Dentro del contexto latinoamericano del siglo XX, México ha sido considerado como una excepción frente al terrorismo de Estado y las dictaduras que asolaron la región, principalmente en los países del Cono Sur. Sin embargo, las vulneraciones graves y sistemáticas de derechos humanos durante el período bajo estudio (también conocido de manera controversial como la “Guerra Sucia”) incluyeron circuitos de la represión, centros clandestinos de detención y tortura, ejecuciones extrajudiciales y “vuelos de la muerte”. Prácticas que alcanzaron fases de eliminación en los últimos años de la década de 1970, cuando la desaparición forzada adquirió las características de una tecnología represiva (Allier Montaño et al. Reference Allier, Eugenia and Sebastián Granada-Cardona 2022 ; Amnesty International 1979; Aviña y Smith Reference Aviña and Smith2024; Díaz Fernández Reference Díaz and Marcelo2018; Dutrénit-Bielous y Ramírez-Rivera Reference Dutrénit-Bielous and Ramírez-Rivera2020; Calveiro Reference Calveiro2021; Cedillo Reference Cedillo2008, Reference Cedillo2013; Cedillo y Herrera Calderón Reference Cedillo, Herrera Calderón, López Ávalos, Oikión and Rey Tristán2014; Comverdad 2021; González Villarreal Reference González Villarreal2012; Herrera Calderón y Cedillo Reference Herrera Calderón and Cedillo2012; López Limón Reference López and Guillermo2004; Mandolessi Reference Mandolessi 2022 ; McCormick Reference McCormick 2018 ; MEH 2024a, 2024b; Mendoza García Reference Mendoza García2015; Montemayor Reference Montemayor2010; Oikión Solano Reference Oikión Solano2015; Vicente Ovalle Reference Vicente Ovalle2012, Reference Vicente Ovalle2013, Reference Vicente Ovalle2023; Pensado y Ochoa Reference Pensado and Ochoa2018; Rangel Lozano y Sánchez Serrano Reference Rangel Lozano and Sánchez Serrano2015; Sierra Guzmán Reference Sierra and Luis2003; Sotelo Marbán Reference Sotelo Marbán2006; Urzúa Bravo Reference Urzúa and Miguel2009; Vélez Salas Reference Vélez Salas2016).
Ante los horrores cometidos, el derecho a la verdad emerge como demanda de sobrevivientes, compañeros/as y familiares de personas detenidas y desaparecidas. Esto principalmente abarca el acceso a la información, respecto a la determinación judicial de las distintas prácticas y actores involucrados en las vulneraciones de derechos, así como también la responsabilidad del Estado de ofrecer justicia, mediante la realización de una investigación legal transparente, y la reparación integral del daño a las víctimas (Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2009).
La instauración de Comisiones de la Verdad o mecanismos extraordinarios para garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la reparación del daño, se encuentra ligada al paradigma de derechos humanos, dentro de la justicia contemporánea (Cuéllar Vásquez Reference Cuéllar Vázquez2020, 160). Se trata de organismos de investigación, oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial, generalmente creados en sociedades que enfrentaron situaciones graves, autoritarismos, violencia política o guerras internas, con el objetivo de facilitar el enfrentamiento crítico con su pasado reciente (CIDH 2014, 10; Espinosa Moreno Reference Espinosa Moreno2023).
En México, existen antecedentes en la implementación de este tipo de instrumentos vinculados al esclarecimiento histórico sobre la Guerra Sucia. La Comisión especial del 68, por ejemplo, aunque de alcance acotado, fue creada por la Cámara de Diputados a fines de la década de 1990, para investigar y reconstruir los hechos en torno a la Matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. También tuvo lugar la Recomendación 026/2001 y el Informe Especial en materia de desapariciones forzadas de la CNDH. Posteriormente, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) logró algunos avances puntuales en la investigación de las masacres del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, respecto al señalamiento de responsabilidades penales contra funcionarios (Comité 68 Pro Libertades Democráticas, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AFADEM, Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, Nacidos en la Tempestad y Fundación Diego Lucero 2006; Human Rights Watch 2003). Otro ejemplo es la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero creada en 2012, la cual se destaca por su trabajo activista y exhaustivo, y cuyo informe final fue presentado en 2014 (Comverdad 2021; Espinosa Moreno Reference Espinosa Moreno2023).
