Chile ha puesto en vigor internacional su primer memorando de entendimiento (convenio bilateral) con los Estados Unidos (EE.UU.) para imponer restricciones a la importación de materiales arqueológicos, un avance significativo en el control del comercio de bienes culturales y en hacerse cargo de las implicaciones éticas y étnicas asociadas (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 2020). Hace unos 25 años atrás, este tipo de acuerdos no era prioritario ni, explícitamente, formaba parte de los textos de acuerdo entre EE.UU. y los países de América. En la primavera de 1995, el entonces embajador de dicho país en Chile, Gabriel Guerra-Mondragón (Reference Guerra-Mondragón2010), originario de Puerto Rico, promovía en la Universidad de Tarapacá, en Arica, Chile, la importancia de la incorporación de Chile y la región en general, al North American Free Trade Agreement (NAFTA), un tratado de libre comercio entre Canadá, México y EE.UU., firmado el 1 de enero de 1994 (Chile fue posteriormente invitado a incorporarse al NAFTA en el Summit of the Americas, en Miami, el 11 de diciembre de 1994; Brown et al. Reference Brown, Deardorff and Stern1995; Pier Reference Pier1998). Cuando se consultó al embajador si el NAFTA contemplaba incentivos para la colaboración y la integración en los ámbitos de la cultura, las artes y la educación, se produjo un silencio en la sala que se hizo más profundo cuando Guerra-Mondragón señaló que aspectos de esa naturaleza no se incluían en acuerdos como el NAFTA, pero que vendrían por añadidura en la medida que los países involucrados crecieran económicamente y que las relaciones se hicieran más fluidas y permanentes. El tratado, fijaba lineamientos generales para el libre comercio, pero no estableció normativas obligatorias para la salvaguarda del ambiente, lo que se resolvió a través de acuerdos paralelos (Johnson y Beaulieu Reference Johnson and Beaulieu1996; Schatan y Muñoz Villarreal Reference Schatan and Villarreal2005). Dado que el tratado no abordaba cuestiones ambientales y la amenaza de pérdida de puestos de trabajo en EE.UU., se plantearon objeciones serias y generalizadas contra el NAFTA en el continente americano (Comisión para la Cooperación Ambiental 1999). En el ámbito de la cultura, también se señaló como posible efecto negativo la pérdida de identidad al absorberse patrones culturales del país más dominante (Biggs Reference Biggs1995).
Diez años antes, todavía en plena Guerra Fría, el entonces senador William Fulbright celebraba sus 80 años. Fulbright es reconocido por sus aportes a la comunidad internacional, que incluyó la iniciativa legislativa para la creación del Programa Fulbright, propuesta en 1945 y firmado por el Presidente Truman in 1946, para ser administrada por el Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S., Department of State (Lilienthal Reference Lilienthal1995). La Comisión Fulbright se dedicó a llenar, en parte, el vacío dejado por los acuerdos multinacionales posteriores a la Segunda Guerra Mundial que no consideraban la importancia de las artes, la cultura, las ciencias sociales y las humanidades para fomentar un mejor entendimiento entre los pueblos y las naciones. Si iniciativas de esta naturaleza fueran más comunes, permanentes y recíprocas, y la educación, las artes y la cultura formaran parte de las principales cuerdas del tejido socio-ecológico mundial, parafraseando un dicho chileno, “otro gallo tal vez cantaría en el planeta”. Vale decir, las relaciones humanas serían más simétricas, fundadas en una mayor solidaridad y una creciente responsabilidad ecológica. Coincidentemente, en 1945, un año antes de la fundación del Programa Fulbright, y a pocos meses finalizada la Segunda Guerra Mundial, se creaba UNESCO con un fuerte compromiso por la paz, el humanitarismo y el entendimiento intercultural, misión que se ha venido materializando, principalmente, en pos de la gobernanza y la promoción mundial del patrimonio cultural (Meskell y Brumann Reference Meskell, Brumann and Meskell2015).
