IntroducciónFootnote ¹

La sala de audiencia estaba llena. Yo estaba sentada en una esquina de las seis bancas asignadas al público, y me tomó un tiempo darme cuenta de que el resto de los presentes se habían sentado en lugares específicos dependiendo de su relación con los protagonistas del caso. Los que conocían al imputado estaban sentados en los lugares ubicados directamente detrás del escritorio del abogado defensor, mientras que los que conocían a la víctima estaban sentados detrás del fiscal. Más temprano esa tarde, amigos y miembros de las familias de la víctima y del imputado habían estado llegando y congregándose en el pasillo. Hablaban sobre la agresión, llamando por teléfono a otras personas y especulando sobre el posible resultado de la audiencia.

De todos los casos tratados esa tarde por el tribunal, éste era el último y el más serio. El imputado estaba acusado de haber agredido a su pareja y había sido encontrado por la policía con un arma de fuego sin tener los permisos necesarios. Supuestamente, por supuesto, porque en esa etapa del proceso judicial – la del control de detención – la evidencia es preliminar, y un juicio tiene que realizarse antes de que un imputado pueda ser considerado culpable. Sin embargo, que la mujer que se sentó junto al fiscal y que era la víctima en el caso había sido agredida parecía evidente, los moretones en su cara y brazos lo confirmaban, y se desplazaba con dificultad.

Después de que los gendarmes trajeron al imputado esposado a la sala de audiencias, el fiscal habló primero, presentando los detalles del caso, leyendo en voz alta fragmentos del parte policial y agregando información al respecto. La noche anterior, el imputado – enojado porque la víctima había llegado más tarde a casa de lo que había prometido – la agredió brutalmente. Después de la agresión, la víctima tomó una foto de sus heridas y la envió a su madre, quien a su vez llamó a la policía. Cuando los carabineros llegaron a la casa de la víctima encontraron además una pistola escondida en el clóset y procedieron a detener al imputado. Después de describir los hechos, el fiscal solicitó al tribunal la prisión preventiva del imputado. Como respuesta, el abogado defensor argumentó que el imputado no sabía sobre la presencia de esta arma de fuego en la casa, la que en realidad le pertenecía al marido de la víctima – el que se encontraba en la cárcel en ese momento – y que los hechos y la calificación jurídica de “porte ilegal de armas” no era relevante pues el domicilio, y por tanto el arma, era el del marido de la víctima, y que, con la información disponible en ese momento, su cliente sólo podía ser acusado de lesiones, una acusación para la que la medida cautelar de arresto domiciliario total, según el defensor, sería suficiente. Últimamente, el juez, después de pedirle al fiscal que repitiera ciertos fragmentos de dos documentos contenidos en la carpeta – uno escrito por un médico describiendo la severidad de las heridas y otro evaluando el riego de violencia intrafamiliar como “alto”Footnote ² – decidió que el imputado tenía que quedar en prisión preventiva. En la sala de audiencia, entonces, escuchamos un insulto – “perra” – proferido por alguno de los parientes del imputado que, intensamente vigilado, fue llevado de vuelta a los calabozos.

En mi terreno de investigación abordé estas audiencias judiciales con escepticismo respecto a su capacidad para realmente cumplir las promesas del sistema de justicia penal. Había leído sobre su tendencia a castigar a personas con ciertas características – miembros de grupos marginalizados y pobres, como era probablemente el caso del imputado en esta causa. Y, sin embargo, salí de esa sala absolutamente convencida de que este hombre había agredido a su pareja. Que la paliza había efectivamente ocurrido se volvía más verosímil dadas las miradas vehementes intercambiadas por el público y los moretones visibles en el cuerpo de la mujer. ¿Cómo podía estar tan segura de que el hombre era culpable? ¿Por qué esta agresión me parecía tan obvia? ¿Era igualmente obvia para el fiscal, el abogado defensor y el juez en esta causa? ¿Para los carabineros que asistieron al domicilio y encontraron a la mujer herida? Este caso es sólo uno de los muchos que pasan delante de tribunales cada día, casos en los que los imputados son encontrados “en flagrancia” por la policía – claramente cometiendo el delito – y que son por tanto arrestados. A través de estas acciones, el sistema de justicia penal atribuye un grado de indisputabilidad a estos delitos, y todo el mundo parece estar convencido de que realmente ocurrieron y fueron cometidos por los acusados que, esposados, son llevados allí.

No obstante, la facticidad de la conducta culpable del imputado es precisamente el objeto de debate en el sistema de justicia penal. En un sistema jurídico adversarial como el chileno, los procedimientos judiciales buscan estructurar la confrontación entre dos lados opuestos. Por más determinante que sea, ningún video, foto o testimonio puede, por sí solo, volver innecesarios los procedimientos judiciales. “Resulta imposible, en cualquier caso,” escribió (Latour 2010[Reference Latour2002], 151), “definir la expresión ‘decir el derecho’ si eliminamos sus vacilaciones, el camino sinuoso, los meandros de la reflexividad: la razón por la que representamos la justicia como ciega, y sosteniendo una balanza en sus manos, es precisamente porque vacila.” ¿Dónde están estas hesitaciones en el caso de los delitos flagrantes? ¿Cómo se entiende la evidencia, entendida no como la disponibilidad de pruebas si no que como algo que resulta “evidente,” es decir, confrontado, desafiado, reconocido o rechazado durante el proceso judicial? ¿Cómo se aplica esta particular noción jurídica, la del flagrante delicto, y qué papel desempeña en las “rutinas de elaboración de verdad” (Maguire and Rao Reference Maguire, Rao, Maguire, Rao and Zurawski2018) judiciales?