En 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) creó la Oficina Especial para Investigar Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado Durante el Pasado Reciente (1969–1999). Y en 2021 fue creada por decreto presidencia la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas en México de 1965 a 1990.Footnote 1
Entre los años 2022 y 2024, en el marco de las actividades llevadas a cabo por la nueva comisión, se organizaron los “Diálogos por la Verdad, una serie de foros regionales convocados por el Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico (MEH) a lo largo del país,Footnote 2 que contaron con la presentación de 196 testimonios. Allí, el acto de narrar estuvo impulsado por la elaboración de una estrategia política y pública, orientada a alcanzar una audiencia amplia con mensajes plausibles de ser interpretados y avanzar en el proceso de construcción social de la verdad.
Como fue mencionado antes, en el contexto de implementación de este tipo de instrumentos, además del esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño para las víctimas, el derecho a la verdad se vincula con el acceso a la información, el cual corresponde a víctimas y familias, pero también a la sociedad en general, y apela a la memoria colectiva (Cuéllar Reference Cuéllar Vázquez2020; Díaz Pérez y Molina Valencia Reference Díaz Pérez and Molina Valencia2017).
En este sentido, los testimonios de sobrevivientes de la represión en México, de sus compañeros/as y familiares, construyen una fuente fundamental sobre las luchas en contexto contrainsurgente, como parte de procesos de construcción de narrativas históricas (Espinosa Moreno Reference Espinosa Moreno2023; Glockner Reference Glockner2023). Al mismo tiempo, son un ejercicio de memoria individual y social, en tanto otorgan algún sentido al pasado, y un medio de expresión creativo por parte de quienes relatan y de quienes escuchan (Jelín Reference Jelín2002).
Frente a un Estado desaparecedor, que intentó despolitizar a las disidencias y borrar las huellas de su accionar represivo contra sus enemigos internos como un acto de poder (Vicente Ovalle Reference Vicente Ovalle2017, Reference Vicente Ovalle2019, Reference Vicente Ovalle2021), los testimonios y la memoria se organizan como prácticas específicamente resistentes (Calveiro Reference Calveiro2006). Desde esta perspectiva, se busca poner en relieve la dimensión histórica de los sujetos, en tanto actores políticos del pasado y agentes críticos del presente. De forma tal que el reconocimiento de la agencia política de las víctimas se plantea como uno de los aspectos claves para la comprensión de la complejidad sociohistórica de los procesos (Calveiro Reference Calveiro, Huffschmid and Durán2012; Jelín Reference Jelín2014).
A partir de los testimonios que fueron presentados en Chiapas,Footnote 3 en el apartado siguiente describo los mismos según grupos temáticos, atendiendo a los relatos sobre las violencias padecidas, así como también a los posicionamientos de los sujetos en el presente, para luego analizar los modos en que se visibiliza la agencia política indígena. El criterio de selección de estos testimonios atiende a los fines expositivos y argumentativos del trabajo, con el objetivo de dar cuenta de la diversidad de situaciones narradas, como así también al recorte geográfico-espacial en vinculación con el foco del análisis propuesto.
Los testimonios
El Diálogo por la Verdad del Estado de Chiapas se realizó durante el mes de octubre de 2023, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, y contó con la participación de familiares, compañeros/as y víctimas de la represión estatal entre los años 1965 y 1990.
