La anticoncepción y el aborto han estado al centro de las disputas por los derechos sexuales y reproductivos en América Latina. Este énfasis es relevante porque, pese a avances sustantivos en las últimas décadas, muchas mujeres de la región todavía enfrentan barreras para controlar su fecundidad, decidir sobre el embarazo y ejercer autonomía en torno a la maternidad. Sin embargo, a pesar de su relevancia, este foco ha limitado la comprensión de la diversidad y complejidad de las opresiones y violencias que caracterizan las experiencias reproductivas en la región. Junto con no poder decidir si, cómo y cuándo tener hijos, muchas mujeres ven vulnerada su autonomía reproductiva por la violencia obstétrica, la coerción anticonceptiva, la esterilización forzada, las políticas eugenésicas de planificación familiar, la ausencia de seguridad social, los conflictos armados y los daños ecológicos.
En América Latina existe una importante tradición de movimientos feministas que han entrelazado las luchas por los derechos sexuales y reproductivos con las luchas por los derechos humanos y la justicia social. Por ejemplo, en países del Cono Sur, asociaciones de familiares de presos políticos, torturados y detenidos desaparecidos durante las dictaduras cívico militares como la Asociación Madres de Plaza de Mayo (Argentina), la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Chile) y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos (Uruguay), movilizaron la maternidad como identidad política para reclamar verdad y justicia en el contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
A pesar de los fuertes lazos históricos que existen entre derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos y justicia social en el contexto latinoamericano, la centralidad de la retórica de la elección individual y el foco en la anticoncepción y el aborto han limitado el abordaje epistémico y político en torno a la reproducción. Así, consideramos fundamental ampliar los marcos de entendimiento para dar cuenta de los diversos factores que dan forma a las experiencias reproductivas, incluyendo no solamente el derecho a no tener hijos, sino el derecho a tenerlos y a parentar en condiciones dignas e igualitarias.
Este artículo nace de inquietudes teóricas y necesidades epistémicas compartidas por las autoras a partir de sus experiencias de investigación sobre derechos reproductivos y justicia social en América Latina. Desde nuestras orillas de investigación, hemos observado cómo la autonomía reproductiva se extiende hacia aspectos poco cobijados por el discurso hegemónico de los derechos sexuales y reproductivos, como las experiencias reproductivas de las mujeres en contextos de crisis económicas, ambientales y humanitarias y sus posibilidades de tener y criar hijos dignamente en situaciones de pobreza, inseguridad y violencia. Ante esta disparidad, adoptamos el lente de la justicia reproductiva para pensar la autonomía reproductiva más allá de la elección individual y la exclusiva atención a la anticoncepción y el aborto.
Antes que importar la teoría de la justicia reproductiva al contexto latinoamericano, nuestro propósito es identificar las conexiones entre esta tradición y los aportes epistemológicos de los feminismos interseccionales y comunitarios en América Latina. Con un importante legado de pensamiento y movilización feminista, esta región ha sido cuna de una importante tradición teórica y política que vincula la discusión acerca de la reproducción con los legados de la colonialidad, la conexión entre el cuerpo y el despojo de los territorios y la desigualdad socioeconómica, entre otros aspectos. Rescatamos que en América Latina existe conocimiento que ha cuestionado la centralidad liberal de la elección individual y ha enfatizado la necesidad de observar las condiciones estructurales que hacen, o no, posible el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Muchas de estas propuestas comparten cimientos teóricos con el marco de justicia reproductiva al articular disputas por condiciones dignas para la reproducción y la sostenibilidad de la vida. Al mismo tiempo, concordamos con Nolan (Reference Nolan2022) en que la justicia reproductiva permite avanzar los debates sobre derechos reproductivos en América Latina con un foco renovado en las experiencias vividas de las mujeres, especialmente de aquellas de comunidades indígenas y afrodescendientes, que con frecuencia han sido excluidas de las historias sobre derechos sexuales y reproductivos en la región.
En lo que sigue, reflexionamos acerca de las posibilidades que abre la justicia reproductiva para entender la relación entre derechos reproductivos y justicia social en América Latina. Partiendo de casos empíricos asociados a la institucionalización de políticas eugenésicas, la precarización neoliberal de la vida y la degradación medioambiental en Chile, Colombia y Perú, consideramos las continuidades y los quiebres que se producen al poner en diálogo el marco de los derechos sexuales y reproductivos con las realidades sociales de América Latina. A través de estas reflexiones, también intentamos reconocer las teorizaciones de activistas y movimientos de mujeres en la región, quienes han formulado el debate sobre la autonomía reproductiva desde un lenguaje que reclama una vida digna y libre de violencia.
Justicia reproductiva: Más allá de la anticoncepción y el aborto
La justicia reproductiva es un marco de acción política y reflexión teórica para abordar comprensivamente experiencias reproductivas incluyendo sexualidad, fertilidad, embarazo, parto y crianza (Ross y Solinger Reference Ross and Solinger2017). Este marco surge en la década de los noventa en Estados Unidos a partir del trabajo de distintas organizaciones nativoamericanas, afroamericanas, latinoamericanas y asiaticoamericanas preocupadas por las opresiones reproductivas vividas por mujeres racializadas y orientadas a mejorar la vida reproductiva de comunidades marginalizadas. El término justicia reproductiva fue acuñado en 1994 por doce feministas negras pertenecientes al movimiento por la salud y los derechos reproductivos al alero de la tradición del Combahee River Collective (Ross Reference Ross2017a). La primera organización que promovió activamente la justicia reproductiva fue SisterSong Women of Color Reproductive Justice Collective, fundada en Atlanta en 1997.Footnote 1 Desde entonces, la justicia reproductiva ha inspirado un centenar de iniciativas académicas, políticas y comunitarias en Norteamérica y el mundo.
