Son miles

La conciencia sobre la dimensión de las desapariciones no fue inmediata entre sus familiares. De hecho, la mayoría, supo de su envergadura al encontrarse en ministerios, comisarias, cuarteles, iglesias, embajadas y organismos de derechos humanos reclamando por sus parientes (Gorini Reference Gorini2017). Procesual, también, fue el conocimiento de la dimensión de la apropiación de menores por los perpetradores (Laino Sanchis Reference Laino Sanchís2020).

En cambio, el 2 de enero de 1976, el escritor Haroldo Conti, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) cuyo brazo armado era el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), envió una carta a Roberto Fernández Retamar, director de la revista cubana Casa de las Américas. Le comentaba que un amigo militar le acababa de informar confidencialmente que “se espera un golpe sangriento para marzo. Inclusive los servicios de inteligencia calculan una cuota de 30 mil muertos. Esto coincide con las apreciaciones de nuestros compañeros que evalúan la situación constantemente”.Footnote ³

No hay evidencias que este sea el origen de la cifra canónica. De hecho, Conti habla de muertos. Si lo fuera, evidenciaría el poder del rumor, que la cifra emblemática emergió antes del golpe y que fue enunciada, por primera vez, por los perpetradores.

Sin embargo, diversos testimonios sostienen que la guerrilla guevarista del ERP y la peronista “Montoneros” ambas surgidas en 1970 a partir del proceso de radicalización política que vivía el país, esperaban tras el golpe que la represión fuese más intensa que la experimentada durante la “Revolución Argentina” la anterior dictadura militar que había gobernado la Argentina entre 1966 y 1973, pero no el giro drástico que involucraron las desapariciones. ^{Footnote 4}

Tras el golpe, pronto sus redes de inteligencia establecieron las dimensiones que alcanzaban las desapariciones. En noviembre de 1976 un editorial de “El Combatiente”, periódico del PRT, cifraba en miles los asesinados y desaparecidos.Footnote ⁵ Por su parte, Rodolfo Walsh, escritor y militante montonero difundió, mediante la Agencia de Noticias Clandestinas (ANCLA) que dirigía, la magnitud que alcanzaba la represión.Footnote ⁶ Para agosto de 1976, ANCLA estimaba en “15 mil los detenidos políticos e incontables los muertos y desaparecidos”.Footnote ⁷

Esta información sustentó la denuncia de Walsh en su “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar” en el primer aniversario del golpe en la que cifró en quince mil las desapariciones (Walsh Reference Walsh1977). Simultáneamente, Amnistía Internacional publicaba el informe de la misión que realizó en noviembre de 1976 en la Argentina. Amnistía recabó casi cien denuncias de desapariciones y afirmó que la cifra de desaparecidos variaba entre 3 mil y 30 mil, pero que, para la mayoría de las fuentes, se aproximaba a 15 mil coincidiendo, así, con la cifra propuesta por Walsh e instalando, por primera vez, la cifra de 30 mil desaparecidos como estimación (Amnistía Internacional 1977, 37, 69, 95 y 118).

Las estimaciones de Walsh y Amnesty diferían de las cifras que comenzaron a elaborar organismos de derechos humanos basadas en denuncias concretas. A inicios de 1977, uno de los primeros recursos administrativos presentados por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) incluía 450 casos. Simultáneamente, otros actores también llevaban registros. En septiembre de 1977 Tex Harris, funcionario político en la embajada de los Estados Unidos en la Argentina, envió una lista de 7.500 desaparecidos que el Secretario de Estado Cyrus Vance entregó en noviembre de 1977 a Videla al visitar los Estados Unidos (Andersen Reference Andersen1993, 298).

A diferencia de las cifras basadas exclusivamente en denuncias, a fines de ese año la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), integrada por abogados defensores de presos políticos elaboró, en función de información de sus redes en el país y el exilio, entre ellas la Argentine Information and Service Center de Nueva York y el Buró de Información de Washington D.C, el informe “Argentina: proceso al genocidio” cuyo título aludía a la consumación de un exterminio sistemático. Ese informe afirmaba la existencia de 20 mil desaparecidos (CADHU 1977, prólogo). La cifra tenía un carácter estimado. De hecho, simultáneamente, Rodolfo Mattarollo, miembro de la organización, cifró entre 20 mil y 30 mil los casos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ^{Footnote 8}

