Tierra y territorio

La comprensión de nuestro entorno espacial debe ir más allá de las consideraciones de tenencia, propiedad, uso, ocupación y explotación. Lo anterior quiere decir que nuestra relación con el entorno espacial también involucra estructuras simbólicas y emocionales, relaciones de poder y configuraciones sociales, las cuales dan como resultado distintos arreglos espaciales.

Es así como el ordenamiento espacial no es solo un fenómeno físico (sobre la tierra); también es cultural, ideológico, emocional, político y social (sobre el territorio) (Sánchez-Ayala Reference Sánchez-Ayala2020). En este contexto, los reclamos territoriales de las comunidades no pueden tomarse simplemente como una cuestión de propiedad o de ocupación, uso o explotación de la tierra. La distinción entre tierras y reclamos territoriales es esencial. Un reclamo sobre la tierra implica cuestiones de ubicación, composición del suelo o terreno relacionado con los cultivos. La palabra tierra se ha entendido como la superficie del planeta Tierra; un área de terreno, especialmente de un tipo particular o utilizada para un propósito particular; y el área de terreno que posee alguien, en términos de una propiedad que se puede comprar o vender (Sánchez-Ayala Reference Sánchez-Ayala2020, 151). Por tanto, tierra es un término más desde lo material y utilitario. Una lógica de ordenamiento que solo contemple esas perspectivas es, por tanto, una lógica en donde lo primordial es el uso y explotación de la tierra.

Por el contrario, como argumenta Offen (Reference Offen2003, 47), un reclamo territorial es diferente, ya que exige una alteración de las reglas. Los reclamos territoriales no son simplemente un reclamo de tierras en una lógica utilitaria. Las reivindicaciones territoriales tienen que ver con el poder, una afirmación de identidad, autonomía y una medida de control (Offen Reference Offen2003). Al fin y al cabo, como afirma Gutiérrez (Reference Gutiérrez2012, 169), “la territorialidad es una expresión geográfica de poder social que, por un lado, implica procesos complejos que surgen dentro de contextos socio-históricos específicos y, por otro lado, establece relaciones no neutrales con el territorio, esto es, interacciones, movimientos o bien contactos que transmiten información para poder influenciar a otros en un lugar específico”. Es así como, desde el territorio, y desde los procesos de territorialización que los construyen, surgen estrategias de control, es decir, prácticas que determinan acceso y/o exclusión (Coronado y Dietz Reference Coronado and Dietz2013, 100). En este sentido, el territorio es una estrategia, tanto física como simbólica, para satisfacer las necesidades de los grupos sociales. Esta comprensión del territorio, tal como nos recuerdan López et al. (Reference López, Robertsdotter and Paredes2017, 53), ha sido fundamental para las luchas por los derechos de los pueblos indígenas y afrolatinoamericanos.

Los procesos de territorialización posicionan la territorialidad como una actividad y los territorios como los productos de prácticas y procesos sociales (Delaney Reference Delaney2005, 15). Por tanto, el territorio, tal y como nos recuerda Jöel Bonnemaison (Reference Bonnemaison1981, 249), puede ser entendido como un lugar en el cual el sujeto y la comunidad arraigan y afirman sus valores, pudiendo de esta manera hablar de un proceso de territorialidad. Es así como la lógica espacial comunitaria es un ordenamiento territorial, pero donde el término territorio refleja lo socioespacial, y no solo lo físico y utilitario. Tal como lo expresa Gutiérrez (Reference Gutiérrez2012, 169), para producir un espacio social se requieren estrategias territoriales específicas, o bien una territorialidad, que son desarrolladas y ejercidas por actores que activamente domina, mantiene y transforma un espacio social. El territorio, entonces, es una forma de apropiación social del espacio entrelazada con relaciones de poder. En consecuencia, territorio se refiere a la creación de lugares específicos, en los cuales se encuentran, producen y reproducen simbolismos, formas de control y ordenamiento, así como identidades. El territorio, por tanto, es un elemento fundamental para nuestra organización, tanto espacial como social.