En este artículo, exploro la manera en que los delitos flagrantes se construyen. A partir de observaciones en tribunales penales de primera instancia y en una unidad del Ministerio Público en Santiago, así como de la literatura académica sobre tecnicismos jurídicos (Riles Reference Riles2005; Reference Riles2011), muestro que el carácter flagrante de los delitos, a medida que avanzan desde su encuentro con la policía hasta la sala del tribunal, se construye a través de formas específicas de conectar los hechos y el derecho, la verdad y los procedimientos. Prestando especial atención a documentos, trámites y aspectos aparentemente menores del trabajo burocrático, describo cómo el carácter flagrante de un delito transmite ciertos supuestos epistemológicos sobre lo ocurrido y que constituye un delito. Concretamente, este carácter expresa suposiciones sobre lo que, por el momento, no puede ser sabido y puede, por tanto, ser ignorado a través del proceso burocrático y judicial. En otras palabras, en estos casos, todo está organizado para que los actores del sistema de justicia penal puedan evitar hacerse la misma pregunta que tanto me preocupaba a mi cuando observaba esta audiencia de la mujer agredida: “¿Cómo puedo estar segura?.”

Detenciones flagrantes en Chile

Contrariamente a los sistemas de justicia penal anglosajones, en los que la detención es un poder policial de derecho común, las tradiciones de derecho civil definen explícitamente cuando alguien puede ser arrestado. El Código Procesal Penal chileno describe dos de estas situaciones: cuando un juez emite una orden de detención o cuando una persona es sorprendida “en flagrancia.” Este último caso está descrito en el artículo 130 del CódigoFootnote ³:

La falta de uniformidad en la redacción del artículo se explica por las numerosas modificaciones que se le han hecho desde el año 2000, cuando fue adoptado el nuevo Código Procesal Penal en Chile. Desde esa fecha, el congreso ha ampliado cada vez más el alcance de este artículo, volviéndolo susceptible de cubrir más tipos de potenciales situaciones. Por ejemplo, el artículo original no especificaba el período de tiempo que podía pasar entre la comisión del delito y la detención, sólo indicaba que debía ser “en un tiempo inmediato”; este período fue luego definido como “no más de doce horas.” Y, originalmente, sólo las víctimas podían identificar al supuesto culpable, lo que luego fue ampliado para incluir también a los testigos.Footnote ⁴ Aunque las modificaciones realizadas al texto del artículo han sido criticadas por algunos juristas, quienes han argumentado que su versión actual va contra el espíritu de la adopción del nuevo código (Meneses Pacheco Reference Meneses Pacheco and Pública2010; Vitar Cáceres Reference Vitar Cáceres and Maureira2011), la mayor parte de las discusiones en torno a la legislación penal en Chile no tratan sobre la regulación de la detención en flagrancia, sino que las que regulan las facultades policiales para controlar la identidad de las personas (Duce Reference Duce2016).

En sí, el artículo 130 genera, de esta manera, poca discusión pública y académica, lo que es de cierta forma consistente con su rol en el procedimiento penal chileno. Ya que, más que el delito en sí, la flagrancia refleja la manera en que el presunto delincuente es detenido. Esto no debería, en principio, tener un impacto significativo en la determinación de su culpabilidad. De hecho, las disposiciones sobre la detención en flagrancia deben ser leídas junto con las que, en el Código Penal, describen los delitos. Como el artículo 130 del Código Procesal Penal no se refiere a un tipo de delito en particular, cualquiera de éstos, desde un asesinato a amenazas, incluyendo abuso sexual, robos y conducción en estado de ebriedad, podría justificar una detención en flagrancia.

Este rol aparentemente marginal del artículo 130 contrasta con la amplia atención pública que se le ha dado a lo que se considera “delitos flagrantes” en las discusiones sobre delincuencia en Chile. El carácter aparentemente insignificante de este artículo contrasta igualmente con la manera en que el sistema de justicia penal trata, en la práctica, casos que empiezan con la detención de alguien “en flagrancia.” A pesar de la escasa evidencia al respecto (Fondevila and Quintana-Navarrete Reference Fondevila and Quintana-Navarrete2020), los delitos flagrantes son vistos como “buenos” casos para los fiscales, los que pueden construir sus hipótesis sobre la base de sospechosos, testigos y pruebas que ya han sido identificados,Footnote ⁵ lo que volvería más probable obtener un veredicto de culpabilidad en un juicio (Ríos Leiva Reference Ríos Leiva2012). Estudios en Argentina (Kostenwein Reference Kostenwein2018) y Chile (Castillo Val et al. Reference Castillo Val, Mansilla and Salvo2011; Fandiño et al. Reference Fandiño, Rua, Moreno and Fibla2017; Pásara Reference Pásara2009) han mostrado, no obstante, que esta percepción de los delitos flagrantes como “buenos” casos, más que ser exacta, funciona como una especie de profecía autocumplida y pone en duda la eficacia del sistema de justicia penal en los casos de delitos no flagrantes.

Cuando un policía detiene a alguien “en flagrancia,” según el Código Procesal Penal, debe informárselo a un fiscal dentro de las 12 horas posteriores a la detención; en ese momento, el fiscal deberá decidir si la persona es liberada o no. El caso continuará su tratamiento judicial independientemente de la decisión tomada sobre la detención del acusado en este momento; sin embargo, si el fiscal decide que la persona debe permanecer detenida, ésta debe ser llevada a un tribunal para que se realice una audiencia de control de detención antes de que transcurran otras 12 horas.Footnote ⁶ El objetivo de estas audiencias, según el Código Procesal Penal, es determinar si es que la detención del acusado fue llevada a cabo por la policía dentro de sus prerrogativas y, según el caso, respectando los artículos respecto a la detención en flagrancia. En la práctica, no obstante, menos del 1% de las detenciones son declaradas ilegales en estas audiencias (Fandiño et al. Reference Fandiño, Rua, Moreno and Fibla2017) y rara vez se cuestiona la aplicación del artículo 130 (Rebolledo et al. Reference Rebolledo, Moraga, Careau and Andrade2008). Más bien, estas audiencias sirven para la formalización del imputado, durante la cual el fiscal explica los cargos y propone un procedimiento legal a aplicar, dependiendo del delito, los antecedentes penales del imputado y el razonamiento del fiscal. En algunos casos menos graves, éste puede ofrecer una suspensión condicional del procedimiento o solicitar un procedimiento abreviado o simplificado para cerrar el caso rápidamente. O, como sucede en los casos más graves, el fiscal puede pedir medidas cautelares mientras se reúnen más pruebas, antes de un eventual juicio.