La justicia reproductiva es una expresión de disidencia dentro del movimiento conocido como pro-choice en los Estados Unidos. Este movimiento buscaba proteger el aborto legal después de la decisión de la Suprema Corte en el caso Roe v. Wade en 1973 que determinó que la prohibición del aborto constituía una violación al derecho a la privacidad y la 14ava enmienda de la Constitución, que garantiza la protección igualitaria de las personas. Sin embargo, “para las feministas racializadas y feministas blancas que abogaban por el derecho al aborto dentro de un marco más amplio que incluía una crítica a las políticas de control de población, el movimiento ‘pro-choice’ resultaba limitado” (Silliman et al. Reference Silliman and Malena2016, 10).Footnote 2 Haciendo eco del feminismo negro para desmontar la noción de mujer como categoría universal, estas feministas observan que el movimiento pro-choice opaca la diversidad de experiencias reproductivas como producto del entrecruce de distintos ejes de diferenciación social como clase, raza, etnia, género, nacionalidad, capacidad, entre otros (Ross Reference Ross2017a). Al centrarse en el concepto de choice (elección, en castellano), este movimiento se sitúa en una tradición neoliberal que asume la existencia de un mercado de opciones entre las cuales es posible elegir libremente (Silliman et al. Reference Silliman and Malena2016; Solinger Reference Solinger2001). Esto ignora el contexto social y las desigualdades estructurales que definen ventajas y desventajas para elegir experiencias reproductivas asociadas al embarazo, el aborto y la maternidad (Ross Reference Ross2017a).
Desde el marco de la justicia reproductiva, entonces, la pregunta clave es: ¿quién tiene la capacidad de ejercer el derecho a elegir y bajo qué condiciones? Las mujeres con menos recursos culturales, sociales y económicos no tienen la misma capacidad para determinar si desean tener o no tener hijos. Para mujeres cuyas comunidades sobrellevan altas tasas de desempleo y pobreza, junto al bajo acceso a anticoncepción y atención de salud oportuna, el aborto es raramente experimentado como un acto de libertad o elección reproductiva (Di Chiro Reference Di Chiro2008). Más aun, las feministas afroamericanas llaman la atención sobre la historia de políticas eugenésicas de control poblacional y regulación obligatoria de fecundidad, documentando, por ejemplo, cómo las mujeres que accedían a programas de asistencia social eran forzadas a aceptar una ligadura de trompas si querían mantener sus beneficios sociales.
Estos escenarios muestran que elegir es un acto mediado por la posición de cada persona en la estructura social. Asimismo, ponen en evidencia la estratificación de la reproducción (Ginsburg y Rapp Reference Ginsburg and Rapp1996) y la existencia de normas sociales que distribuyen asimétricamente el valor de las personas, la autonomía reproductiva y el derecho a (no) tener hijos. Con frecuencia, estas normas se entrelazan con políticas eugenésicas que incentivan la maternidad de mujeres blancas, casadas, y de clase y edad media, a la vez que desincentivan y castigan la maternidad de mujeres negras, indígenas, lesbianas, solteras, pobres, adolescentes, migrantes, con discapacidad o privadas de la libertad.
Es por ello que la justicia reproductiva articula el derecho a la autonomía sobre el propio cuerpo y el derecho a no tener hijos, con otros dos principios fundamentales como el derecho a tener hijos, y el derecho a criarlos en entornos dignos, seguros y saludables (Ross y Solinger Reference Ross and Solinger2017). El movimiento de justicia reproductiva afirma que el ejercicio de los derechos reproductivos apunta no solo a la importancia de garantizar un acceso oportuno a los medios para prevenir o interrumpir un embarazo, sino también a la realización de otros objetivos sociales, económicos y ambientales que aseguren un salario digno, vivir en un entorno con acceso a guarderías, salud, educación y vivienda de calidad, y un ambiente saludable libre de contaminación y violencia. La justicia reproductiva pone el foco entonces en la equidad, la cual solo podrá lograrse considerando el contexto social en donde las elecciones individuales se realizan (Di Chiro Reference Di Chiro2008). Desde esta perspectiva, el Estado tiene la obligación no solo de no interferir con la autonomía reproductiva, sino también de contribuir a garantizar las condiciones para que las mujeres pongan en práctica sus elecciones reproductivas con apoyo y sin coerción.
Derechos reproductivos y justicia social en América Latina
La perspectiva de la justicia reproductiva surge en la sociedad norteamericana, pero es también producto de intercambios de saberes entre feministas de diferentes regiones durante encuentros como la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en el Cairo (1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995) (Luna Reference Luna2020). Asimismo, como lo narra Briggs (Reference Briggs2022, 4), la emergencia del marco de la justicia reproductiva necesitó de “dos innovaciones en el pensamiento político del movimiento global de mujeres: la articulación de los derechos reproductivos en 1984 y la vinculación de los derechos de las mujeres a los derechos humanos”. Vale recordar que este último logro tuvo su origen en la lucha del feminismo panamericano, protagonizada por activistas latinoamericanas (Marino Reference Marino2021). Y es que las nociones centrales de la justicia reproductiva no son nuevas para los feminismos latinoamericanos, que históricamente han articulado perspectivas críticas sobre el paradigma de los derechos sexuales y reproductivos, problematizando las tensiones entre libertad individual y justicia social (Correa y Petchesky Reference Correa and Petchesky1996; Reis Brandão y Da Silva Cabral Reference Reis Brandão and Cabral2021).
No movilizamos de manera acrítica el concepto de justicia reproductiva para explorar las realidades reproductivas de América Latina. Por el contrario, lo hacemos en diálogo con la geopolítica del conocimiento que cuestiona el carácter universal que a menudo se atribuye a las categorías, conceptos y metodologías eurocéntricas (Lander 2003>; Mignolo Reference Mignolo2002). Como señala Lander (2003), los marcos universales corren el riesgo de convertirse en proposiciones normativas que dictan un único deber ser para todos los contextos. Nuestro objetivo, por lo tanto, no es presentar la justicia reproductiva como un marco universal, sino más bien proponer un análisis que catalice un diálogo entre la justicia reproductiva y los marcos existentes en América Latina, como los feminismos comunitarios (Cabnal Reference Cabnal2018), los feminismos decoloniales (Villaroel Reference Villaroel and Yetzy2019; Lugones Reference Lugones2011) y la perspectiva cuerpo-territorio (Ulloa Reference Ulloa2024).