A su vez, las derivaciones del término territorio describen prácticas espaciales que trastocan el control y la apropiación, incluyendo los resultados del desarraigo territorial o la desarticulación, y los procesos de reapropiación territorial (López et al. Reference López, Robertsdotter and Paredes2017). Es decir, que el territorio puede desterritorializarse y reterritorializarse (Sánchez-Ayala y Arango-López Reference Sánchez-Ayala and Arango-López2015). En este contexto, desterritorializar es cambiar una estructura por otra. Es decir, el desarraigo del territorio, así afectando los apegos y significados que las personas han dado a ese lugar. En consecuencia, desterritorializar significa la sustitución de las cargas emocionales, apegos y significados por los propios de los que pasan a habitar y/o controlar el territorio que ha sido desterritorializado.

Por otra parte, la reterritorialización es un proceso de resignificación. Esa resignificación puede darse por la reapropiación a ciertos lugares desterritorializados. López Levi y Figueroa Díaz (Reference López Levi and Figueroa Díaz2013) describen la reterritorialización como un mecanismo lleva en sí la recuperación y la dinámica territorial. Por tanto, la reterritorialización genera resignificaciones identitarias y nuevas formas de apropiación del entorno. En ese sentido, se dan y surgen nuevos significados resultantes de nuevas o diferentes percepciones, normas, aspiraciones, perjuicios, etcétera. De este proceso de reterritorialización, por tanto, surgen nuevos ordenamientos y arreglos sobre el territorio que hacen tangible y visible esta reapropiación. Reterritorializar puede ser entonces tanto un traslado espacial como un proceso de encontrar nuevamente nuestra posición en la sociedad en la que uno está presente.

La percepción territorial comunitaria contrasta con la lógica estatal e institucional (materializada mediante los POT y los PDET). En esa visión estatal e institucional lo central es el desarrollo socioeconómico, visto a través de proyectos de infraestructura y programas agropecuarios a gran escala. Es decir, una lógica que se enfoca en el uso y explotación agroindustrial de la tierra. Desde esta lógica, según argumenta García (Reference García2017, 142), el territorio pasa a ser un factor de capital y se convierte en esa existencia llamada “tierra”, incrustada en relaciones económicas y de producción. Cuando esta lógica estatal (de tierra) se impone, las personas y grupos son forzadas a romper su vínculo interno con el lugar (territorio), así fracturando la identidad construida entre los individuos y su entorno. Es en este punto donde se produce así una suerte de desterritorialización. Es decir, la confrontación de estas dos lógicas espaciales (territorio versus tierra).

Diferentes formas de organización espacial: Tierra versus territorio

Los POT son instrumentos para orientar y administrar el desarrollo integral, y establecer y ejecutar acciones político-administrativas y de planificación. Por su parte, los PDET son instrumentos de planificación y gestión que tienen como objetivo implementar de manera articulada los planes y programas del Estado en los territorios más afectados por el conflicto armado. Ambos casos representan instrumentos estatales de ordenamiento socioespacial, diseñados y articulados según las aspiraciones de desarrollo trazadas por las diferentes entidades gubernamentales. Sin embargo, la lógica espacial de estos instrumentos se basa en aspectos de ubicación, composición, uso, ocupación, y explotación que se le puede dar al entorno. Es decir, un enfoque que parte desde la materialidad y lo utilitario, por lo tanto, un asunto de tierra. Recordemos que tierra es definida como la superficie terrestre; suelo; una extensión de terreno, especialmente de un tipo particular o utilizada para un propósito específico; o la extensión de terreno que alguien posee, en términos de una propiedad que puede comprarse o venderse.

Por el contrario, las lógicas socio-espaciales de las comunidades no pueden considerarse simplemente como solo una cuestión de ubicación, composición, uso, ocupación y explotación de la tierra. Tal como lo discutimos anteriormente, la relación con el entorno espacial también involucra estructuras simbólicas y emocionales, relaciones de poder y configuraciones sociales. Por tanto, la distinción entre una perspectiva de ordenamiento de la tierra, frente a reivindicaciones territoriales, es esencial.

En el caso de San Cristóbal, estos instrumentos estatales, como el POT y el PDET, han traído consigo cierta incidencia en la territorialidad, tal y como ha sido concebida y construida por la comunidad. Una territorialidad que ha sido un eje central para el desarrollo de la vida, la permanencia y la preservación de una cultura-sociedad.