Un primer grupo de testimonios desarrolló la situación de los/as refugiados/as guatemaltecos/as en México, principalmente desde la década de 1980. Entre ellos/as, Francisco Andrés Pascual, quien huyó junto con su familia y debió asentarse de manera precaria en distintos sitios, incluyendo un campamento de refugiados, y Gilberto López quien describió la violencia militar y las masacres a causa de las que huyó de Guatemala. Tomás Miguel Gaspar, además de relatar sus dolorosas experiencias, explicó que decidió unirse a la guerrilla tras el asesinato de sus hermanos en Guatemala: “Tomé las armas por defender mi familia”. También tuvo que refugiarse en México, enfrentando graves dificultades como la falta de vivienda y la proliferación de enfermedades. Una de las particularidades en este primer grupo de testimonios fue presentada por Gustavo Raúl Zárate, quien se reconoció como ex-preso político y explicó que fue detenido de manera arbitraria por la policía judicial estatal en la ciudad de San Cristóbal (1983) debido a su labor política y social, como la colaboración con los campamentos y con el Comité Cristiano de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala. Gustavo estuvo desaparecido por varios días, fue torturado y acusado de guerrillero, de traficante y de tener información acerca de “apoyos diocesanos” para el financiamiento de armas.
Algunos de los testimonios correspondientes a este grupo, se englobaron dentro de la cuestión específica de la asistencia humanitaria a los/as refugiados, principalmente en materia de salud. Entre ellos se encuentran los de Roberto Gómez Alfaro, quien fue director del hospital de Comitán; Luis Aquino Maldonado, que trabajó en el mismo hospital entre 1982 y 1983, y Marcos Arana Cedeño quien prestó atención médica en los campamentos.
Otro de los temas presentados fue el de las luchas políticas, sociales y sindicales contra el corporativismo autoritario del PRI. Una parte de estos testimonios se enlazaron con la historia de un mismo luchador social, abogado y líder sindical conocido como “El Charras”, Efraín Calderón Lara, quien fue torturado y asesinado en 1974 en Yucatán. Al respecto, Alfredo Barrera Rubio hizo referencia al contexto a nivel nacional, destacando la represión al movimiento estudiantil de 1968, como un parteaguas en la historia de México. Mencionó la influencia internacional de eventos como el Mayo Francés y la Primavera de Praga, conectando su propia participación en la lucha social de la época como dirigente estudiantil.Footnote 4 Narró luego parte de la trayectoria de El Charras en la defensa de los derechos de los trabajadores, su búsqueda de alternativas al corporativismo de la época —mediante la organización de sindicatos independientes— y las circunstancias que llevaron a su ejecución extrajudicial. Alfredo buscó marcar una distancia con el movimiento armado, al resaltar que “no fue un guerrillero, ni un terrorista”, sino que fue un idealista que luchó para que los trabajadores tuvieran una vida digna dentro del propio sistema, con actividades “estrictamente conforme a la ley y al derecho”, pero que afectaron intereses de “empresarios capitalistas que no tenían una visión humanista”. A cincuenta años del asesinato de su compañero, él se posiciona en las luchas actuales y cuenta que desde su asociación promueven medidas de reconocimiento, así como actividades y foros de discusión sobre los movimientos populares desde los setenta hasta el presente.
Rubén Villalpando Moreno se presentó como un “sobreviviente de la Guerra Sucia en la Liga”, y narró sobre su participación en el movimiento del 68 en Tabasco, como obrero, referente sindical y estudiante.Footnote 5 Si bien las movilizaciones eran “por cosas que ahora existen”, como la búsqueda de mejores condiciones para estudiantes y trabajadores, Rubén relató las represalias que enfrentaron, incluyendo su propia detención arbitraria en dos ocasiones, la existencia de numerosos presos políticos, torturas y desapariciones forzadas. Explicó también que este régimen dictatorial, contrario a todas las libertades, fue lo que generó el desarrollo de organizaciones político-militares. Cuando todavía era muy joven, se integró en uno de esos movimientos junto con compañeros de Tabasco. Desde las montañas de Chiapas estuvieron preparándose con campesinos e indígenas tsotsiles: “Antes que Marcos y muchos otros”, recurrieron a la lucha armada porque “no había condiciones para otra cosa, cualquier protesta, cualquier lucha que hicieras era criminalizada, te torturaban, te desaparecían, te reprimían”. A la hora de dirigirse hacia los jóvenes del presente, insta a que se informen y conozcan las experiencias de su generación. Solicitó también que la Comisión intervenga en el caso, ya que hay muertos y desaparecidos que aún no han sido reconocidos y cuyos familiares también han sido amenazados.