Ninguno de estos procedimientos y audiencias se limita exclusivamente a los acusados detenidos en flagrancia. No obstante, en la práctica, la mayoría de los detenidos en flagrancia son procesados por el sistema judicial utilizando estos procedimientos y audiencias. Los acusados son detenidos y, si el fiscal así lo decide, se presentan frente a un juez en las 24 horas siguientes a su detención. En la práctica, por lo tanto, los delitos flagrantes – entendidos como aquéllos en los que los imputados fueron detenidos en virtud del artículo 130 del Código Procesal Penal – constituyen un tipo peculiar de delitoFootnote ⁷ en el sistema de justicia penal chileno, el que estructura una forma específica de producir hechos jurídicos.

Marco analítico: Los delitos flagrantes como “tecnicismos”

¿Cómo puede el derecho “saber” cosas? Esta pregunta ha suscitado numerosos trabajos académicos, inspirados principalmente por la invitación de Latour a estudiar cómo “se fabrica” el derecho, sus mecanismos de enunciación, calificación e imputación, y su “obsesivo esfuerzo por hacer asignable la enunciación” (Latour 2010[Reference Latour2002], 274). La literatura inspirada en la obra de Latour ha tratado de responder a la pregunta de cómo el derecho produce hechos, de cómo participa en la “elaboración” de realidades y de cómo crea “personas y cosas” (Pottage Reference Pottage, Pottage and Mundy2004). En tanto “conocimiento no epistemológico” (Pottage Reference Pottage2014), éste se concibe como un tipo de performatividad que opera a través de asociaciones (Blomley Reference Blomley2014).

Una de las herramientas a través de las que el derecho elabora “hechos” es la que Annelise Riles denomina “tecnicismos.” Precisamente porque parecen desempeñar un papel marginal y técnico en configuraciones socio-jurídicas – “dimensiones tecnocráticas y mundanas del derecho, precisamente aquéllas que no despiertan las pasiones teóricas, críticas o reformistas de humanistas” (Riles Reference Riles2005, 1029) –, los tecnicismos no han resultado ser tan atractivos para la investigación socio-jurídica como otros fenómenos. Sin embargo, como lo han demostrado las investigaciones recientes sobre la performatividad del derecho y su “maquinaria” (Valverde Reference Valverde2009), las herramientas técnicas del derecho – al igual que las utilizadas por los científicos (Coopmans et al. Reference Coopmans, Vertesi, Lynch and Woolgar2014) – se apoyan en reivindicaciones epistemológicas respecto a cómo llegar a conocer el mundo. El análisis de tecnicismos jurídicos responde, en consecuencia, a una invitación a explorar de cerca esas herramientas que aparentan ser sólo un medio para producir conocimiento, pero que acaban haciendo más que eso.

Una de estas herramientas son las ficciones jurídicas. En su trabajo de campo sobre la labor de abogados encargados de redactar y llenar los múltiples formularios y documentos necesarios para la elaboración de contratos en grandes instituciones financieras japonesas, Riles (Reference Riles2011) se centró en el rol de la garantía en mercados financieros internacionales. Analizó las características de la garantía como una herramienta jurídica que coordina las acciones de las partes pero que, al mismo tiempo, parece desempeñar un papel marginal en la transacción global, pareciendo ser simplemente un medio para un fin. Sin embargo, como explica Riles, los mercados internacionales funcionan bajo el supuesto de que la otra parte cumplirá con sus obligaciones, un supuesto que, en última instancia, es incierto, “una exigencia, o un acuerdo mutuo, simplemente de actuar ‘como si’” (Riles Reference Riles2011, 173).

Al tratar la garantía como una ficción jurídica, como “la garantía de algo que por definición no puede ser garantizado” (Riles Reference Riles2010, 804), Riles no está haciendo referencia a cómo ésta se define según la teoría del derecho,Footnote ⁸ sino que a cómo la garantía estructura, en la práctica, el comportamiento de las partes. Otros ejemplos de estudios socio-jurídicos en los que los investigadores han seguido caminos analíticos similares incluyen el trabajo de Barbara Yngvesson (Reference Yngvesson2010; Reference Yngvesson2007) sobre la adopción como resultado de ficciones jurídicas como el parentesco y la nacionalidad, y el estudio de Pottage y Sherman (Reference Pottage and Sherman2010) sobre el derecho de patentes y la definición de “la invención” como resultado de un trabajo de ficcionalización de la escasez de una idea. Al observar los aspectos aparentemente mundanos de los dispositivos técnicos del derecho, estos investigadores han podido aprender sobre la manera en que las herramientas jurídicas articulan supuestos de verdad y falsedad, operando una serie de “trucos” sobre la realidad para resolver dilemas específicos. Los documentos son otra herramienta que ha sido pasada por alto como si fuera un aspecto meramente técnico del trabajo jurídico. Tal vez debido a su materialidad previamente descuidada (Hull Reference Hull2012; Kafka Reference Kafka2009; Latour Reference Latour, Lynch and Woolgar1990), los documentos han sido redescubiertos como herramientas paradigmáticas a través de las que el derecho produce facticidad (Riles Reference Riles2006). Entre otros muchos estudios, los de Barrera (Reference Barrera2008), Hull (Reference Hull2012) y Weller (Reference Weller2018) han utilizado enfoques etnográficos para explorar el rol “indiciario”Footnote ⁹ de los documentos, además de su rol semiótico, destacando el carácter al mismo tiempo cotidiano y complejo de artefactos burocráticos como formularios, certificados y expedientes. Las operaciones de elaboración de expedientes se caracterizan por una forma de trabajar caso por caso (Weller Reference Weller2018), “verticalmente” (Vismann Reference Vismann2008), mejorando progresiva y performativamente el conocimiento sobre lo que se define como “la causa.”

