así como los dramas de la colaboración, el descubrimiento de los osarios y el horror de los campos de concentratión, el gran número de muertes, la magnitud de la destructión y la inquietud con respecto al futuro impiden que los pueblos se entreguen sin reserva a la euforia de la paz recobrada.

Además, la ilusión estaba fuera de lugar, pues el armisticio de Rethondes había sido proclamado como la victoria del derecho sobre la fuerza, de la voluntad de paz sobre la violencia de la guerra. La nueva organizatión de las relaciones internacionales en el marco de la futura Sociedad de Naciones debía prevenir para siempre la repetición de la interminable matanza de la que el mundo salía.

La República de Honduras se adhirió, el 16 de febrero de 1995, a los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y no internacionales (Protocolo II), aprobados en Ginebra el 8 de junio de 1977.

De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entrarán en vigor, para la República de Honduras, el 16 de agosto de 1995.

Con esta adhesión asciende a 136 el número de Estados Partes en el Protocolo I y a 126 el de Estados Partes en el Protocolo II.

La República Eslovaca, mediante su declaración del 13 de marzo de 1995, reconoce la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta.

De conformidad con el artículo 90, párrafo 2, apartado a), del Protocolo adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, la República Eslovaca declara que reconoce ipso facto y sin acuerdo especial, con relación a cualquier otra Alta Parte Contratante que acepte la misma obligación, la competencia de la Comisión Internacional de Euncuesta para proceder a una investigación de las denuncias formuladas por otra Parte.

La República Eslovaca es el cuadragésimo tercer Estado que hace la declaración relativa a la Comisión Internacional de Encuesta.

La República de Cabo Verde se adhirió, el 16 de marzo de 1995, a los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y no internacionales (Protocolo II), aprobados en Ginebra el 8 de junio de 1977.

De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entrarán en vigor, para la República de Cabo Verde, el 16 de septiembre de 1995.

Con esta adhesión asciende a 137 el número de Estados Partes en el Protocolo I y a 127 el de Estados Partes en el Protocolo II.

La República de Cabo Verde, mediante su declaración del 16 de marzo de 1995, reconoce la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta.

De conformidad con el artículo 90, párrafo 2, apartado a), del Protocolo adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, la República de Cabo Verde declara que reconoce ipso facto y sin acuerdo especial, con relacion a cualquier otra Alta Parte Contratante que acepte la misma obligación, la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta para proceder a una investigación de las denuncias formuladas por otra Parte.

La República de Cabo Verde es el cuadragésimo cuarto Estado que hace la declaración relativa a la Comisión Internacional de Encuesta.