En el caso del POT, para el territorio del Eladio Ariza, este instrumento determinó la composición de las áreas rurales ligadas a lo agrícola, agroindustrial y ganadero. También, definió una zonificación ambiental del territorio, destacando las áreas para la conservación y productivas. En otras palabras, el POT, con una zonificación que determina usos específicos del suelo, determina lo que se puede hacer (y lo que no) dentro del territorio. Lo que para los pobladores de San Cristóbal puede representar restricciones y prohibiciones para sus prácticas y proyecto de vida, ya que lo contemplado en el POT no necesariamente coincide con las formas de organización (social y física) territorial comunitaria.

Es importante destacar que el momento en que fueron desarrolladas estas políticas de ordenamiento para el territorio donde se encuentra el Consejo Comunitario Eladio Ariza, el conflicto armado se encontraba en el momento más álgido de la subregión de los Montes de María. Esto por su parte, definía una política de ordenamiento en un territorio que se encontraba en disputa por los diferentes grupos armados que se encontraban en la zona, y por una comunidad que resistía su permanencia en el territorio. El imaginario de este espacio para el Estado se encontraba asociado a un espacio con potencial al desarrollo económico basado en la agroindustria. De esta manera, la lógica de ordenamiento espacial del Estado se ve “confrontada” con la lógica territorial de la comunidad.

Esa confrontación se ve evidenciada en la división que los POT han dispuesto al territorio. En ese sentido, las zonas altas son consideradas de uso colectivo del Consejo Comunitario Eladio Ariza, las cuales se destacan por ser clasificadas como áreas de protección y de conservación, por ser espacios de susceptibilidad ambiental. Por su parte, las zonas bajas, reconocidas también por la comunidad como áreas planas, se clasifican como espacios de aprovechamiento agrícola y, en menor medida, ganaderos (Figura 2).

Figura 2.

Figuras de ordenamiento territorial alrededor del Consejo Comunitario Eladio Ariza según POT de María la Baja y EOT de San Jacinto. Fuentes: SIGOT: Límites administrativos, cuerpos de agua y vías; SVG: Colombia, Sucre y Bolívar, 2015; ESRI-IGAC-AQUÍ-WFS ICAC 2021; Zonas de conservación OTEC: Ubicación de casos, 2016; Zonificación POT María la Baja, San Jacinto; Fecha: 16/02/2021

Sin embargo, para el Estado las zonas bajas cuentan con capacidades agrícolas y agroindustriales, por lo que destaca la importancia de esas tierras para el modelo de consolidación productiva (expansión agroindustrial). Esta es una de las tensiones territoriales más relevantes para la comunidad del Eladio Ariza, ya que han visto cómo esa priorización de la agroindustria en el POT se ha materializado en la introducción de la palma de aceite en la zona. Una tensión ya que el POT, bajo su lógica de ordenamiento que favorece la agroindustria, impone formas de organización en abierta contradicción con las formas espaciales y de apropiación territorial preexistentes en las comunidades. Por ejemplo, la vocación agrícola en San Cristóbal gira alrededor del cultivo de maíz, ñame, yuca y arroz. La yuca y el ñame son de consumo cotidiano y al mismo tiempo circulaban en un mercado intermunicipal de manera fluctuante. Los cultivos se establecen por núcleos familiares y algunos son de carácter comunitario, lo cual se evidencia en la forma de redistribuir y compartir lo cultivado entre sus propios habitantes. Según los habitantes del Consejo Comunitario, la presencia de la palma ha afectado no solo sus espacios y opciones de cultivo, sino que además ha cambiado las condiciones de trabajo comunitario y la relación con la propiedad de la tierra. En ese sentido, la imposición de prácticas agroindustriales por parte del POT no solo cambia la tradición agrícola, sino que va más profundo al forzar cambios en las lógicas cotidianas, como lo son la alimentación (al imposibilitar el cultivo de sus productos tradicionales por la ocupación de las tierras en la agroindustria), y las prácticas comunitarias (al debilitar las redes de cooperación y uso colectivo de las tierras).

En este sentido, es evidente cómo para la comunidad la producción extensiva de palma de aceite (impulsada por las lógicas de ordenamiento estatal) ha representado una disrupción en su territorio y en sus proyectos de vida, como se evidencia en el testimonio de uno de los líderes comunitarios:

Esta percepción se sustenta a través de las tierras colectivas otrora utilizadas para actividades agropecuarias a pequeña escala y de recreación de la comunidad, y que se han “perdido” por encontrarse dentro de las grandes extensiones de tierra que hoy se encuentran cultivadas de palma.