Según esta perspectiva, los expedientes judiciales tienen una forma específica de producir hechos. En la lógica del registro y su pretensión de exactitud (Wheeler Reference Wheeler1969), los documentos funcionan como si fueran transparentes en relación con lo que representan y, a través de técnicas de autorización, autenticación y una lógica autorreferencial de comunicación (Van Oorschot and Schinkel Reference Van Oorschot and Schinkel2015), así como de inscripción y certificación (Suresh Reference Suresh2019), sirven como una herramienta que produce hechos precisamente afirmando que efectivamente representan la realidad que suponen representar. Es más, los documentos juegan un rol que puede analizarse independientemente de su contenido, ya que su mera existencia – su materialidad, su estética, sus firmas (Hetherington Reference Hetherington2008; Hull Reference Hull2012; Riles Reference Riles2006) – resulta suficiente para que contribuyan a la producción de hechos. En las secciones siguientes, me centraré en la manera en que los delitos flagrantes se construyen a partir de prácticas documentales específicas que se derivan de la aplicación del artículo 130 del Código Procesal Penal. Como describiré, en el montaje, tratamiento y uso de las carpetas de delitos flagrantes, funcionarios, fiscales, jueces y abogados defensores se centran en la posibilidad de referirse a ellos más que en su contenido efectivo.

Marco metodológico: Siguiendo delitos flagrantes en Santiago

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, los delitos flagrantes no existen en Chile. La lectura del artículo 130 del Código Procesal Penal muestra que lo flagrante es la manera en que una persona fue detenida, “en flagrancia,” no el delito en sí. No obstante, los delitos flagrantes parecen estar en todas partes. La organización de los tribunales penales de primera instancia y del Ministerio Público en Santiago gira en torno a las numerosas detenciones que la policía lleva a cabo, a diario, en virtud de este artículo. De hecho, éste fue uno de los primeros hallazgos de mi investigación etnográfica en Santiago: la mayoría de los casos que son tratados por los tribunales penales chilenos implican la aplicación de un artículo del Código Procesal Penal que parece a la vez crucial y marginal para el sistema de justicia penal.

Durante tres estadías en Santiago entre los años 2018 y 2020, por un total de 18 meses, realicé 300 horas de observaciones en juzgados de garantía, específicamente de un tipo de audiencia judicial pública denominada “audiencia de control de detención.” Dado que 15 de estos juzgados están ubicados en un mismo edificio, y que no pretendía representatividad cuantitativa, combiné observaciones de audiencias correspondientes a distintos juzgados. Si bien el tipo de casos que se presentan en los distintos tribunales varía principalmente según las distintas zonas de la ciudad que abarcan – por ejemplo, más casos de hurto en zonas donde hay más tiendas comerciales – y a los distintos estilos de los jueces, la forma en que se manejan los casos desde el punto de vista legal es la misma, ya que se aplican las mismas partes del Código Procesal Penal.

Posteriormente, realicé 150 horas de observaciones en una de las cuatro unidades de la Fiscalía que coordinan, con la policía, el tratamiento de casos de personas detenidas en flagrancia en la ciudad de Santiago. Obtuve la autorización del Ministerio Público para realizar estas observaciones, en particular en un centro de llamados donde los trabajadores – funcionarios públicos que a menudo tienen formación jurídica, pero no son necesariamente abogados – reciben las llamadas de los policías, informándoles, como establecido en el Código Procesal Penal, de la detención de alguien. Gracias a unos audífonos especiales, pude escuchar las llamadas en tiempo real. Para proteger el anonimato y la intimidad de las personas implicadas en los casos denunciados a esta oficina y para respetar las condiciones que se me impusieron cuando obtuve las autorizaciones para realizar mi trabajo de campo, no me refiero a casos concretos en este artículo, sino que describo situaciones típicas en general.

Como podría esperarse, la mayoría de los delitos flagrantes tratados por el sistema de justicia penal en Chile no son delitos graves como homicidios o violaciones, sino más bien delitos menores. Por ejemplo, un policía que realiza un control de tránsito descubre que alguien conduce un vehículo cuyo robo fue denunciado hace dos semanas, una mujer llama a la policía después de que su exmarido la amenazó con matarla, dos jóvenes son vistos peleando en la calle, o ciudadanos denuncian el robo de bolsos, carteras y teléfonos. O también, mientras guardias de seguridad municipales patrullan las calles, sorprenden a alguien que, al parecer, acaba de asaltar a un transeúnte, o vecinos que llaman a estos guardias tras oír a un hombre agrediendo a su pareja, o alguien conduce evidentemente ebrio. Todas estas situaciones pueden llevar a detenciones en flagrancia, las que en última instancia son siempre llevadas a cabo por la policía, y no por guardias de seguridad.Footnote ¹⁰ Legalmente, es la policía la que decide si una persona debe ser detenida; es decir, si es que se cumplen las condiciones descritas en el artículo 130. Y, cuando realizan una detención, los policías deben informar a la fiscalía dentro de las 12 horas siguientes, para que la audiencia de control de detención se realice dentro de las 24 horas posteriores a la detención. Debido a la gran cantidad de estos casos en Santiago,Footnote ¹¹ los que requieren una rápida intervención por parte del Ministerio Público, éste creó oficinas especializadas, llamadas “fiscalías de flagrancia,” que funcionan las 24 horas del día y que están encargadas de gestionar estas detenciones. Los policías en terreno llaman por teléfono a los funcionarios de esta oficina para informarles sobre cuando deciden proceder a la detención de alguien en flagrancia. En estas conversaciones telefónicas, funcionarios altamente calificados, en colaboración con fiscales, ordenan los hechos temporal y espacialmente, separan la información relevante de la irrelevante y proponen una calificación jurídica preliminar para el delito. También redactan una descripción de lo sucedido basada en la información facilitada por la policía.