Nuestra propuesta de viajar con la justicia reproductiva implica someterla a una revisión crítica desde los contextos latinoamericanos, explorando tanto sus posibilidades epistemológicas como sus límites (Mignolo Reference Mignolo2002). Como señala Briggs (Reference Briggs2022), la justicia reproductiva nació transnacional y en sus viajes encuentra nuevas interpretaciones, apropiaciones y transformaciones por parte de feministas, activistas y académicas en diversas localidades. Estos viajes también generan contestaciones que emergen de las condiciones locales en las que aterriza.Footnote 3 Esto requiere que la justicia reproductiva sea localizada para que refleje los paisajes reproductivos de América Latina, configurados por la colonialidad y sus estructuras raciales, de género y de clase que impactan las vidas de personas y comunidades indígenas, campesinas, negras, travestis y trans (Briggs Reference Briggs2002; Colón Warren Reference Colón Warren2023; Fernández Romero Reference Fernández Romero2020). Transformar la justicia reproductiva desde estas perspectivas implica no solo abordar las injusticias reproductivas moldeadas por el capitalismo racial y colonial, sino también construir resistencias basadas en epistemologías indígenas y decoloniales. Asimismo, las realidades de la región, marcadas por conflictos armados y dictaduras que han impactado profundamente la libertad reproductiva (Centro de Derechos Reproductivos y Universidad del Valle 2020; Algora Reference Algora2022; Sánchez Parra Reference Sánchez2024; Briggs Reference Briggs2012), subrayan la necesidad de una versión de la justicia reproductiva que refleje la particularidad de las vivencias latinoamericanas para ampliar los repertorios teóricos para dar sentido a las intersecciones entre derechos sexuales y reproductivos y justicia social. Entonces, siguiendo a Reis Brandão y Da Silva Cabral (Reference Reis Brandão and Cabral2021), nuestra propuesta no se orienta a sustituir una perspectiva por otra, sino más bien a integrarlas para fortalecer su capacidad epistémica y política para avanzar en derechos sexuales y reproductivos en la región.
Esta propuesta nos demanda rescatar las importantes contribuciones recientes que la academia y los activismos en América Latina han realizado en torno a la justicia reproductiva. Fernández Romero (Reference Fernández Romero2020) y Roldán Ruiz (Reference Roldán Ruiz2023) utilizan la gramática de la justicia reproductiva para exponer los desafíos del acceso al aborto en contextos patriarcales y cisexistas en Argentina y México. Vasquez del Aguila (Reference Vasquez del Aguila2022) y Colón Warren (Reference Colón Warren2023) se apoyan en la justicia reproductiva para deconstruir las violencias asociadas a las esterilizaciones como parte de políticas eugenésicas de control de la natalidad en Perú y Puerto Rico. Utilizando el marco de la justicia reproductiva, Kimball (Reference Kimball2020) demuestra también cómo las luchas por derechos sexuales y reproductivos de mujeres indígenas en Bolivia desbordan las demandas por anticoncepción y aborto, y reclaman mejores condiciones para poder criar en ambientes sanos, seguros y sostenibles.
Marcus-Delgado (Reference Marcus-Delgado2019), Roth (Reference Roth2020) y Fonseca y Scalco (Reference Fonseca and Scalco2023) también recurren al marco de la justicia reproductiva para problematizar las complejas intersecciones entre género, raza y pobreza en países como Brasil, demostrando no solo cómo el aborto puede expresar una falta de medios económicos para sostener a la propia familia, sino también cómo prácticas como la remoción de recién nacidos después del parto vulneran el derecho de mujeres negras y pobres a ser madres. La justicia reproductiva también ha sido una perspectiva fértil para problematizar la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos en contextos de pandemia y crisis sanitaria. A través de esta perspectiva, Reis Brandão y Da Silva Cabral (Reference Reis Brandão and Cabral2021) develan la erosión de la planificación reproductiva y las garantías de embarazo y parto seguro durante la pandemia del COVID-19 en Brasil, y Stern (Reference Stern2016) pone de manifiesto la falta de condiciones dignas para el cuidado de niños afectados por el virus del Zika, también en Brasil.
En América Latina, la justicia reproductiva también ha sido impulsada por diversos movimientos feministas y organizaciones comunitarias que luchan por el derecho a no tener hijos, pero también a tener hijos y criarlos en entorno sanos, seguros y dignos. Por ejemplo, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) y el Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ) han movilizado las gramáticas de la justicia sexual y reproductiva para promover los derechos de las mujeres, jóvenes, adolescentes, y niñas indígenas en relación al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la salud materna, la educación sexual integral, el embarazo infantil y adolescente, y las violencias de género (ECMIA 2023).
Aunque sin referirse de manera explícita a la justicia reproductiva, organizaciones comunitarias y de la sociedad civil en la región como el movimiento Causa Justa por el Aborto (Colombia), el Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad (Perú) y Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero - Puchuncaví en Resistencia (Chile), entre otras, también promueven el derecho a gestar, parir y criar en condiciones dignas, seguras y sostenibles.
Infertilidad estructural: Eugenesia, neoliberalismo y extractivismo
En este artículo proponemos el marco de justicia reproductiva como una herramienta epistémica que nos permite pensar más allá de la anticoncepción y el aborto para entender tanto el derecho a tener y criar hijos como las condiciones sociales que hacen posible la perpetuación de la vida. Como señalan Ross y Solinger (Reference Ross and Solinger2017, 169), la justicia reproductiva “hace conexiones entre muchas cuestiones de justicia social que parecen no estar relacionadas con los derechos reproductivos y con los puntos de vista tradicionales de la política reproductiva”. En esta sección, fijamos la mirada en tres condiciones estructurales que vulneran el derecho a tener hijos en condiciones dignas, seguras y sostenibles en América Latina, específicamente, las políticas eugenésicas de planificación familiar, la precarización neoliberal de la vida, y la expansión de las industrias extractivas y la degradación medioambiental.
Para ello, presentamos ejemplos empíricos de nuestras propias investigaciones situadas en Chile, Colombia y Perú, a través de los cuales exponemos condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales que restringen la autonomía reproductiva. Nos focalizamos en estos tres casos porque son los países en los que hemos desarrollado investigación empírica durante los últimos diez años, pero también porque en ellos se articulan, con particular claridad, algunas de las condiciones estructurales que lesionan el derecho a tener hijos en condiciones dignas, seguras y sostenibles en la región. Estos casos no pretenden ser representativos de la diversidad de experiencias reproductivas en América Latina, pero sí comparten semejanzas con los desafíos a la creación y sostenibilidad de la vida que se evidencian en otros países de la región. Es por eso que complementamos los ejemplos empíricos de nuestras propias investigaciones con otras investigaciones afines en América Latina, para así robustecer el análisis integrando una perspectiva comparada que permita una mayor transversalización de los hallazgos.