Por otro lado, los habitantes del Consejo Comunitario perciben un “avance” de la palma (como se refieren los pobladores de San Cristóbal) que ha significado cierta manipulación de límites y linderos. Tal manipulación ha incidido en la reducción de los espacios de circulación cotidiana de los habitantes. Existen caminos comunes que sirven como vías de acceso conocidos como “mangas” por donde ya no se puede transitar (Figura 3). Por allí “ya no está permitido caminar por que ya es parte de terceros”, expresa Víctor Castellar, señalando con las manos los caminos obstruidos por la palma. Las calzadas, que igualmente son vías de acceso, conocidas como caminos reales o tradicionales, son cada vez más estrechas. Esto ha significado que la comunidad se vea enfrentada a la llegada de la palma de forma tangible y concreta, donde su forma de ocupar su territorio se ve trastocada, al verse afectado el cómo y por donde se desplazan diariamente. En ese sentido, la lógica espacial que acompaña el POT es entendida por los habitantes de San Cristóbal como una superposición a sus formas de organización territorial.

Figura 3.

Cierre de caminos ancestrales por terceros. Foto por los autores.

Por otro lado, para los habitantes de san Cristóbal, la organización territorial contemplada en el POT también ignora las formas espaciales y de apropiación del espacio preexistentes, ya que las actividades agroindustriales que incentiva han provocado que los lugares que se consideraban y entendían como comunales han ido desapareciendo. En ese sentido, los habitantes han observado como los cultivos de palma han llegado hasta el perímetro inmediato de la represa de Matuya (Figura 4). La represa es el abastecimiento de aguas de la comunidad y al mismo tiempo es usada para la pesca. Además de ello, es necesario navegar por medio de ésta con el fin de llegar hasta la cabecera central de San Cristóbal. Por tanto, la represa cumple varias funciones, siendo por una parte abastecimiento de agua y alimentación, y al mismo tiempo como vía de comunicación.

Figura 4.

Palma de aceite creciendo en la orilla de la Represa de Matuya. Foto por los autores.

Al respecto, uno de los habitantes de San Cristóbal señalaba que todo el sector de la represa es de índole público, les pertenece a todos de forma colectiva, y por el contrario varios palmicultores están colocando un cerco de alambres electrificados que “no deja pasar ni los coches con caballos para acá arriba”. Esta problemática se evidencia en el testimonio de otro de los pobladores de San Cristóbal cuando comenta:

Las condiciones antes descritas representan un dilema sobre la estabilidad de las vidas, la identidad y las tradiciones de los habitantes de San Cristóbal. Para ellos la palma no sólo está evidenciando el riesgo de la pérdida de tierra en su sentido físico, sino que además está desencadenando una situación de confinamiento percibida como hostigamiento. Por tanto, tal hostigamiento se entiende como una amenaza a la relación que los habitantes tienen con su territorio, y, por tanto, los significados que este espacio representa para ellos históricamente. En concreto, las actividades agroindustriales que han llegado como parte de las políticas estales, y que son vistas por la comunidad como el “hostigamiento de la palma”, no solo representa una manera distinta de organizar esas zonas, también implica un desarraigo forzado de las personas con su territorio. Autores como Coronado y Dietz (Reference Coronado and Dietz2013) se refieren a escenarios como el que se experimenta en San Cristóbal como proceso de “territorialización”. En su perspectiva, la transformación de territorios campesinos, indígenas y afrocolombianos en función de una agroindustria capitalista puede ser entendida y analizada como territorialización (Coronado y Dietz Reference Coronado and Dietz2013, 100). A fin de cuentas, la desterritorialización es comúnmente el resultado de imposiciones generadas por actores de poder, que fuerzan las relaciones que la sociedad genera con su territorio (Mansilla e Imilán Reference Mansilla Quiñones and Imilán2018, 246). Por tanto, más que un instrumento de ordenamiento, el POT se percibe como un elemento que podría causar el trastoque de un proyecto de vida, de una identidad, que está íntimamente ligada a un espacio en particular; al territorio de San Cristóbal.