Según Félix Maldonado Chamé, quien fue privado de la libertad en 1986, en manos de la policía estatal, su detención se debió a la lucha por el derecho a la vivienda y por su participación en un movimiento popular urbano en Colonia Las Granjas, Tuxtla Gutiérrez. Vinculó su testimonio con “la historia de los pobres en la ciudad”, quienes desde la década de 1980 generaron un movimiento por la búsqueda de un espacio para vivir. Mencionó que se relacionaban con escuelas en lucha (nombró especialmente y con gran aprecio a MactumatzáFootnote 6 ) y con sindicatos, por lo que la Colonia era un espacio de articulación entre movimientos. Aquel contexto, explicó, eran “los tiempos de las grandes coordinadoras de masas”, como la CNPA (Coordinadora Nacional Plan de Ayala) y la OCEZ (Organización Campesina Emiliano Zapata), la cual los acompañó en su proceso.Footnote 7 Durante los violentos operativos de desalojo en la Colonia por parte de las policías municipales y estatales, cuenta que sufrieron “bajas muy dolorosas hasta hoy”: José Guadalupe Hernández, Demetria García González —quien se encontraba embarazada— y Ariel Ovando Herrera. Luego también detuvieron a su dirigente Gerardo Barrios Hernández (1986), lo torturaron varios días y lo llevaron a la cárcel de Cerro Hueco. Félix fue detenido un mes más tarde junto con otro compañero y trasladados al mismo penal, donde permanecieron hasta 1988. Acerca de ello, destacó las solidaridades tejidas y las protestas que organizaron para denunciar lo distintos abusos, cuya represión condujo a la muerte de varios compañeros, interrogatorios y prácticas de encierro en condiciones deplorables.
Desmarcándose de los grupos armados, añadió que “pensaban que estábamos metidos en otros temas”, “nuestra lucha era la cuestión urbana”, y enfatizó que la misma sigue vigente. De cara al presente y al futuro, espera que este tipo de eventos sirvan también para resolver la detención de sus compañeros y para generar políticas públicas que atiendan el problema de la vivienda.
A lo largo del evento los/as integrantes del Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico buscaron articular las distintas luchas en sus reflexiones, intercalándolas con exposiciones como las de los sacerdotes Jesús Morfín y Fray Gonzalo Ituarte Verduzco, quienes abordaron la influencia de la teología de la liberación en la organización social, a través del ex-obispo Samuel Ruiz García y de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, así como también algunas de las persecuciones padecidas.
Un siguiente conjunto de testimonios incluyó el tema de las disidencias religiosas y abordó el problema de los desplazamientos forzados por motivos políticos y religiosos. Entre ellos, Ibrahim Checheb narró la historia de su abuelo Miguel Gómez Hernández, un líder evangélico tsotsil de San Juan Chamula que desafió a las autoridades locales. Por sus acciones y creencias —dada su conversión al evangelismo—, fue perseguido, torturado en la plaza pública y asesinado, lo que obligó a su familia a huir de la comunidad y establecerse en San Cristóbal de las Casas. Ibrahim también leyó un comunicado elaborado por Gaspar Morquecho, académico y analista político, que abordó las luchas de las organizaciones indígenas conformadas mayoritariamente por tsotsiles y tseltales, como el Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas (CRIACH) y la Organización de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas (ORIACH), abocadas al retorno de los/as desplazados/as, a la exigencia de un alto a la persecución política y religiosa y a la denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidas por priistas y grupos de poderes locales.
Otra serie de testimonios se enfocó en la violencia contra disidencias sexogenéricas, como narró “con su cuerpo en resistencia” la defensora de los derechos humanos María Teresa Campos Flores. Explicó que, durante los años ochenta, las mujeres lesbianas se reunían de manera clandestina en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, debido al temor a ser “identificadas”. Teresa sufrió el asesinato brutal de María Fernanda y de Gabi, sus “amigas travestis”, como las nombraba en aquella época, que fueron acribilladas en 1993, y padeció la humillación por parte de un grupo de policías que la sometieron a distintas formas de violencia física y psicológica.