Las investigaciones empíricas a las que referimos en esta sección fueron desarrolladas en Chile, Colombia y Perú entre 2016 y 2025. Estas investigaciones utilizaron una metodología cualitativa y un enfoque etnográfico para producir datos densos y situados sobre experiencias de vulneración y violencia reproductiva. Las investigaciones realizadas en Chile utilizaron entrevistas semiestructuradas e historias de vida para comprender la reconfiguración de la maternidad en el contexto de la consolidación de un modelo neoliberal y la precarización de la vida en Santiago de Chile. Las investigaciones realizadas en Colombia utilizaron observaciones participantes, entrevistas en profundidad, historias de vida y trabajo de archivo para explorar cómo los conflictos armados y las crisis ambientales afectan la vida reproductiva de comunidades desaventajadas en el caribe. Las investigaciones realizadas en Perú utilizaron técnicas etnográficas, entrevistas cualitativas, trabajo de archivo y técnicas audiovisuales para analizar la esterilización forzada de mujeres campesinas en Cajamarca y Cuzco, la gobernanza reproductiva en torno al aborto en Cajamarca y los efectos de la contaminación en la reproducción en Cerro Pasco.
Eugenesia y violencias reproductivas
En América Latina, las políticas de planificación familiar han estado fuertemente entrelazadas con políticas eugenésicas de control de la población orientadas a gobernar la sexualidad y la reproducción de comunidades precarizadas y marginalizadas como estrategia para modernizar la nación y consolidar la dominación de las élites, la explotación extractivista y el crecimiento económico. Estas prácticas de regulación de la reproducción han tenido diversas expresiones como la esterilización forzada de mujeres y población indígena en México (Sánchez-Rivera Reference Sánchez-Rivera2022) y Perú (Boesten Reference Boesten2007; Chaparro-Buitrago Reference Chaparro-Buitrago2022), la esterilización forzada de mujeres con discapacidad en Colombia (Molinares Torres Reference Molinares2020) y Chile (Yupanqui-Concha et al. Reference Yupanqui-Concha, Aranda-Farias and Ferrer-Pérez2021), el uso experimental y forzado de anticonceptivos en Puerto Rico (Briggs Reference Briggs2002) y las adopciones forzadas en Chile (Alfaro Monsalve Reference Alfaro Monsalve2022) y Argentina (Villalta Reference Villalta2010).
En Chile, las adopciones forzadas durante la dictadura cívico-militar (1973–1990) dan cuenta de complejas intersecciones entre violencias de género, violencias políticas y violencias reproductivas, ejemplificando la vulneración del derecho de algunas mujeres a ser madres y criar a sus hijos. Durante esta época mujeres jóvenes, solteras, pobres, rurales, indígenas y militantes de izquierda, fueron víctimas de la sustracción irregular de sus hijos sin consentimiento y bajo coerción. Como señala Alfaro Monsalve (Reference Alfaro Monsalve2022), estas prácticas se llevaron a cabo a través de la falsa notificación de fallecimiento de sus hijos durante el parto, el traslado a otros establecimientos de salud, el hostigamiento de enfermeras y trabajadoras sociales, la apropiación de los niños en guarderías, la persuasión de entregar a sus hijos a instituciones cuidadoras y la inhabilitación judicial para ejercer la maternidad.
Estas adopciones forzadas estuvieron entrelazadas con distintos mecanismos de control de la población y planificación familiar Las sustracciones irregulares de menores fueron realizadas sistemáticamente con la finalidad de restringir el nacimiento de hijos ilegítimos e inhabilitar a familias pobres para ejercer la crianza en un contexto de implementación autoritaria de un régimen neoliberal (Alfaro Monsalve Reference Alfaro Monsalve2022). A su vez, las adopciones forzadas fueron una estrategia geopolítica implementada a partir de la articulación de cadenas globales de explotación reproductiva para establecer relaciones de proximidad diplomática con países de América del Norte y Europa en un contexto de aislamiento y condena internacional por las violaciones a los derechos humanos (Selman Reference Selman2002).
Casos similares de adopciones irregulares y sustracción de menores ocurrieron también durante periodos de violencia política en otros países de la región como Argentina (Villalta Reference Villalta2010) y Guatemala (Briggs Reference Briggs2012; Nolan Reference Nolan2024). A estos casos se suman la separación de niños indígenas en contextos de explotación laboral racializada en Brasil (Morais Soares Reference Morais Soares2025), así como también las violencias reproductivas que tienen lugar durante los conflictos armados en América Latina (Algora Reference Algora2022; Boesten y Gavilán Reference Boesten and Gavilán2023; Centro de Derechos Reproductivos y Universidad del Valle 2020; Dávila et al. Reference Dávila, Chaparro and Martínez2019; Sánchez Parra Reference Sánchez2024). Las violencias que convergen en las adopciones forzadas raramente han sido conceptualizadas como una vulneración a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En este sentido, la justicia reproductiva aporta un marco epistémico para abordar las adopciones forzadas como una vulneración a la reproducción en tanto estas prácticas lesionan el derecho de las mujeres a tener hijos y criarlos en contextos dignos, seguros y libres de violencia.
La esterilización no consentida de mujeres con discapacidad en Colombia configura otra de las expresiones de violencia reproductiva que desborda los límites de la autonomía reproductiva entendida desde la anticoncepción y el aborto. En América Latina, los movimientos eugenésicos tuvieron como rasgo compartido el uso de las teorías sobre la herencia para controlar las prácticas reproductivas, mejorar la raza humana y mantener su pureza (Levine y Bashford Reference Levine and Bashford2010). Con su surgimiento y expansión a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la conexión entre herencia, genética y discapacidad se convirtió en un importante foco de intervención médica. Las colonias para las personas con discapacidad cognitiva, la esterilización no consentida, o medidas aparentemente más benévolas como los bonos para familias, los certificados matrimoniales y la puericultura, fueron utilizadas para garantizar que aquellos cuerpos considerados “aptos” pudieran reproducirse y que los “inaptos” no pudieran hacerlo (Levine y Bashford Reference Levine and Bashford2010).