La producción extensiva de palma de aceite también ha traído consigo presiones económicas por la tierra, especialmente en la venta y arrendamiento de parcelas. Los predios que hoy hacen parte de la comunidad están sembrados en palma, ya que sus propietarios han visto la necesidad de vender o arrendarlos a las empresas productoras de palma. Ante esta situación los pobladores exponen los retos de la planificación de afuera hacía adentro:

Para el consejo comunitario, los planes de ordenamiento priorizaron lo productivo, basándose en la palma de aceite, así validando formas ajenas de planificación. Asimismo, potenció la ocupación irregular de las zonas que quedaron susceptibles o abandonadas por el conflicto armado. En muchos casos la palma de aceite contó con apoyo y recursos directamente del Estado, por medio del Ministerio de Agricultura, favoreciendo la inversión local de las élites en este modelo productivo. Esta situación tuvo impactos importantes en los ámbitos sociales, organizativos y ecológicos de la subregión de los Montes de María (Ávila González Reference Ávila and Estefanía2015), así como en el Consejo Comunitario Eladio Ariza, por el confinamiento de su territorio y los cambios en la estructura ecológica de los ecosistemas que allí habitan, tal como lo expresa un habitante de San Cristóbal:

Es así que el POT tiene influencia en el territorio del Consejo Comunitario Eladio Ariza por el “grado y nivel en que los instrumentos de ordenamiento y planificación institucional contribuyen a la protección del medio ambiente” (Ruiz et al., Reference Beltrán, Adriana and Helo Molina2018, 47), como una herramienta que posibilita el manejo de su territorio y de los espacios aledaños. Más allá de comprender la manera en que se planifica un espacio local o regional, es importante percibir los aportes de la geografía sobre el espacio, lo que permiten identificar más allá del espacio biofísico, para valorar lo social que determina la forma en que se comprende el espacio y las relaciones que se construyen en este (Zoido Reference Zoido1998). Es por esto por lo que los planes de ordenamiento territorial para la comunidad son percibidos como disruptivos en su territorio.

Otros ejemplos que evidencian cómo las lógicas de ordenamiento contenidas en el POT “confrontan” con la lógica territorial de la comunidad tienen que ver con las dinámicas socioespaciales. En el Consejo Comunitario Eladio Ariza se han limitado las relaciones sociales que se enmarcan en costumbres y tradiciones de las formas de uso del espacio, como, por ejemplo, la delimitación de las zonas de bosque, que no son aptas para la agricultura; las reglas sobre la práctica de pesca y caza (talla, calendario, herramientas), entre otras. Es así como la construcción de la visión territorial y el proyecto de vida de lo que significa el territorio para la comunidad del Eladio Ariza se ha visto afectada. Un escenario que ha causado vulnerabilidad en los procesos de defensa y autonomía territorial, como lo son sus reclamos de titulación colectiva y de restitución de derechos territoriales, los cuales actualmente adelanta la comunidad.

En el caso del PDET, inicialmente se recibieron con entusiasmo en los territorios rurales por entenderse como una forma distinta por parte del estado para abordar el ordenamiento territorial. Ese entusiasmo se basaba en que los PDET debían involucrar la perspectiva étnica del país, incorporando la visión propia de las comunidades en la construcción e implementación de los programas que lo componen (Rodríguez Iglesias Reference Rodríguez and Isabel2018; Santos-Caicedo Reference Santos-Caicedo2016), de manera que incluía una nueva visión para dialogar con una visión campesina, pues era la primera vez que un programa de desarrollo tenía en cuenta las percepciones territoriales diferenciales de las comunidades negras (Madridejos Ornilla and Salinas Coy Reference Madridejos Ornilla and Salinas Coy2018). Sin embargo, el entusiasmo se fue disipando en la medida en que durante la implementación de los PDET no se materializó tal concepción territorial comunitaria.

Aunque la visión territorial de las comunidades étnicas fue incluida, esto no significó un cambió en el modelo de ordenamiento espacial (la lógica de tierras) y económico. La articulación Estatal para la construcción de los PDET significó un fuerte y amplio trabajo interinstitucional, del mismo modo para las comunidades rurales, campesinas, negras e indígenas, los sectores sociales y privados, quienes debieron dialogar y encontrar puntos en común en la búsqueda de una herramienta de planificación integral. Ese era el gran reto de los PDET, cómo poner a dialogar las visiones de comunidades rurales, con sentires, reclamos y aportes de años de olvido estatal, con un país con diversidad y particularidad territorial.