Un último grupo de testimonios abarcó las acciones represivas sobre luchas campesinas, cuyos casos buscaron poner en evidencia cómo la estrategia contrainsurgente se desplegó sobre regiones rurales enteras con el objetivo de destruir las bases guerrilleras, pero también para controlar territorios y neutralizar las luchas por derechos agrarios (MEH 2024a). Entre los mismos, Manuel Pérez Sánchez, víctima de desplazamiento forzado y sobreviviente de la masacre de El Ámbar en 1986, narró acerca del suceso que se desarrolló cuando agentes de la seguridad pública atacaron con armas de grueso calibre a un grupo de campesinos del municipio de Jitotol, quienes se encontraban reunidos bajo engaño, dando lugar a “un hecho sangriento muy lamentable” que ha quedado en total impunidad. Allí elementos de la policía acompañados por el cacique Roberto Zenteno Rojas, comenzaron a disparar, sin mediar diálogo alguno, resultando de ello varios heridos, un total de ocho personas asesinadas, incluyendo un niño de doce años de edad, y personas detenidas que fueron llevadas a la cárcel distrital del Municipio de Simojovel.Footnote 8 Explicó que, ante una solicitud de ampliación del ejido realizada desde la década de 1950, los indígenas tsotsiles recibieron trabas por parte de la burocracia agraria y del “interés caciquil que todo lo puede con el dinero”.
Recién hacia 1985 renovaron su petición, “al calor de la ocupación y recuperación de predios por parte de los campesinos militantes de la CIOAC” (Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos).Footnote 9 En aquel entonces aún sentía cierta confianza respecto a la resolución de sus problemas, dadas las conquistas alcanzadas con la Marcha de la Dignidad Indígena y de campesinos militantes de la CIOAC.Footnote 10 Señaló que mantenían contacto con sus dirigentes, en particular con Sebastián Pérez Núñez, profesor de educación bilingüe y líder campesino tsotsil que participó primero en filas de la CNC (Confederación Nacional Campesina) y posteriormente en la CIOAC. Fue también militante del partido Socialista Unificado de México (PSUM), del Partido Mexicano Socialista (PMS) y diputado local ante la Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas. Sebastián fue asesinado a balazos en 1988 por el mismo “cacique” de la región. Antes de su muerte, ya había sido secuestrado y torturado con otros militantes de su partido en 1984, permaneciendo más de seis meses en la prisión de Cerro Hueco. Allí el propio gobernador Absalón Castellanos le había ofrecido su libertad inmediata a cambio de que regresara al PRI, al cual había pertenecido en la década de 1970 (París Pombo Reference París and Dolores2000). Para finalizar, Manuel denunció que hasta el momento no hubo ninguna condena para los responsables intelectuales o materiales de la masacre, a quienes caracterizó como “los actores de las barbaries”, “personas de la horca y el cuchillo, que todo lo pueden hacer con su dinero”, “para ellos no existe la ley”, “El PRI es la ley”. A casi cuarenta años de la masacre, Manuel fortaleció su voz: “no podemos callar y cruzarnos de brazos, exigimos justicia”.