Tomando el artículo 130 como punto de partida metodológico, en este artículo sigo a los delitos flagrantes desde los lugares donde la policía “los encuentra” hasta su tratamiento en los controles de detención. No hice seguimiento a los mismos casos a través de sus diferentes etapas, sino que me concentré en la categoría misma de “delito flagrante,” la que configura prácticas a través del tratamiento de distintas causas en distintas instancias. De esta manera, me interesaron los delitos flagrantes no tanto como el resultado de operaciones cognitivas subjetivas de clasificación llevadas a cabo por individuos específicos – sus propias percepciones de este tipo de delitos –, sino que más bien como el resultado de configuraciones socio-jurídicas que hicieron que el delito se volviera “flagrante” gracias a la coordinación de distintas prácticas. Siguiendo la lógica de los estudios de caso descrita por Miller (Reference Miller2018), es decir, identificando y documentando en profundidad un fenómeno específico, mi investigación contribuye a la investigación socio-jurídica sobre la manera en que dispositivos técnicos como disposiciones legales o expedientes contribuyen a la producción de hechos judiciales.

Resultados: ¿Cómo no tener que saber?

¿Qué pasa cuando los funcionarios de la fiscalía de flagrancia reciben una llamada de la policía, diciéndoles que han detenido a alguien? Pues lo que se suele hacer en las burocracias y en los sistemas judiciales: rellenan un formulario, el que denominan “bitácora.” En este formulario, describen lo que les cuentan los policías, incluyendo la descripción de lo sucedido. Éste formará parte del expediente, pero tendrá poca importancia como prueba porque, legalmente, lo que más cuenta es el parte policial. Su principal función es de control y de coordinación entre la policía y la fiscalía de flagrancia, ya que se consigna no sólo lo que la policía comunica sobre el caso, sino también cuándo y cómo lo hace.

En sus llamadas con la policía, los funcionarios de la fiscalía de flagrancia se aseguran de que el lugar donde supuestamente se ha cometido el delito se encuentre en la jurisdicción de la unidad y de que la duración de la detención se ajuste a las disposiciones legales: que no hayan transcurrido más de 12 horas ni entre el presunto delito y la detención, ni entre la detención y la llamada. En esta fase del proceso, los presuntos hechos del delito que condujeron a la detención no importan tanto como cuándo y dónde ocurrieron.

Una vez que el funcionario registra esta información en el computador, junto con el relato preliminar del caso, se crea un formulario con un número interno. A continuación, un fiscal debe tomar una decisión: ¿Pasará la persona detenida, en este momento denominada “imputado,” a una audiencia de control de detención en el tribunal de garantía correspondiente? La decisión respecto a si un acusado permanece detenido depende del tipo de delito del que se le acuse y, salvo en algunos casos muy concretos, se toma “rutinariamente” (Lempert and Sanders Reference Lempert and Sanders1986). ¿Robó el imputado algo valorado en menos de una determinada cantidad de dinero? En caso afirmativo, quedará en libertad. ¿Amenazó o agredió a alguien, o se negó a someterse a la prueba de alcoholemia cuando aparentemente conducía ebrio? Si es así, el imputado permanecerá detenido y será llevado at tribunal. En todos los casos, el formulario incluirá el nombre del fiscal que tomó formalmenteFootnote ¹² esta decisión y, si el imputado permanece detenido, otro funcionario de la fiscalía de flagrancia coordinará la programación de la audiencia. La persona detenida será conducida directamente al tribunal por la policía, y no a las oficinas de esta fiscalía. Una llamada típica se desarrolla de la siguiente manera:

• - Fiscalía, buenas tardes, ¿en qué lo puedo ayudar?

• - Le habla el carabinero Luis González, quiero dar cuenta de un procedimiento por lesiones leves.

• - Cuénteme.

• - La víctima llegó a su casa del trabajo y descubrió que su vecino había usado su estacionamiento. Hay muchos vehículos en esta calle y, aparentemente, habían distribuido de alguna manera los estacionamientos, y éste era el de la víctima. Pero es informal y hay una historia de conflicto entre ellos por el estacionamiento…

• - Ok, entonces hay una historia de conflicto aquí.

• - Sí, entonces cuando la víctima llegó, estaba enojado porque no podía estacionarse y fue a golpearle la puerta a este sujeto, el imputado, y le pidió, amablemente parece, que cambiara el auto de lugar para poder estacionar el suyo…

• - Ah, ok, así veo.

• - Pero este tipo no quiso, entonces empezó a gritar que estaba aburrido del vecino, la víctima, siempre molestándolo por lo del estacionamiento, y el otro, la víctima, le respondió gritándole también. Usted sabe cómo es, el conflicto escaló y el imputado tomó un palo que tenía en su caso y le pegó con el palo a la víctima; la víctima tiene heridas menores en su brazo. En ese momento, con todo el despelote, otros vecinos llegaron y controlaron al tipo, al imputado, y nos llamaron.

• - Ah, ok, ¿y el imputado también tiene lesiones? ¿Fue más una agresión o una pelea?

• - No, fue realmente una agresión. No creo que la víctima haya querido pelear, quería hablar con el imputado. Otro vecino dijo que este tipo, el imputado, es el violento…

• - Entiendo. Dígame, ¿a qué hora pasó esto?

• - A las 7 de la tarde, cuando la víctima llegó a su casa.