Si bien en Colombia la eugenesia no fue institucionalizada como en otros países latinoamericanos, elementos eugenésicos formaron parte de su orden jurídico hasta hace poco (Olaya-Peláez Reference Olaya-Peláez2022). El Estado colombiano aceptaba la esterilización forzada de personas con discapacidad intelectual bajo la figura de la interdicción, definida como “la sustracción de la capacidad jurídica de una persona por medio de la declaración de la discapacidad mental absoluta” (PAIIS 2016, 14). Como lo expresa Lozano Ruiz (Reference Lozano and Camila2017), la interdicción “nos quita todos los derechos a las personas con discapacidad (…) no podemos casarnos, no podemos tener cuentas bancarias, ni manejar nuestro propio dinero, no podemos decidir sobre nuestros bienes y, ni siquiera, podemos decidir sobre los procedimientos médicos a los que queremos, o no, ser sometidos”. La interdicción limita la posibilidad de las personas con discapacidad de tomar decisiones sobre su sexualidad y reproducción, incluyendo el uso de anticonceptivos y métodos quirúrgicos como la esterilización. La finalidad de la esterilización es prevenir embarazos no deseados producto de abuso sexual, pues se asume que las personas con discapacidad no pueden decidir sobre su vida sexual (Molinares Torres Reference Molinares2020). Esta proposición sedimenta la conexión entre la capacidad biológica para la reproducción con el ser mujer, pero lo hace de manera perversa al prevenir que las mujeres con discapacidad sean madres.
La justicia reproductiva reconoce que la discapacidad ha sido utilizada para restringir los derechos sexuales y reproductivos de este grupo de personas bajo la premisa de que “darían a luz a niños con discapacidades considerados indeseables y una fuga de recursos a los ojos de la sociedad capitalista” (O’Connell Reference O’Connell2017, 305). A su vez, la justicia reproductiva demanda apoyo público para acciones relevantes en la vida de las personas (Ross y Solinger Reference Ross and Solinger2017) y es por ello que la posibilidad de las personas con discapacidad de decidir sobre su vida reproductiva debe ser garantizada por el Estado (PAIIS 2016). Así mismo, debe garantizar ajustes que faciliten la toma de decisiones sobre la fertilidad y la vida sexual, teniendo en cuenta las condiciones espaciales y socioeconómicas de la persona y su entorno inmediato (Molinares Torres Reference Molinares2020). Como lo notan Ross y Solinger (Reference Ross and Solinger2017, 204–205) “la necesidad de servicios de apoyo integrales para [las personas] con discapacidad y sus cuidadores es absolutamente una reivindicación de justicia reproductiva”. Así, la justicia reproductiva permite afirmar una agenda de justicia social, económica, racial y de género para las personas con discapacidad.
Neoliberalismo y precarización de la vida
En América Latina, la imposición forzada de un modelo neoliberal significó no solo la reorganización de la economía basada en los principios del libre mercado y autorregulación a través de la competencia, sino también una reestructuración de la vida. A través de la colonización de distintas esferas por la lógica de mercado, la erosión de la seguridad social, la subsidiariedad de las políticas públicas, la despolitización de la sociedad civil y la individualización del riesgo y la inseguridad, el neoliberalismo implicó una mercantilización y precarización de la vida (Gago Reference Gago2015) que afectó con fuerza la autonomía reproductiva de las mujeres y su derecho a tener hijos en condiciones dignas, justas y seguras. Chile es un caso paradigmático de la implementación del neoliberalismo en América Latina y las consecuencias de estas transformaciones estructurales sobre la justicia reproductiva pueden observarse con claridad en la práctica de cesáreas y la postergación de la maternidad.
Chile es uno de los países con la tasa de cesáreas más altas del mundo. En el año 2021 las cesáreas representaron el 59 por ciento de los nacimientos en el país, porcentaje que alcanza el 62 por ciento de los nacimientos en el sistema privado (Sadler y Leiva Reference Sadler, Leiva, Davis-Floyd and Premkumar2023). Esta cifra excede con creces la tasa de cesáreas recomendada por la Organización Mundial de la Salud (Reference Organización2015), entre un 10 y un 15 por ciento. En casos con justificación médica, las cesáreas pueden ser un medio efectivo para reducir la mortalidad infantil y materna durante el parto. Sin embargo, las cesáreas también pueden implicar riesgos de salud a mediano y largo plazo para el bebé, como problemas respiratorios y lesiones quirúrgicas, y para la madre como infecciones, pérdida de sangre, reacciones a la anestesia, coágulos sanguíneos, lesiones quirúrgicas y aumento de riesgos en embarazos futuros (Souza et al. Reference Souza, Gülmezoğlu, Lumbiganon, Laopaiboon, Carroli, Fawole y and Pang Ruyan2010). Es por ello que las cesáreas pueden ser consideradas una forma de violencia obstétrica cuando se practican sin justificación médica y sin el consentimiento de la madre (Smith-Oka Reference Smith-Oka2022).
La práctica excesiva de cesáreas en Chile no puede ser comprendida al margen de la privatización del sistema de salud y como parte de la implementación de un modelo neoliberal. Estudios sobre las dinámicas culturales, sociales y económicas de las cesáreas en Chile indican que los principales factores que sostienen esta práctica son la posibilidad de agendar anticipadamente las intervenciones para tener una gestión más eficiente del tiempo de trabajo, así como los incentivos monetarios que ginecólogos y obstetras reciben por cada procedimiento en instituciones privadas (Sadler y Leiva Reference Sadler, Leiva, Davis-Floyd and Premkumar2023). La lógica económica ha permeado hasta tal punto el parto que algunos profesionales médicos refieren que los partos vaginales causan un “daño económico” (Sadler y Leiva Reference Sadler, Leiva, Davis-Floyd and Premkumar2023). La mercantilización del parir, como un claro ejemplo de la neoliberalización del sistema de salud y su efecto sobre la alta tasas de cesáreas, representa una trasgresión de los principios de la justicia reproductiva, en tanto la primacía de criterios de eficiencia de tiempo y ganancia económica limita la autonomía de las madres sobre las condiciones para tener a sus hijos y aumenta su vulnerabilidad a la violencia ginecobstétrica.