Ya hacia el cierre del evento, Misael Consuegra, originario de Venustiano Carranza, se refirió de manera breve a la experiencia de las luchas ligadas a la Organización Campesina Emiliano Zapata–Casa del Pueblo (OCEZ-CP), posicionándose desde el presente para exigir justicia.Footnote 11 Ya que los espacios como El Diálogo, sostuvo, son conquistas que el pueblo ha ganado con su lucha, su esfuerzo y su organización. Señaló que los compañeros de su región denuncian las desapariciones forzadas por causas políticas de dos integrantes de la OCEZ y dedicó la lectura de un poema a los/as demás compañeros/as que a la fecha continúan desaparecidos/as.Footnote 12 Misael finalizó su intervención con el puño en alza: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Agencia política indígena
Este trabajo de visibilización y análisis de la agencia originaria en Chiapas durante la “guerra sucia”, adquiere relevancia en la consideración de varios factores. Primero, la importancia de comprender las luchas actuales por la memoria y los derechos humanos como parte de la resistencia histórica de los pueblos indígenas, en un Estado en el cual un alto porcentaje de población se autorreconoce como tal (36.7 por ciento), siendo Chiapas el segundo entre los estados mexicanos con mayor población relativa hablante de alguna lengua indígena (28.2 por ciento) y el tercero con mayor proporción en hogares indígenas (35.5 por ciento)Footnote 13 .
Segundo, la marginalización indígena que se sostiene en las representaciones de sentido común acerca de lo político. Esto repercute en el horizonte de comprensión de los procesos socio históricos de la violencia estatal y, principalmente, de la agencia indígena, cuyas esferas de acción, según concepciones hegemónicas, suelen quedar circunscriptas a la “comunidad local” y a la “tradición cultural” (Lazzari y Lenton Reference Lazzari and Lenton2019; Lenton Reference Lenton2014, Reference Lenton2018).
Los testimonios abarcan un contexto relevante para el estudio de estos procesos, dado el fortalecimiento de las organizaciones campesinas e indígenas en Chiapas hacia la década de 1970, en resonancia con el ascenso de los movimientos populares en todo el país, así como también con la emergencia de organizaciones indígenas a escala continental. Si bien la mayoría de las organizaciones campesinas históricamente contaron con bases de pueblos indígenas, no siempre expresaron de manera explícita los aspectos étnicos de sus identidades, teniendo como ejes centrales la lucha por la tierra y el control del proceso productivo. En gran medida, se desplegaron a partir de reivindicaciones comunes con el campesinado y, conforme los colectivos se fueron encontrando, algunas también marcaron una diferenciación y comenzaron a construir agendas propias (Barabás Reference Barabás1996; Bartra Reference Bartra2004, Reference Bartra2012; Bartra y Otero Reference Bartra and Otero2008; Bonfil Batalla Reference Bonfil Batalla1978; Burguete Cal y Mayor Reference Burguete, Mayor and Ana Cecilia Betancur2011; De la Peña Reference De la Peña1995, Reference De la Peña1998; Dietz Reference Dietz1995, Reference Dietz2005; González Reference González2005; Harvey Reference Harvey1990, Reference Harvey2018; Hernández-Díaz Reference Hernández-Díaz2010; Leyva Solano Reference Leyva Solano2005; López Bárcenas Reference López Bárcenas2016; Marion Singer Reference Marion Singer1987; Mejía Piñeros y Sarmiento Silva Reference Mejía, Consuelo and Sarmiento Silva1987; Sánchez Reference Sánchez1999; Sarmiento Silva Reference Sarmiento Silva1985, Reference Sarmiento Silva2024; Stavenhagen Reference Stavenhagen1997; Velasco Reference Velasco2003). Testimonios e investigaciones coinciden respecto a la relevancia del Primer Congreso Indígena realizado en Chiapas en 1974, dado su espesor organizativo, tanto antes como después de la celebración del evento, exceptuando algunos movimientos desarrollados de manera paralela y con una dinámica relativamente propia, como las experiencias de lucha y organización en Venustiano Carranza (Aubry Reference Aubry2004; García de León Reference García de León1995; Gónzalez Espona y Pólito Barrios Reference Gónzalez Esponda and Pólito Barrios1995).