• - ¿Hora de la detención?

• - 7:45.

• - Ok, deme la información de la víctima y del imputado, por favor.

• - [El carabinero entrega la información de la víctima y del imputado. Sus nombres completos, sus direcciones, sus números de teléfono y, lo más importante, los RUN o “rol único nacional”Footnote ¹³].

• - ¿Verificó la identidad del imputado?

• - Sí, verificada.

• - ¿Constatación de lesiones?

• - Tengo el informe del SAPUFootnote ¹⁴ aquí.

• - ¿Puede leer la descripción de las lesiones, por favor?

• - El informe dice: “hematoma en la parte superior del brazo, consistente con lesiones leves”.

• - Ok, el imputado pasa a control de detención mañana en la mañana.

Al final de la conversación, el funcionario comunica al policía el número asignado por el sistema informático al caso y el nombre del fiscal encargado. Entre esa llamada por la tarde y la mañana siguiente, un funcionario de la fiscalía de flagrancia preparará la carpeta del caso, la que incluirá los siguientes elementos: el relato redactado por el funcionario que recibió la llamada, los antecedentes penales del acusado, el informe médico que describe las lesiones de la víctima, y quizás lo más importante, el parte policial que describe lo sucedido desde la perspectiva de la policía, junto con la declaración de la víctima.

Los documentos e información requeridos para cada caso están estandarizados en los procedimientos de esta unidad del Ministerio Público, y ciertos tipos de casos requieren documentos adicionales o versiones más detalladas de los documentos. Por ejemplo, en los casos de amenazas entre miembros de una familia, se requiere alguna documentación que acredite la relación entre la víctima y el imputado. En los incidentes que causan daños materiales, es importante incluir pruebas del valor estimado de los daños. En los casos de agresión, debe incluirse el informe médico. Y cuando la víctima afirma que el imputado la amenazó verbalmente, el informe policial debe repetir exactamente lo que supuestamente le dijo, incluidas todas las palabrotas e insultos, los que se leerán en voz alta en la audiencia, creando un contraste con la formalidad de los procedimientos judiciales: “una curiosa mezcla de teatro y mundanidad” (Sylvestre et al. Reference Sylvestre, Damon, Blomley and Bellot2015, 1347).

En ninguno de estos casos, sin embargo, los documentos incluidos en cada carpeta abordan directamente el delito, sino que comunican el valor de un bien dañado, la gravedad de una lesión, la relación entre dos personas, o la formulación de una amenaza. Que el bien dañado, la lesión, la relación o la amenaza correspondan a la definición jurídica del delito reprochado a la persona detenida depende de qué tan bien esté preparada la carpeta. Las pruebas se construyen así mediante prácticas documentales que añaden más documentos, pero no necesariamente más información sobre el delito. La carpeta es el resultado del trabajo de la fiscalía de flagrancia, la que, basándose en lo que le dijo un policía – quien a su vez generalmente basa esa información en lo que le contó la víctima –, la compila y edita. Aunque, según las características del sistema adversarial, en algún momento posterior se podría escrutar en detalle esta cadena de transmisión de información, en la compilación de la carpeta los diferentes actores colaboran para actuar “como si” el policía hubiera presenciado la agresión – justificándose así la detención en flagrancia – y evitando tal escrutinio.

Para cada uno de los casos en los que se detiene a alguien y se le lleva a una audiencia de control de detención, el personal de esta oficina revisa e imprime los documentos, los coloca en una carpeta de papel y le asigna al caso un nuevo número asignado por el sistema de gestión de los tribunales de Chile. Para destacar la información clave que será útil para el fiscal que tomará el control de detención, quien probablemente verá estos documentos por primera vez sólo unos momentos antes de que comience la audiencia, los funcionarios pegan notas Post-It en las secciones relevantes. Y, en las audiencias, la carpeta que se elaboró cuidadosamente unas horas antes se convierte en el centro de atención, ya que – en esa etapa – la causa se basa principalmente en el parte policial; rara vez se muestran otros documentos o se hace referencia a ellos en el tribunal. En la audiencia, el fiscal lee extractos del parte policial, en particular las partes que corresponden más directamente a la definición del delito según el Código Penal, y el abogado defensor responde leyendo documentos extraídos de esta misma carpeta, la que se intercambian físicamente a lo largo de la audiencia, pasándolo de un lado a otro, del escritorio del fiscal al del defensor, y al revés, frente al juez.

En esta etapa del procedimiento judicial, no hay nada más en lo que los dos abogados – el fiscal y el abogado defensor – puedan basar sus argumentos; no hay más pruebas que las que figuran en esta carpeta. Cuando los dos abogados discuten, no es sobre el delito en sí, sino que sobre otro tipo de cosas: ¿La calificación jurídica corresponde a lo que está escrito en el parte policial? ¿A qué hora se detuvo al imputado y cuándo se informó de ello al fiscal? ¿Se sabe el avalúo aproximado de los daños causados por el imputado? ¿Importa que el imputado haya sido acusado, pero no condenado, por delitos similares en el pasado? Si el imputado es el propietario de la casa en la que la víctima lleva viviendo sólo unas semanas, ¿debe él abandonar la casa si es él quien ha proferido las amenazas? Paradójicamente, lo menos importante en estas audiencias es lo que parece haber pasado de forma tan incuestionable, tan flagrante, y que constituye el delito.