Durante la última década, Chile también ha evidenciado importantes transformaciones reproductivas caracterizadas por un fuerte aumento de la postergación de la maternidad. En un estudio reciente, Yopo Díaz (Reference Yopo Díaz2023) muestra que el porcentaje de mujeres que se convierte en madres después de los treinta años ha aumentado de un 12,9 por ciento en 2008 a un 23,6 por ciento en 2018, cifra que prácticamente se ha duplicado durante la última década. Si bien la postergación de la maternidad suele interpretarse como un indicador de mayor autonomía reproductiva, esta práctica no puede comprenderse al margen de la precarización de las condiciones sociales para tener y criar hijos. La erosión de la seguridad social, la subsidiariedad de las políticas públicas y la privatización de los servicios básicos como ejes del modelo neoliberal, desarticularon los soportes públicos para la reproducción. No es casualidad entonces que solo el 20 por ciento de las mujeres en Chile considere que la sociedad las apoya para tener hijos (Pontificia Universidad Católica 2024). Una de las consecuencias de la neoliberalización de la maternidad ha sido la privatización de los costos y responsabilidades del cuidado de los hijos. Pese a algunos avances en políticas públicas, la mayoría de las mujeres debe recurrir a estrategias privadas para satisfacer las necesidades de cuidado, como contratar la fuerza de trabajo de otras mujeres menos calificadas y recurrir a redes familiares. Esta privatización del cuidado se vuelve crítica en un contexto donde los costos de servicios sociales básicos como salud, educación y vivienda son extremadamente altos.
Esta precarización de la seguridad social afecta las intenciones y prácticas reproductivas de las mujeres (Yopo Díaz Reference Yopo Díaz2021). Realizando trabajo de campo, una de las autoras observó cómo, al pensar en la maternidad, muchas mujeres se preguntaban con preocupación cómo van a pagar una buena escuela, las cuentas del hospital o un arriendo en un barrio seguro. A conclusiones similares han llegado estudios que han explorado la postergación de la maternidad en otros países de la región como Colombia (Ramírez et al. Reference Ramírez, Tribín, Camelo and Pinilla2024). En este sentido, la postergación de la maternidad se suma al conjunto de tácticas que despliegan las mujeres latinoamericanas para proteger a sus hijos y salvaguardar la familia en contextos caracterizados por la pobreza, la inseguridad y la violencia (Zubillaga et al. Reference Zubillaga, Llorens and Souto2019). Así, la postergación de la maternidad constituye también un ejemplo de injusticia reproductiva, pues refleja crecientes limitaciones a la capacidad de las mujeres para decidir si tener hijos, así como también a sus posibilidades de criarlos en entorno dignos, seguros y sostenibles.
Aunque el exceso de cesáreas y la postergación de la maternidad son claras expresiones de condiciones adversas para la reproducción en contextos neoliberales, raramente son consideradas en los reclamos por los derechos sexuales y reproductivos. Ambos fenómenos demuestran los límites epistémicos de la autonomía reproductiva entendida únicamente desde la anticoncepción y el aborto para dar cuenta de las violencias e injusticias que afectan a las mujeres. Frente a ellos, la justicia reproductiva aporta una perspectiva epistemológica fértil para abordar la precarización y privatización neoliberal como un obstáculo para la reproducción, volviendo inteligibles las dificultades que enfrentan las mujeres para parir y criar en condiciones dignas, justas y seguras.
Extractivismo y degradación medioambiental
El extractivismo es un modelo de desarrollo basado en la explotación de la naturaleza que históricamente ha dominado América Latina. Este modelo está basado en un modo de producción —apropiación, diría Gudynas (Reference Gudynas2015)— que consiste en la remoción de alta intensidad de recursos naturales orientados a la exportación (Svampa Reference Svampa2019). Este tipo de producción alimenta un entramado económico escasamente diversificado que caracteriza la dependencia de estos países al mercado internacional y configura un aparato estatal orientado a asegurar la reproducción del modelo. La débil formación de lo que Orihuela (Reference Orihuela2021) llama un “Estado verde”, ha provocado que, en varios países de la región, muchas comunidades no solo sean afectadas, sino que se vean obligadas a convivir con los daños ambientales de la actividad extractiva. Aunque los daños y conflictos socioambientales producto del extractivismo han estado en el centro del debate en América Latina, sus impactos en la reproducción han sido menos discutidos. En este apartado, nos centramos en analizar los impactos del extractivismo y la degradación medioambiental en Perú y Colombia.
Un caso emblemático en el que se observa la interrelación entre distintos tipos de injusticia reproductiva en Perú, desde la afectación de la capacidad biológica de reproducirse hasta la reproducción social de los modos de vida, es el de las cuencas contaminadas por petróleo de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes, Marañón y Chambira en la región amazónica de Loreto. Entre 2008 y 2016 hubo once derrames de petróleo a lo largo del Oleoducto Norperuano que atraviesa este territorio. Un estudio toxicológico realizado el 2015 mostró la presencia de metales pesados como arsénico y mercurio en el 30 por ciento de la población. Cuninico es una de las comunidades indígenas cercanas al oleoducto enfrascada en un proceso crónico de posdesastre, en donde las fuentes de agua y los suelos se encuentran severamente contaminados. Como describen Delgado y Martínez (Reference Delgado and Martínez2020), las mujeres han sido las más afectadas. Por un lado, la contaminación del agua ha afectado su fertilidad, ha favorecido la aparición de enfermedades crónicas en sus hijos y las ha empujado a una búsqueda permanente de otras fuentes limpias de agua. Por otro lado, al volver imposible la pesca, ha desaparecido una de las principales fuentes de ingresos económicos de los hogares. Esto ha expulsado a los hombres fuera de la comunidad en búsqueda de trabajo remunerado, forzando a las mujeres a buscar ingresos económicos complementarios. Este caso refleja dinámicas observadas en otros escenarios de contaminación ambiental (Hoover Reference Hoover2018), en donde la afectación de la reproducción de especies animales, está estrechamente ligada a la reproducción económica, social y cultural de los seres humanos.