Para la comunidad del Consejo Comunitario de Eladio Ariza, los PDET fueron una oportunidad para mostrar y demostrar las necesidades de un territorio marcado por el conflicto armado, el desplazamiento forzado y las injusticias sociales, asimismo, permitía encontrar en conjunto con el Estado y los actores locales las posibles soluciones a dichos problemas territoriales. A pesar de que los PDET, como herramientas de planificación, tienen una percepción diferencial de la población rural, en su implementación, tales principios quedaron relegados frente a la visión estatal del desarrollo agroindustrial.

En consecuencia, en la actualmente los PDET han “invisibilizado” la perspectiva territorial, organizativa y la cosmovisión de comunidades negras. A pesar de que dichos aspectos fueron determinantes en los espacios de participación veredales y municipales, no se han visto reflejados en propuestas específicas o acciones que permitieran reconocer y dar resolución a los conflictos que ya existían entre los actores (comunidad, agroindustriales, planeación municipal —POT—) y sus respectivas lógicas espaciales y modelos económicos.

Lo anterior es problemático ya que disminuye la poca confianza de las comunidades con el Estado, imposibilita la relación entre la institucionalidad moderna y las comunidades, y mantiene la incertidumbre territorial en medio de una “esperanza” que día a día va decayendo. De esta manera lo expresa un funcionario de una ONG que ha tenido presencia en los Montes de María por más de veinticinco años:

En este testimonio, este funcionario demuestra que los PDET no cambiaron de fondo la lógica espacial del Estado que se veía reflejada en los POT. Es decir, que la visión sigue siendo la misma, un asunto de tierras y utilitario, donde lo central es la forma de uso y explotación de la tierra, así dejando de lado lo territorial. Por tanto, los PDET replican la “confrontación” con la lógica territorial comunitaria. Una “confrontación” en cuanto a la visión de las comunidades negras, basadas en el bienestar, el buen vivir y el uso colectivo del territorio, la cual no concuerda con los modelos de uso de la tierra, la priorización de negocios agroindustriales y la llegada de nuevos actores ilegales a la subregión. Escenarios como este sustentan los argumentos de autores como Coronado y Dietz (Reference Coronado and Dietz2013, 111), cuando mencionan que

En consecuencia, la participación de las comunidades locales en los PDET se consideró simbólica, donde se proponen unas iniciativas, pero éstas no son tenidas en cuenta en la formulación final. De la misma manera, en las iniciativas presentadas por las comunidades se modifican, así excluyendo las percepciones comunitarias (Arnstein Reference Arnstein1969; Vélez Zapata Reference Vélez2019). Sobre este particular el representante del consejo comunitario expresa:

De esta manera los PDET no han sido la salida para estas comunidades obtener los derechos por los que han luchado desde varias décadas atrás. Mejorar sus condiciones de vida para la comunidad, sino que se sigue impactando el territorio y la territorialidad de la comunidad del Eladio Ariza. Por tanto, reiteramos que las herramientas de ordenamiento y planificación “territorial” impulsan la desterritorialización de las comunidades rurales, y no afianzan el proceso organizativo y de apropiación comunitario. Así causando reconfiguraciones a las condiciones del territorio que generan desarraigos o desapegos del espacio que ha sido construido socialmente (Sánchez Ayala y Arango López Reference Sánchez-Ayala and Arango-López2015). Para el Consejo Comunitario Eladio Ariza la desterritorialización tiene influencia negativa y consecuencias en la visión diferenciada de territorio y territorialidad. Por lo que se confronta la visión propia territorial con el modelo económico, productivo y social imperante, alejándolo de la idea del buen vivir de este grupo étnico.

Consideraciones finales

La organización del territorio es un tema que ha desatado profundos debates en América Latina. Parte de la discusión se ha centrado en los alcances e implicaciones que rodean las diferentes formas de organizar y planificar el espacio. Estos debates se tornan álgidos cuando las formas de organización estatales entran en contradicción con las territorialidades locales y comunitarias. En este sentido, las formas de ordenamiento estatal no solo se imponen, sino que generalmente desconocen las formas espaciales y de apropiación del espacio preexistentes en las comunidades locales.