Por ejemplo, un tipo paradigmático de delito flagrante es el robo, realizado discretamente, en un supermercado o en una tienda, lo que el Código Penal define como “hurto.” Si el valor comercial de lo robado es inferior a un determinado monto, el imputado detenido inicialmente será puesto en libertad; si es superior a este monto, la persona detenida será llevada a un tribunal para una audiencia de control de detención. En ambos casos, los documentos que forman parte de la carpeta están estandarizados: basta con una declaración legal firmada por el guardia de seguridad del supermercado o de la tienda en la que describa lo que vio personalmente o en la grabación de la cámara de seguridad, por ejemplo, y la boleta en la que se detalle el valor de los artículos robados. Durante mi trabajo de campo, vi controles de detención de personas que supuestamente habían robado botellas de licor, pañales, aromatizantes para vehículos, pantalones, cosméticos, mochilas, sábanas, queso, carne, abrigos y un taladro, entre otras muchas cosas de muy diverso tipo. Una vez, un joven fue detenido por haber hurtado una estufa: “sustrajo de la tienda, con ánimo de lucro y contra la voluntad de su dueño, una estufa Toyotomi avaluada en $150.000 pesos, traspasando el área de la caja sin haber pagado su valor,” señaló el fiscal en el control de detención. Mientras su abuela lloraba a mi lado, no pude evitar preguntarme cómo se las arregló el imputado para robar algo de ese tamaño. En cualquier caso, lo que ocurrió exactamente y si es que el acusado cometió realmente el delito, al menos en esta fase del tratamiento judicial del caso, no es lo que importa.

En la unidad del Ministerio Público en la que llevé a cabo mis observaciones etnográficas, los funcionarios también reciben llamadas sobre situaciones en las que una persona no fue detenida en virtud del artículo 130. Por ejemplo, una familia que regresa tras un fin de semana de vacaciones y descubre que entraron a robar a su casa, una mujer que camina por la calle y a la que alguien le arrebata corriendo la cartera, o una hija que cuenta a su madre que ha sido víctima de abuso. O un policía que llama para denunciar el caso de una mujer que habría sido violada la noche anterior, el de una madre que, al parecer, vio a su hermano y a su hija menor besándose y tocándose, el de un hombre estafado por alguien que pretendía haber secuestrado a su hijo,Footnote ¹⁵ o el de una mujer que, habiendo conseguido recientemente empleo como trabajadora doméstica, supuestamente orquesta el robo de los bienes que había dentro.

En todos estos casos, la policía llama para reportar el procedimiento de denuncia y compartir los nombres de los presuntos culpables, creando una carpeta en el sistema del Ministerio Público y, eventualmente, convirtiéndolo en objeto de una investigación posterior. Sin embargo, en ninguno de estos casos la policía detendrá al presunto culpable. “¿Por qué?” pregunté yo, pensando en todas las demás situaciones en las que la policía llamaba después de haber detenido a los sospechosos: “¿Por qué la fiscalía no ordenó a la policía que detuviera al acusado?.” La respuesta jurídica a estas preguntas es que los fiscales no pueden ordenar que se detenga a una persona; eso es prerrogativa de la policía. La respuesta sociológica a estas preguntas, sin embargo, implica una comprensión más amplia de lo que puede y no puede justificarse por la ficción de la detención en flagrancia: la cadena de autoridad, verdad y confianza que se genera al contar la historia de lo sucedido a la policía, y posteriormente a funcionarios de la fiscalía y fiscales, no aplica en estos casos. Estos casos en los que no se puede detener en flagrancia no se tratarán como delitos flagrantes y, a diferencia de los que sí, los funcionarios se asegurarán de que se recopile más información antes de la detención. En otras palabras, los fiscales van a necesitar saber más antes de comparecer frente a un juez. En estos últimos casos, en consecuencia, van a dar instrucciones a la policía respecto a qué diligencias investigativas realizar porque, en Chile, son los fiscales quienes legalmente dirigen las investigaciones penales. Los resultados de esta investigación, en cualquier caso, serán analizados por otra unidad de la Fiscalía, y no por la que describo en este texto.

Mientras que en otros casos hay ocasiones, como los juicios, para volver iterativa y recursivamente a los hechos (Scheffer Reference Scheffer2010) – para impugnarlos, para cuestionarlos, y para sostener y refutar firmas, contrafirmas, sellos y timbres, a veces más que los mismos hechos (Suresh Reference Suresh2019) – las detenciones en flagrancia ponen en marcha una serie de prácticas en las que no se discute la infracción misma: el robo, el asalto, la amenaza. En el caso de los delitos flagrantes en Chile, el tratamiento de los casos permite a los actores evitar la discusión sobre la aparente simetría entre la carpeta y el delito. La existencia de los documentos, y no tanto su contenido,Footnote ¹⁶ es lo que termina sustentando los hechos que se califican como delito flagrante. En los controles de detención, su manejo e indexación – así como su preparación previa por parte de los funcionarios – permiten que jueces, fiscales y defensores no tengan que saber más.

La idea de que el imputado fue sorprendido “en flagrancia” permite a los actores seguir “un guión para un tipo particular de colaboración” (Riles Reference Riles2011, 59), de tal manera que el carácter flagrante del delito articula y conecta a personas, cosas y prácticas de tal manera que la facticidad del delito puede pasarse por alto y quedar permanentemente “en suspenso.” El intento agónico del artículo 130 de describir todas las situaciones posibles en las que se puede encontrar a una persona cometiendo un delito de forma tan evidente ilustra la complejidad del dilema práctico al que se enfrentan los actores del sistema de justicia penal. Es muy improbable que un policía sorprenda a alguien en el preciso momento en que está cometiendo un acto delictivo: metiendo la mano en el bolsillo de un transeúnte distraído, golpeando, con rabia, a alguien, amenazando a un vecino, robando algo en el supermercado o asaltando a alguien en el parque. Por lo tanto, en lugar de describir a alguien sorprendido in fraganti, como lo define la expresión latina, la aplicación del artículo 130 pone en marcha una serie de procedimientos que permiten a los actores construir hechos jurídicos mediante prácticas documentales y disposiciones organizativas sin tener que referirse realmente a lo sucedido.