En apoyo al acuerdo bilateral firmado entre Chile y Estados Unidos, miembros de la Society for American Archaeology (SAA) —incluyendo al Dr. César Méndez, investigador residente del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, Coyhaique, Chile—participaron en una audiencia convocada por el Departamento de Estado de EE.U.U (DOS por sus siglas en inglés), para comentar sobre los beneficios de esta iniciativa. En sus comentarios al Cultural Property Advisory Committee, Dr. Méndez (Reference Méndez2019) vinculó este convenio con la Convención 1970 de UNESCO (suscrita por Chile en 2014), que expresamente hace un llamado a las naciones para la protección de sus bienes culturales muebles e inmuebles. Méndez señaló que el material arqueológico chileno comparte las mismas amenazas al patrimonio cultural que enfrentan otros países sudamericanos, por la presión de un mercado internacional por la comercialización ilegal de dichos objetos. Consecuentemente, el establecimiento de bases más claras para separar lo que legalmente se puede importar de lo que no se puede comercializar, y menos sacarlo del país, es un paso importante para la protección del patrimonio arqueológico chileno, como ha ocurrido con otros países en América Latina y el Caribe.
Se espera que el Convenio contribuya a reducir el saqueo, el tráfico y la comercialización de materiales arqueológicos y etnológicos y, con ello limitar el mercado de bienes culturales, un grave problema mundial (Directorate-General for Taxation and Customs Union 2017; Soares y Piagentini Reference Soares and Piagentini2019). No debería, sin embargo, afectar, los intercambios científicos, culturales y educativos entre EE.UU. y Chile, que se realizan a través de proyectos de investigación y programas de formación avanzada, promovidos y financiados por ambos países. De hecho, el establecimiento de bases más claras respecto de lo que legalmente puede ser importado—por ejemplo, muestras específicas incluidas en estudios científicos, intercambios entre museos, y la repatriación voluntaria de objetos—aumentará la protección de los materiales arqueológicos y etnográficos chilenos, concluyó Dr. Méndez, ciudadano y científico peruano, radicado en Chile, defendiendo los intereses patrimoniales de otro país, lo que refleja el espíritu universal que debería primar en la integración de las naciones.
El Memorándum de Entendimiento, firmado el 7 de mayo de 2020 por Teodoro Ribera Neumann (Ministro de Relaciones Exteriores de Chile) y Baxter Hunt (U.S. chargé d'affaires), entró en vigor internacional el 30 de septiembre a través de una ceremonia en la que participaron Consuelo Valdés (Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio), Alex Geiger Soffia (ambassador and director for North América, Central America and the Caribbean of the Ministery of Foreign Affairs), Richard Glenn (chargé d'affaires, U.S. Embassy) y expertos de Estados Unidos, Chile y Guatemala. Allison Davis, como Executive Director of the Cultural Property Advisory Committee of the DOS Cultural Heritage Center, dedicado a impedir el tráfico de bienes culturales desde y a través de Latinoamérica y de coordinar los procesos de repatriación de bienes culturales de comunidades indígenas de EE.UU., realizó una presentación. Mauricio Uribe habló como representante de la Sociedad Chilena de Arqueología ante el Consejo de Monumentos Nacionales, organismo estatal encargado de velar por el patrimonio nacional. Eduardo Hernández, jefe del Departamento de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales en el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, hizo un recuento sobre los resultados alcanzados en otros países que han implementado convenios similares con Estados Unidos. La presentación fina de Lina Nagel, abordó los desafíos de Chile frente a este Memorando de Entendimiento como coordinadora de la unidad de lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Ministerio de las Culturas. Como encargada del Ministerio para la Convención 1970 de UNESCO y de la iniciativa Mercosur para la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, Lina Nagel mantiene vínculos permanentes con organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con estos asuntos.