Es precisamente en estas contradicciones donde se evidencian distintas lógicas espaciales confrontadas. El Estado y su institucionalidad buscan ordenar el espacio bajo una lógica de desarrollo socioeconómico, entendiendo el espacio como un asunto de tierras, según su potencial uso y explotación. Mientras tanto, para las comunidades, la comprensión del espacio va más allá del simple ordenamiento del suelo. Se basa en la conexión con sus medios de vida, sus prácticas culturales y sus actividades cotidianas, siendo así un asunto de territorio. Para las comunidades locales, por tanto, el ordenamiento estatal no puede partir solo desde una perspectiva del uso, ocupación y explotación de la tierra, ya que para ellos el territorio es una amalgama de diversos factores físicos, sociales y emocionales que confluyen en lugares socialmente construidos.

El caso de la comunidad de San Cristóbal, y de manera específica del Consejo Comunitario Eladio Ariza, es un claro ejemplo de cómo las formas de organización estatal entran en conflicto con las territorialidades locales. Más importante aún, la experiencia muestra la centralidad de la base conceptual que informa estas formas de organización espacial. La perspectiva estatal de ordenamiento se enfoca en la ubicación, uso y explotación de la tierra, mientras que la perspectiva comunitaria parte del entendimiento del territorio como un lugar que expresa significados y experiencias, en los cuales se encuentran, producen y reproducen simbolismos, formas de control y ordenamiento, así como identidades. Por tanto, la comunidad busca construir un proyecto de vida digna basado en el bienestar colectivo, la sostenibilidad ambiental, la autonomía y el derecho propio. Estas aspiraciones se ven amenazadas por los procesos de planificación y ordenamiento estatales centralizados que privilegian formas socioespaciales que distan en gran medida a las de las comunidades.

Las tensiones que se evidencian en los Montes de María forman parte de un patrón regional donde distintas lógicas espaciales están en confrontación. Por un lado, los Estados y actores corporativos promueven proyectos de desarrollo que, aunque presentados como oportunidades de progreso, terminan reproduciendo dinámicas de desterritorialización. Mientras que, por otro lado, las comunidades reclaman sus derechos territoriales frente a la imposición del modelo estatal.

El caso del Tren Maya en el sureste de México es paradigmático. Hernández Castillo y Cruz Rueda (Reference Hernández, Aída and Cruz Rueda2021) y Bertram y Martínez (Reference Bertram and Martínez2024) describen cómo este megaproyecto es también un instrumento de reordenamiento territorial con desproporcionados efectos sociales en los grupos indígenas marginados. En este contexto, la lógica de ordenamiento espacial estatal ha provocado procesos de desterritorialización que atentan contra la vida de los pueblos indígenas y contra la reproducción de sus culturas (Castillo et al., Reference Hernández, Aída and Cruz Rueda2021).

De manera paralela, en La Guajira colombiana, Roa-García et al. (Reference Roa-García, del Val, Lagrève and Manuela Amaya Morales2025) documentan cómo el avance del extractivismo carbonífero ha despojado no solo de tierras, sino también de voces a las comunidades indígenas y afrodescendientes. La desterritorialización se convierte en una consecuencia directa de las actividades extractivas, las cuales forman parte de la lógica estatal de uso y explotación de la tierra en esas zonas (el estado otorga las licencias mineras). Es así, por tanto, que el borramiento de la singularidad territorial revela el carácter totalitario de estos proyectos extractivos (Roa-García et al. Reference Roa-García, del Val, Lagrève and Manuela Amaya Morales2025, 101). Lo que ocurre en los Montes de María comparte esta lógica, donde las actividades agroindustriales que han llegado como parte de las políticas estales, y que son vistas por la comunidad como el “hostigamiento de la palma”, no solo representa una manera distinta de organizar esas zonas, también implica un desarraigo forzado de las personas con su territorio; una desterritorialización.

Una situación análoga se presenta en Brasil con la expansión del monocultivo de caña de azúcar en la región de la Nova Alta Paulista. Marques Roma y Borges Guimarães (Reference Marques Roma and Guimarães2018) describen cómo la expansión del capital agroindustrial ha impuesto nuevas lógicas socioespaciales, conduciendo a la precarización de la vida rural, una subordinación de la renta de la tierra a la acumulación de capital, y a la degradación de los ecosistemas locales. Por tanto, la lógica espacial estatal en esta zona de Brasil se ha traducido en la apropiación y control de una fracción del espacio en forma de territorio (Marques Roma y Borges Guimarães Reference Marques Roma and Guimarães2018, 105). Este proceso de desterritorialización tiene resonancia en los Montes de María, donde la expansión de modelos agroindustriales impone dinámicas de desarrollo que chocan con las formas de vida comunitarias.