La agencia campesina y originaria desplegó distintas experiencias organizativas y procesos de cohesión, en dialogo con diversos actores, como la iglesia y las agrupaciones o partidos de izquierda, y/o en el marco de articulaciones propiciadas por las coordinadoras agrarias (Acosta Chávez Reference Acosta Chávez2003; Bobrow-Strain Reference Bobrow-Strain2015; Cedillo Reference Cedillo, Herrera Calderón and Cedillo2012; González Esponda y Pólito Barrios Reference Gónzalez Esponda and Pólito Barrios1995; Harvey Reference Harvey1990, Reference Harvey2000; Legorreta Díaz Reference Legorreta Díaz2015; Leyva Solano y Ascencio Franco Reference Leyva Solano and Ascencio Franco1996; Marion Singer Reference Marion Singer1987; Mejía Piñeros y Sarmiento Silva Reference Mejía, Consuelo and Sarmiento Silva1987; Nájera Guillén Reference Nájera and Nayeli2018; Pensado y Ochoa Reference Pensado and Ochoa2018; Rus, Hernández, and Mattiace Reference Rus, Rosalva Aida and Mattiace2003; Rus et al. Reference Rus, Rus and Guzmán Bakbolom2015; Toledo Tello Reference Toledo2015), tales como la CIOAC y la CNPA, las cuales tuvieron un lugar destacado en los testimonios durante el Diálogo por la Verdad.
Estas narraciones permiten a su vez dimensionar tanto la violencia política como los procesos de articulación de los movimientos campesinos e indígenas en sus diferentes niveles (local, regional y nacional), en tanto convergencias de organizaciones, expresiones y respuestas diversas frente a la represión que se agudizó en las décadas de 1970 y 1980, con desalojos, asesinatos, masacres, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
En dicho contexto, las disidencias campesinas e indígenas de Chiapas buscaron fortalecerse en pos del sostenimiento de sus demandas, vinculadas a la lucha por la tierra, el respeto a las lenguas y formas de organización, las mejoras en las condiciones de producción y comercialización, la democratización sindical, ejidal y/o municipal, la presentación con vida de los desaparecidos, la liberación de los presos políticos y el alto a la represión ejercida por los terratenientes y “caciques”, la Confederación Nacional Campesina (CNC), el Partido Revolucionario Institucional, las fuerzas de seguridad pública, militares y grupos paraestatales (Amnesty International 1986a, 1986b, 1987; Bobrow-Strain Reference Bobrow-Strain2015; Gónzalez Esponda y Pólito Barrios Reference Gónzalez Esponda and Pólito Barrios1995, Reference Gónzalez Esponda and Pólito Barrios1996; MEH 2024a; Mejía Piñeros Reference Mejía and Consuelo1986; Mejía Piñeros y Sarmiento Silva Reference Mejía, Consuelo and Sarmiento Silva1987; Serrano Reference Serrano1998; Paniagua Reference Paniagua1983; Paris Pombo Reference París and Dolores2000; Pecker Madeo Reference Pecker Madeo2021; Rus et al. Reference Rus, Rus and Guzmán Bakbolom2015). En complemento, algunos estudios también han documentado el despliegue de organizaciones político-militares, sus cruces con las luchas indígenas —como bases de la posterior conformación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)— y la implementación de operativos de contrainsurgencia sobre las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) (Cedillo Reference Cedillo2008, Reference Cedillo, Herrera Calderón and Cedillo2012, Reference Cedillo2013; González Figueroa Reference González and Alberto2024; Gunderson Reference Gunderson2013; Harvey Reference Harvey2018; Sotelo Reference Sotelo Marbán2006).
Consideraciones finales
Durante el cierre del evento, una de las investigadoras comisionadas, Eugenia Allier Montaño, enfatizó la importancia de haber podido concretar el Diálogo por la Verdad en Chiapas, ya que algunas de las voces participantes nunca habían sido oídas en el ámbito público. En este sentido, el abordaje amplio de la violencia estatal que fue implementado, buscando contemplar todas las violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el mismo período, permitió la inclusión de narraciones acerca de diferentes tipos de luchas y disidencias (populares urbanas, gremiales, sexogenéricas, religiosas, campesinas e indígenas), así como también testimonios sobre las violencias ejercidas por “caciques” o grupos de poder, en principio locales, pero articulados a entramados más amplios del régimen del PRI. Fueron varios/as los/as que a título individual o en representación de colectivos, pusieron énfasis en la importancia de atender a las violencias e injusticias en tiempo presente y en la continuidad histórica respecto a la responsabilidad del Estado.