Adicionalmente, se puede mencionar que Chile ha establecido acuerdos bilaterales con países como México, Ecuador y China. Al firmar este Convenio con los Estados Unidos, Chile se ha sumado a los siguientes países de América Latina y el Caribe: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. Bolivia está actualmente buscando una extensión de su memorando de entendimiento y el Cultural Property Advisory Committee escuchó testimonios en apoyo de esta extensión de parte de la SAA en su reunión del 27 al 29 de octubre de 2020. Los países de América Latina y el Caribe que no han establecido un Memorando de Entendimiento con Estados Unidos son: Antigua y Barbuda, Dominica, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. Finalmente, inspirados en el espíritu de la SAA de promover la inclusión de los pueblos originarios y gente negra y de color, esperamos que este Convenio contribuya a la desaparición del racismo, la desigualdad y la descolonización en las naciones de América y el Caribe.
Chile has put into international effect its first Memorandum of Understanding (MOU; bilateral agreement) with the United States that will impose restrictions on the import of archaeological materials: it is a significant advance in the control of trade in cultural goods and in addressing its associated ethical and ethnic implications (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 2020). Some 25 years ago, this type of agreement was not a priority, nor did it explicitly form part of the texts of the agreement between the United States and the countries of the Americas. In spring 1995 at the University of Tarapacá in Arica, then-U.S. ambassador to Chile, Gabriel Guerra-Mondragón (Reference Guerra-Mondragón2010), who is originally from Puerto Rico, promoted the importance of the incorporation of Chile and the region in general into the North American Free Trade Agreement (NAFTA), an agreement signed between Canada, Mexico, and the United States on January 1, 1994 (Chile was later officially invited to join NAFTA at the Summit of the Americas held in Miami on December 11, 1994; Brown et al. Reference Brown, Deardorff and Stern1995; Pier Reference Pier1998). When the ambassador was asked whether NAFTA provided incentives for collaboration and integration in the fields of culture, the arts, and education, the room grew silent; this silence deepened when Guerra-Mondragón pointed out that NAFTA did not address those fields, but that, as relationships among the countries deepened economically and became more fluid, and permanent relations were established, those incentives would develop as a bonus. The treaty, which established general guidelines for free trade, also did not include compulsory regulations to safeguard the environment; that was resolved through parallel agreements (Johnson and Beaulieu Reference Johnson and Beaulieu1996; Schatan and Muñoz Villarreal Reference Schatan and Villarreal2005). Given that the treaty did not address environmental issues and because of the threat of job losses in the United States, serious and widespread objections against NAFTA were raised throughout the American continent (Comisión para lla Cooperación Ambiental 1999). In the field of culture, the loss of identity through the absorption of cultural patterns from the most dominant country was also pointed out as a possible negative effect of joining NAFTA (Biggs Reference Biggs1995).
Ten years earlier, while still in the midst of the Cold War, then-Senator William Fulbright celebrated his eightieth birthday. Fulbright is recognized for his contributions to the international community, which included the legislation creating the Fulbright Program, proposed in 1945 and signed into law by President Truman in 1946, to be administered by the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. Department of State (Lilienthal Reference Lilienthal1995). The Fulbright Commission was dedicated to filling, in part, the gap left in the post–World War II multinational agreements that did not consider the importance of the arts, culture, social sciences, and the humanities in fostering better understanding among people and nations. If initiatives of this nature were more common, permanent, and reciprocal, and if education, the arts, and culture were part of the main strands of the global socioecological fabric, to paraphrase a Chilean saying, “another rooster would crow” on the planet. That is to say, human relations would be more symmetrical, infused by greater solidarity and increased ecological responsibility. Coincidentally, in 1945, a year before the founding of the Fulbright Program and just a few months after the end of World War II, UNESCO was created with a strong commitment to peace, humanitarianism, and intercultural understanding, a mission that has been materialized mainly in terms of governance and the global promotion of cultural heritage (Meskell and Brumann Reference Meskell, Brumann and Meskell2015).