Otro ejemplo en el que la violencia ejercida contra las comunidades y contra la tierra se entrelaza con la alteración de la capacidad de reproducir los modos de vida puede observarse en comunidades impactadas por la gran minería. Este es el caso de Tual, una comunidad campesina de Cajamarca, vecina de Yanacocha, una de las minas de oro más grandes de Perú. Li (Reference Li2009) narra cómo, a raíz de la actividad minera, el agua del canal de irrigación que abastecía a la comunidad se volvió no apta para el consumo humano, afectando también los pastos y el ganado. Esto socavó la capacidad de las mujeres de contribuir a la economía familiar a través de la venta de leche y volvió a las familias más dependientes de los beneficios, empleos, compensaciones y donaciones de la mina. Un escenario similar se observa en la provincia de Espinar, donde opera la mina Tintaya-Antapaccay. Allí, la contaminación de las aguas afecta la capacidad de reproducción del ganado y, con ello, la reproducción de los modos de vida de las familias campesinas. En sucesivas mesas de diálogo con la empresa y el Estado, los campesinos —sobre todo mujeres— muestran los fetos muertos de sus alpacas como evidencia de la contaminación y, al mismo tiempo, como un proxy del impacto en sus propios cuerpos. Al trazar dicha equivalencia, ponen énfasis en la interdependencia que sostiene y fractura la reproducción de distintas formas de vida (Rodríguez y Orihuela Reference Rodríguez and Carlos Orihuela2023).
Una situación similar tiene lugar en Colombia. Allí, la degradación ambiental no puede entenderse lejos de un aparato guerrerista que funcionó y funciona bajo una lógica en la que el cuerpo de las mujeres es tan apropiable como los recursos de la tierra, dejando a su paso una profunda cicatriz de violencias sexuales y reproductivas (Dávila et al. Reference Dávila, Chaparro and Martínez2019). Las muchas formas de la guerra impulsaron prácticas devastadoras del territorio, un territorio que guarda un vínculo vital, ancestral y biocultural con las comunidades que lo habitan. El conflicto armado, por ejemplo, avaló la convivencia entre actores económicos y grupos armados, muchos de los cuales infundieron miedo entre las comunidades con el fin de que proyectos extractivos a gran escala se llevaran a cabo sin resistencia (Comisión de la Verdad Reference Comisión2022, 166). La conjugación entre violencia armada y degradación ambiental ha producido distintos daños en la vida reproductiva de mujeres y niñas, especialmente de aquellas que habitan zonas rurales, donde el mandato de grupos armados, la desposesión y la falta de infraestructura, ha provocado inmensos quiebres en su búsqueda por lograr vidas y reproducciones dignas.
Otra manifestación de cómo la intersección entre violencia armada y degradación ambiental afecta las vidas reproductivas es la guerra antinarcóticos que el gobierno colombiano ha adoptado como política de Estado y cuyo principal instrumento ha sido la aspersión aérea con glifosato. Este herbicida es utilizado para la erradicación forzosa de cultivos de coca, muchos de ellos pertenecientes a campesinos sin otra forma de subsistencia. La aspersión aérea con glifosato se instauró en 2002 a través del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) para erradicar los cultivos de uso ilícito en zonas rurales. La imagen de aviones militares que riegan este líquido tóxico sobre hectáreas de cultivos de coca ha sido el retrato del terror para quienes viven en zonas aledañas o trabajan como sembradores o recogedores de hoja de coca. Son ellos quienes han visto los daños de la aspersión aérea en sus cuerpos y reproducción. El glifosato ha quebrado la tierra, la ha dejado estéril e improductiva, como lo menciona un líder campesino: “dejaron la tierra estéril. Ahora son tierras estériles, muy malas (…) No tienen cultivos (…) No sirve para nada: ni paja crece” (Comisión de la Verdad Reference Comisión2022, 173).
Con el empobrecimiento de la tierra, el glifosato también ha empobrecido a las familias que viven de ella. A esto se suman los efectos nocivos que tiene este herbicida en la salud, particularmente en la salud reproductiva. Una investigación del Centro de Derechos Reproductivos y la Universidad del Valle (2020, 7) concluyó que existe un claro patrón de los efectos nocivos del glifosato en la salud reproductiva “entre los que pueden enlistarse efectos en la fertilidad (niveles hormonales, normalidad histológica de tejido reproductivo y espermatogénesis), aborto, efectos perinatales y efectos transgeneracionales”. Según este reporte, durante los últimos veinte años se han identificado varios casos de mujeres que han sufrido abortos espontáneos, infecciones o hemorragias, debido a la exposición al glifosato.
Los casos de Perú y Colombia no son únicos. Iteraciones de una misma relación entre extractivismo, violencias y reproducción se repiten alrededor de la región, afectando las vidas de las mujeres, especialmente de mujeres indígenas y campesinas (Cabnal Reference Cabnal2010; de León et al. Reference de León, Soledad, Isac and Pereyra2023). Frente a estos casos, la justicia reproductiva aporta un registro epistemológico que permite ver las luchas por el medio ambiente como luchas necesariamente ligadas a la reproducción. En su ánimo de iluminar el contexto estructural que alberga las condiciones de reproducción, la justicia reproductiva se edifica desde las coaliciones con otros proyectos de justicia social, tales como la justicia ambiental (Hoover Reference Hoover2018; Dow y Chaparro-Buitrago Reference Dow and Chaparro Buitrago2023). Así, la justicia reproductiva permite avanzar hacia la búsqueda de caminos institucionales más expansivos que contemplen las múltiples formas de degradación ambiental como una barrera crucial para el respeto y la satisfacción de los derechos sexuales y reproductivos.
Conclusiones: Hacia una justicia reproductiva en América Latina
En este artículo, hemos argumentado que la justicia reproductiva es una herramienta epistémica fértil para abordar las intersecciones entre derechos reproductivos y justicia social en América Latina. A través de la exposición crítica de experiencias reproductivas vinculadas a políticas eugenésicas de planificación familiar, la precarización neoliberal de la vida, y la expansión de las industrias extractivas y la degradación medioambiental, hemos demostrado que el foco en la elección individual y la limitación de la fecundidad no es suficiente para comprender las múltiples opresiones y violencias que afectan las vidas reproductivas en la región. Al mismo tiempo, hemos buscado dialogar con distintos conocimientos locales sobre las intersecciones entre derechos reproductivos y justicia social en América Latina, desde la academia hasta los activismos, para avanzar hacia una comprensión particular y situada de la justicia reproductiva en la región. En esta sección final, subrayamos algunas de las principales contribuciones epistémicas de la justicia reproductiva para abordar el derecho a tener y no tener hijos en condiciones dignas, seguras y sostenibles y discutimos algunas de las implicancias políticas de abordar las intersecciones entre derechos reproductivos y justicia social en la región.