De igual modo, en Perú, Ruiz Molleda y Gavancho León (Reference Ruiz, Carlos and León2022) describen cómo el aparato jurídico-estatal, lejos de proteger los derechos territoriales de las comunidades indígenas, facilita el despojo y la desterritorialización mediante mecanismos como la “cesión de uso”, que convierte los territorios ancestrales en bienes susceptibles de explotación por terceros. Es así como en Perú la visión de ordenamiento espacial estatal está en abierta confrontación con la territorialidad de las comunidades locales. La evidencia más contúndete de esa confrontación es que en ese país latinoamericano existe un andamiaje institucional que permite, tolera y facilita el despojo de tierras de las comunidades campesinas y de pueblos indígenas, al privar del derecho a la propiedad y posesión plena de los territorios que dichas comunidades han ocupado tradicionalmente (Ruiz Molleda y Gavancho León Reference Ruiz, Carlos and León2022, 123). Este patrón legalista de despojo tiene paralelos en Colombia, donde los procesos de planificación a través de instrumentos como los POT y los PDET han sido a menudo diseñados sin una participación comunitaria, ignorando las perspectivas territoriales locales, y hasta en perjuicio del bienestar y derechos territoriales de las comunidades locales.

Por último, Hidalgo-Bastidas et al. (Reference Hidalgo-Bastidas, Boelens and Isch2018) ofrecen otra perspectiva crítica sobre los procesos de territorialización en Ecuador, señalando que los megaproyectos hidráulicos reconfiguran territorios de forma material y simbólica. Estos proyectos no solo imponen nuevas infraestructuras, sino que también alteran las formas de vida, las memorias y las identidades territoriales. Según estos autores, la construcción de esas represas no es sólo una lucha por recursos, sino también una batalla por control y autoridad, donde las nociones territoriales promovidas por actores más vulnerables tienden a ser ignoradas (Hidalgo-Bastidas et al. Reference Hidalgo-Bastidas, Boelens and Isch2018, 529). Esta visión invita a comprender el territorio del Consejo Comunitario Eladio Ariza más allá del espacio físico; entenderlo como un tejido de relaciones sociales, históricas y culturales que configuran la vida comunitaria.

En suma, esta investigación no solo revela la confrontación de diversas formas de organización socioespacial, sino que también demuestra que un territorio es más que solo tierra; también comprende significados sociales, vínculos y percepciones. Por tanto, las representaciones territoriales abarcan tanto la dimensión material como la ideal del territorio. En otras palabras, experiencias cotidianas vividas y significativas, que incluyen actividades rutinarias, interacciones sociales, usos del espacio, ocupación y organización, y otras prácticas cotidianas (Anthias Reference Anthias2018). La producción de territorio, por lo tanto, no se reduce a una práctica exclusiva ni a una sola idea.

Así mismo, los hallazgos de esta investigación reafirman la urgencia de adoptar enfoques de ordenamiento y planificación espacial que reconozcan y respeten la diversidad de territorialidades presentes en América Latina, particularmente en regiones como los Montes de María (habitadas por comunidades históricamente marginadas). La lógica espacial estatal no puede reducirse a una cuestión técnica sobre el uso del suelo; debe entenderse como un proceso profundamente político y cultural, donde se disputan significados, derechos y futuros posibles.

Es imprescindible fortalecer los mecanismos de participación efectiva de las comunidades locales en la toma de decisiones sobre sus territorios. Los marcos normativos existentes, como la Ley 70 de 1993 en Colombia, ofrecen un punto de partida, pero requieren de voluntad política e institucional para ser implementados en plenitud. Los instrumentos de ordenamiento y planificación espacial deben ser vistos como oportunidades para construir justicia territorial y reparación histórica para pueblos que han sido sistemáticamente excluidos.

Por último, los retos territoriales en los Montes de María, y en América Latina en general, exigen la construcción de espacios de diálogo intercultural donde las diferentes lógicas espaciales puedan articularse en clave del pluralismo, la justicia social y ambiental. Solo así se podrá avanzar hacia el reconocimiento, conciliación y coexistencia de las diferentes formas de organizar y planificar el espacio, donde se priorice el intercambio de saberes en pro del bienestar colectivo, y la sostenibilidad ambiental, garantizando la permanencia diversos proyectos de vida y sus territorialidades.