In support of the recently signed bilateral agreement between Chile and the United States, members of the Society for American Archaeology (SAA)—including Dr. César Méndez, resident of the Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, in Coyhaique, Chile—participated in a hearing convened by the U.S. Department of State (DOS) to comment on its anticipated benefits. In his remarks to the Cultural Property Advisory Committee, Méndez (Reference Méndez2019) linked the agreement to the 1970 UNESCO Convention (signed by Chile in 2014), which expressly calls on nations to protect movable and immovable cultural property. Méndez pointed out that Chilean archaeological material is subject to the same threats to cultural heritage as materials from other South American countries because of the pressure of the international market in the illegal commercialization of antiquities. Consequently, the establishment of clearer bases to separate what can legally be imported versus what cannot be commercialized, let alone taken out of the country, is an important step for the protection of the Chilean archaeological heritage, as has been taken by other countries in Latin America and the Caribbean.
The agreement is expected to contribute to the reduction in looting, trafficking in, and commercialization of archaeological and ethnological materials, which should help curtail the antiquities market, a serious global problem (Directorate-General for Taxation and Customs Union 2017; Soares and Piagentini Reference Soares and Piagentini2019). It should not affect, however, scientific, cultural, and educational exchanges between the United States and Chile; these exchanges are currently carried out through research projects and advanced training programs promoted and financed by both countries. In fact, the establishment of clearer guidelines regarding what can legally be imported—for example, specific samples included in scientific studies, exchanges between museums, and voluntary repatriation of objects—will enhance the protection of Chilean archaeological and ethnographic materials, concluded Méndez: as a Peruvian citizen and scientist living in Chile, he is defending the heritage interests of another country, reflecting the universal spirit that should prevail in the integration of nations.
The agreement, signed on May 7, 2020, by Teodoro Ribera Neumann (Ministro de Relaciones Exteriores de Chile) and Baxter Hunt (U.S. chargé d'affaires), came into full international effect on September 30 through a ceremony attended by Consuelo Valdés (Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio), Alex Geiger Soffia (ambassador and director for North America, Central America, and the Caribbean of the Ministry of Foreign Affairs), Richard Glenn (chargé d'affaires, U.S. Embassy), and experts in the field from the United States, Chile, and Guatemala. Allison Davis, executive director of the Cultural Property Advisory Committee of the DOS Cultural Heritage Center, whose mission is to prevent the trafficking of cultural property from and through Latin America while coordinating the processes of repatriation of cultural property from indigenous communities in the United States, made a presentation on the occasion. Mauricio Uribe spoke as the representative of the Sociedad Chilena de Arqueología to the Consejo de Monumentos Nacionales, the government agency responsible for safeguarding the national heritage. Eduardo Hernández, head of the Departamento de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales in the Ministerio de Cultura y Deportes of Guatemala, gave an account of the results achieved in other countries that have implemented similar agreements with the United States. The closing presentation, which addressed challenges related to the MOU, was made by Lina Nagel, coordinator of the unit for the fight against illicit trafficking of heritage assets of the Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Ministerio de las Culturas. As head of the Ministry for the UNESCO Convention of 1970 and the Mercosur initiative for Fighting of Illicit Trafficking of Cultural Property, she maintains permanent links with national and international organizations related to these matters.
Chile has already established similar bilateral agreements with Mexico, Ecuador, and China. In signing the MOU with the United States, Chile has joined the following Latin American and Caribbean countries: Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Estado Plurinacional de Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, and República Bolivariana de Venezuela. Bolivia is currently seeking an extension of its MOU, and the Cultural Property Advisory Committee heard testimony in support of this extension from the SAA at their meeting of October 27–29, 2020. The Latin American and Caribbean countries that have not signed an MOU with the United States are Antigua and Barbuda, Dominica, Guyana, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, and Trinidad and Tobago. Inspired by the spirit of the SAA to promote the inclusion of Indigenous peoples, Black people, and people of color, we hope that these MOUs will contribute to the disappearance of racism, inequality, and decolonization in the nations of the Americas and the Caribbean.