El marco de justicia reproductiva nos permite expandir y complejizar el abordaje de la autonomía reproductiva en América Latina al focalizarse no solo en el derecho a no tener hijos a través de la anticoncepción y el aborto, sino también en el derecho a tener hijos en condiciones y ambientes dignos, seguros, sostenibles y libres de violencias. Este marco permite volver inteligibles experiencias reproductivas de poblaciones vulnerables y marginalizadas que suelen excluirse de las luchas por los derechos sexuales y reproductivos, tales como la violencia obstétrica, la coerción anticonceptiva, la esterilización forzada y la inhabilidad maternal. A su vez, este marco permite visibilizar cómo transformaciones estructurales y procesos sociopolíticos como el neoliberalismo, el extractivismo, el autoritarismo y los conflictos armados, configuran condiciones estructurales adversas para la creación y continuidad de la vida, creando nuevos ejes de opresión y exclusión en el ámbito de la reproducción.
Al cuestionar la elección individual como el centro del movimiento por los derechos reproductivos, la justicia reproductiva complejiza nuestros entendimientos de agencia, libertad y resistencia. Al poner el foco en las condiciones estructurales que permiten que las personas tomen decisiones sobre sus vidas, vuelve necesario considerar el contexto social y las desigualdades estructurales que marcan la experiencia reproductiva. De esa forma, la justicia reproductiva, como marco epistémico, permite considerar el entrecruce de diferentes ejes de diferenciación social como clase, raza, género, nacionalidad, capacidad, entre otros, así como los efectos de estas imbricaciones en las vidas reproductivas. Esta perspectiva enfatiza que la agencia reproductiva, lejos de ser una capacidad o atribución individual, se ejerce de manera diferenciada por distintos individuos y grupos de acuerdo con su posición en una matriz de poder histórica estructuralmente determinada.
Por ello, consideramos que el marco de la justicia reproductiva permite discutir problemáticas que han estado al centro de las experiencias reproductivas de mujeres marginalizadas, pero que con frecuencia han sido excluidas de las demandas por derechos reproductivos. La justicia reproductiva cuestiona la ideología eugenésica que subyace a políticas de planificación familiar basadas en la purificación poblacional a partir de la eliminación de aquellos individuos considerados no aptos para reproducirse (Ross Reference Ross, Ross, Derkas, Peoples, Roberts and Toure2017b). La justicia reproductiva también pone énfasis en la vulneración del derecho a la reproducción de poblaciones marginalizadas como consecuencia de la ausencia de seguridad social, servicios de apoyo integrales y políticas medioambientales, los cuales han sido erosionados en la consolidación de regímenes neoliberales, autoritarios y extractivistas. En ese sentido, la justicia reproductiva trasciende la defensa de los derechos reproductivos como asuntos de elección individual y resalta el rol del Estado en asegurar condiciones dignas que permitan la creación y sostenibilidad de la vida.
Con el interés de trascender la dualidad entre lo público y lo privado, el marco de justicia reproductiva nos ofrece la posibilidad epistémica de saltar escalas (Massey Reference Massey1991). Por un lado, al subrayar las interconexiones entre las experiencias reproductivas y el devenir socioeconómico en el que se enmarcan, la justicia reproductiva colapsa la separación entre las esferas de reproducción y producción, cuestionando la persistente subordinación de la primera a la segunda bajo el sistema capitalista (Di Chiro Reference Di Chiro2008). Por otro lado, al incluir como parte de sus principios la defensa del derecho a criar y cuidar en entornos que aseguren una vida digna, la justicia reproductiva traza interconexiones desde lo íntimo hasta lo global. Entender las políticas de neoliberalización y la precarización de las condiciones de vida, así como la degradación ambiental asociada a la expansión extractivista como problemas de reproducción, nos permite abarcar de manera conjunta el modo global de producción capitalista y sus impactos localizados en la sobrevivencia de cuerpos, comunidades y la tierra misma.
Esto nos lleva a abrazar una ética ecológica de la reproducción (Dow Reference Dow2016) que asume que las condiciones adecuadas para la creación y sostenibilidad de la vida resultan de una buena crianza del entorno. La reproducción, en ese sentido, es un proceso colectivo de crianza y cuidado del mundo. Esta perspectiva multiescala resuena con los planteamientos sobre cuerpo-territorio planteados por movimientos feministas comunitarios en América Latina, para quienes la defensa del territorio constituye la base de la defensa de las condiciones que hacen posible la reproducción y sostenibilidad de la vida. Vemos, así, que esta reformulación teórica sobre la reproducción que nos ofrece el movimiento de justicia reproductiva emerge orgánicamente también de la experiencia cotidiana y la práctica política de los movimientos y organizaciones feministas y ambientalistas en América Latina.
Queremos cerrar este artículo subrayando las implicancias políticas que están imbricadas en la justicia reproductiva. Podemos decir que ampliar lo que se considera como asunto reproductivo tiene un efecto de fronteras (Di Chiro Reference Di Chiro2008), es decir, disuelve los límites entre asuntos que no se pensaban relacionados entre sí, como las políticas de control poblacional, la economía, el medio ambiente y la reproducción, iluminando las conexiones entre distintas estructuras de dominación y las formas de resistencia frente a ellas. Este marco permite formar coaliciones políticas entre movimientos sociales que, a primera vista, podrían pensarse distantes, como aquellos formados en torno a los derechos civiles, los derechos reproductivos, los derechos de personas con discapacidad, la soberanía indígena, la justicia económica y la justicia ambiental, entre otros (Ross et al. Reference Ross, Roberts, Derkas, Peoples and Bridgewater Toure2017). Así, el marco de la justicia reproductiva hace posible construir alianzas entre movimientos sociales genuinamente provida que luchan contra políticas y escenarios de precarización, degradación y muerte a fin de asegurar la reproducción de sus familias, sus comunidades y su entorno.
Acknowledgements
Este trabajo fue apoyado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile a través de Fondecyt N°11240100 y ATE230065, por Mellon Foundation and the Americas Council of Learned Societies a través de Mellon/ACLS Dissertation Innovation Fellowship y por American Sociological Association and the US National Science Foundation a través de ASA Doctoral Dissertation Research Improvement Grant.
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