Conclusiones: Burocracias penales y su eficacia

Con los delitos flagrantes, policías, fiscales, jueces, defensores y funcionarios de las distintas oficinas involucradas pueden evitar la pregunta que abre este texto – “¿Cómo se puede estar tan seguro?” – a través de ciertas “redes material-semióticas de controversia y disputa” McGee (Reference McGee and McGee2015, 65). Aplicada inicialmente in situ por la policía, pero viajando a través de diferentes lugares físicos y simbólicos – la calle, la fiscalía y la sala de audiencias del tribunal – y movilizando ideales de discreción policial, eficiencia judicial, y equidad, el artículo 130 del Código Procesal Penal proporciona una forma práctica de poner en movimiento el sistema de justicia penal. Como una herramienta del sistema de justicia penal chileno que permite a fiscales, defensores y jueces presumir una cierta proximidad entre “la verdad” de lo que ocurrió pero fue vivido por muy pocas personas, y su tratamiento jurídico, la detención en flagrancia funciona como un tecnicismo, “una técnica para trabajar ‘por mientras’” (Riles Reference Riles2010, 803). Los actores del sistema de justicia penal saben muy bien que los acusados detenidos en flagrancia no fueron sorprendidos in fraganti, sino que fueron detenidos en virtud de una disposición legal que define el delito flagrante en términos amplios, lo que permite a la policía responder de muchas formas distintas, desde perseguir un presunto delincuente hasta llamar a la puerta de alguien a quien los vecinos acusan de haber hecho algo ilegal la noche anterior.

¿Cómo es posible que todas estas situaciones tan diversas estén cubiertas por la misma categoría práctica de delitos flagrantes? Esta categoría permite que los actores del sistema de justicia penal no tengan que saber más, que puedan “por mientras” trabajar con la información que tienen. Cuando la policía, los fiscales, los funcionarios, los abogados defensores y los jueces colaboran en la investigación de delitos cometidos en flagrancia, están tratando con hechos que se supone que han ocurrido recientemente, en los que el sistema trabajó con prontitud para capturar al presunto culpable, pues los hechos y los recuerdos de los testigos y de la policía se consideran “frescos.” Sin embargo, esta rapidez también significa que sólo puede recopilarse una cantidad limitada de información. Los hechos pueden ser recientes, pero no hay tiempo para reunir todas las posibles pruebas disponibles. De esta manera, los fiscales utilizan la información de que disponen, la que, paradójicamente, no guarda relación directa con el delito en sí: el carácter flagrante de los hechos que justificaron legalmente la detención del imputado no se aborda directamente en los procedimientos.

Sabemos que la eficacia del derecho es el resultado de la calidad de las conexiones establecidas entre personas, lugares y tiempos, ésta depende menos del contenido que de la forma – “la eficacia de la forma al generar un efecto de eficacia” (Riles Reference Riles2001, 172). Sin embargo, en el caso del derecho penal, “lograr saber lo que pasó” suele implicar el trabajo de detectives y policías que investigan y siguen pistas. A diferencia de tribunales superiores encargados de razonamientos jurídicos sofisticados, como el Consejo de Estado francés analizado por Latour (2010[Reference Latour2002]), o de tribunales administrativos que intentan determinar niveles de credibilidad y riesgo en casos de demandantes de asilo, como los estudiados por Good (Reference Good2007) en el Reino Unido, hay algo particularmente perturbador en estos casos, como los delitos flagrantes en Chile, que se presumen temporalmente muy cercanos a los hechos. Al menos en principio, “el derecho penal exige que los actores asuman la carga de tener que probar que algo, factualmente, ocurrió” (Van Oorschot and Schinkel Reference Van Oorschot and Schinkel2015, 506). ¿Y cómo lo hacen en el caso de los delitos flagrantes en Chile? Mi investigación sugiere que no necesitan probarlo. El régimen probatorio asociado a estos delitos, el que no es ni exclusivamente de orden retórico ni exclusivamente de orden material, sino más bien el resultado de una combinación de prácticas efectivas de los actores, convierte a la prueba en una cuestión de “metodología” más que de “epistemología” (Engelke Reference Engelke2008), una que les permite compartir un mismo guión de colaboración.

Por último, el artículo deja en evidencia la productividad heurística del análisis de tecnicismos jurídicos aplicado al derecho penal. Utilizado como método más que como teoría (Riles Reference Riles, Cowan and Wincott2016), el análisis de tecnicismos permite dar cuenta de fenómenos que, de otro modo, habrían quedado reducidos a variables o a lagunas entre el derecho en los libros y el derecho en acción. Cuando este enfoque se utiliza para responder a preguntas de investigación tradicionalmente asociadas con el derecho administrativo o público, y por lo tanto con el Estado – su poder, su soberanía, su autoridad –, nos volvemos más capaces de comprender las complejidades del funcionamiento del sistema de justicia penal en la práctica, en lugar de limitarnos a la oposición entre, por una parte, el Estado como entidad abstracta y los justiciables, por la otra. Al seguir los casos de delitos flagrantes en Chile a lo largo de su tratamiento por parte del sistema de justicia penal se observa que, más allá de las intenciones y las percepciones de los actores, éstos se construyen a través de una serie de prácticas que dan facticidad a los supuestos hechos precisamente por permitir suspender la pregunta respecto a qué fue lo que pasó y que generó inicialmente una detención. Al involucrar al grueso de los delitos tratados por el sistema de justicia penal chileno y afectar principalmente a los grupos más vulnerables, como el caso que describo al inicio del artículo, estas prácticas se sitúan al mismo tiempo en el centro del Estado de derecho y en los márgenes de la sociedad, y, es más, son realizadas cotidianamente por policías, funcionarios, fiscales, abogados defensores y jueces. Lo que parece ser un mero aspecto procesal de la detención de una persona en virtud del artículo 130 del Código Procesal Penal chileno contribuye a la creación de una categoría práctica de delitos en los que se vuelve posible, para los actores del sistema de justicia penal, “no tener que saber.”