La agencia política se narró principalmente en vinculación con organizaciones de corte agrarista como la CNPA, la OCEZ y la CIOAC, y con partidos políticos —incluyendo estructuras priistas como la CNC—, así como también fueron mencionados procesos de cambio social impulsados por organizaciones religiosas, gremios y movimientos urbanos.
A partir de lo cual, considero relevante poner la atención sobre aquellos espacios sociales que fueron objetivos de la represión y que funcionaron como nodos de articulación o puntos de encuentro entre distintos tipos de organizaciones y movimientos, como por ejemplo Colonia las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez. En vinculación, también resulta importante focalizar en las trayectorias de líderes o referentes que fueron asesinados o detenidos de manera arbitraria y que llegaron a combinar la militancia en organizaciones campesinas disidentes, con cargos en la función pública.
La participación en grupos armados como la Liga 23 de Septiembre fue presentada en términos generales como una estrategia defensiva ante la desigualdad y el autoritarismo priísta, mientras que no hubo testimonios específicos vinculados a las FLN, entre cuyos integrantes, cabe mencionar, se encuentran varias personas desaparecidas durante la década de 1970 en Chiapas.
Respecto a la agencia política indígena durante El Diálogo, esta se visibilizó principalmente en testimonios sobre temas vinculados a las disidencias religiosas y políticas y a las luchas agrarias. Las recuperaciones de tierras fueron reivindicadas frente a las innumerables trabas burocráticas e injusticias de los caciques del PRI e integrantes de la CNC. Algunas de las acciones realizadas por indígenas tsotsiles, se enmarcaron en procesos de ocupación de predios agrupados por la CIOAC y en la Marcha de la Dignidad Indígena de 1983.
Si bien los relatos se concentraron en las décadas de 1970 y 1980, la mención de algunas experiencias amplía este horizonte temporal, en particular las luchas de indígenas tsotsiles en Jitotol desde la década de 1950 —cuya represión derivó en la masacre de El Ámbar— y la organización Casa del Pueblo en Venustiano Carranza, la cual fue fundada por la Comunidad Indígena Tzotzil Bienes Comunales hacia 1965, como parte de un proceso de recuperación de tierras de larga data.
Estos testimonios expresan, dan visibilidad y continuidad a las demandas de derechos y a formas de agencia política indígenas. Además de tsotsiles en lucha por la tierra de la región Centro y Norte, también tseltales y tsotsiles estuvieron presentes en relatos sobre expulsiones y organizaciones de desplazados/as en Los Altos, mientras que la presencia tojolabal se encuentra implícita, como parte del movimiento campesino que tomó también fuerza, por ejemplo, en zonas de influencia de la CIOAC.
Entre los innumerables sucesos de violencia, algunas de las violaciones graves de derechos humanos que se encuentran ausentes en las narraciones, pueden hallarse sistematizadas en los informes finales Fue el Estado y Verdades innegables, elaborados por el Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico (MEH 2024a, 2024b), como la represión sobre indígenas tsotsiles, tseltales, choles y zoques en la región Norte y los desplazamientos forzados, ejecuciones y detenciones arbitrarias vinculadas a la construcción de proyectos de desarrollo. Al mismo tiempo, considero que este arduo trabajo en materia de memoria, verdad y justicia, debe continuar siendo complementado con nuevos testimonios y estudios sobre las diversas luchas y procesos organizativos que refuercen la visibilización de la agencia originaria dentro del mismo período.
Desde el Primer Congreso Indígena celebrado en Chiapas, en el que participaron más de 1200 delegados tseltales, tsotsiles, choles y tojolabales, las proyecciones políticas campesinas e indígenas han sido tan prolíferas como porosas y cambiantes. Por lo que la investigación acerca de los espacios que habilitaron los distintos procesos de autorreconocimiento e impulsaron la creación de nuevos lazos, así como la violencia asociada en contexto contrainsurgente, constituyen líneas para continuar indagando.
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