Tras publicarse las primeras solicitadas de familiares reclamando saber el destino de sus parientes Videla, en conferencia de prensa en diciembre de 1977, propuso a las desapariciones como consecuencia no deseada de toda guerra y asimiló a los desaparecidos con guerrilleros en la clandestinidad o cuyos cuerpos quedaron irreconocibles tras los combates aunque, admitió, podía haber casos fruto de “excesos en la represión”. Videla no cuantificó cada rubro y no aceptó dialogar sobre ningún caso concreto (Verbitsky Reference Verbitsky1995, 78). En cambio, el general Acdel Vilas, comandante del operativo contrainsurgente “Independencia” en la provincia de Tucumán, simultáneamente, reconoció en un manuscrito de su autoría haber mantenido cautivas ilegalmente a 1.507 personas en el centro clandestino La Escuelita de Famaillá, pero las autoridades militares prohibieron su publicación (Vilas Reference Vilas1977, 11).

Los organismos de derechos humanos continuaron acumulando denuncias. La APDH y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre publicaron en mayo de 1978 en el diario La Prensa una lista de 2.536 desaparecidos. El Ministerio del Interior objetó 87 casos reconociendo implícitamente el resto (Fernández Meijide Reference Fernández Meijide2009, 86). Simultáneamente, el 25 de mayo de 1978, en una reunión con Tex Harris, Emilio Mignone miembro de la APDH estimaba la cifra de desaparecidos entre 20 mil y 30 mil y en 10 mil los asesinados (Lvovich Reference Lvovich2020, 171), mientras el Departamento de Estado los cifraba en 15 mil, basados en información elaborada por el propio Harris. La estimación de Mignone, por cierto, se asemejaba al informe elevado por Arancibia Clavel, agente de la DINA, central de inteligencia chilena, quien en julio de 1978 informaba que, según informes de inteligencia argentinos, desde 1975 había 22 mil desaparecidos.Footnote ⁹

La acumulación de denuncias fundadas en testimonios condujo a que las cifras elaboradas por los organismos de derechos humanos locales fuesen progresivamente asumidas por organizaciones internacionales de derechos humanos o entidades extranjeras. En abril de 1979, una misión de la Asociación de Abogados de Nueva York visitó el país y su informe reprodujo la cifra de 4.882 desaparecidos entre 1975 y 1978, entre ellos 92 abogados, registrados por la APDH a pesar que Amnistía registraba 2.673 casos para esa fecha (Association of the Bar of the City of New York 1979, 20–23; Amnistía Internacional 1979). Esa tendencia se profundizó con la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos en Septiembre de 1979. Meses antes Noemí Labrune, Teresa De Candia, Augusto Conte, integrantes de la APDH, sistematizaron los datos obrante en ese organismo, la Liga por los derechos del Hombre, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y registraron 5.580 desaparecidos. Pero advirtieron que “según algunos análisis, fundados en muestreos en ciudades pequeñas y en el cotejo de otras fuentes, esa cifra debe ser multiplicada por tres. Es decir, que el número de detenidos desaparecidos no bajaría de 20.000 y podría llegar, según otros, a 30.000” (Borrador del informe “Datos referentes a la situación de los derechos humanos en Argentina, Archivo histórico del CELS, serie “Visita de la CIDH”, sin fecha).Footnote ¹⁰

La CIDH (1980, 16) reprodujo en su informe la cifra elaborada por los organismos. El Ministerio del Interior reconoció poseer 3.447 denuncias pero replicó que ello “revela la mala fe con la cual algunas organizaciones internacionales juegan con las cifras, anormalmente infladas”.

Además, el Ministerio del Interior publicó, el 8 de mayo de 1980, una réplica al informe incluyendo una lista de 790 asesinados por la guerrilla de los cuales casi cien, eran dirigentes políticos, sindicales, e intelectuales asesinados por grupos parapoliciales o las Fuerzas Armadas antes y después del golpe (Poder Ejecutivo Nacional 1980).

A las cifras de organismos locales e internacionales se añadieron las provistas por sobrevivientes de los centros clandestinos. El 12 de octubre de 1979, en la Asamblea Nacional Francesa, Ana Marti, María Milla de Pirles y Sara Solarz de Osatinsky, sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), dijeron haber visto registros de que por la ESMA habían pasado 4.726 personas y quedaban vivas menos de cien. (CADHU 1979, 30–54). Meses después, un informe de la CADHU sobre el centro clandestino “La Perla”, ubicado en la provincia de Córdoba en dependencias de un cuartel militar, basado en testimonios anónimos de sobrevivientes, afirmaba “la verificación objetiva de un número no inferior a 30 mil desaparecidos” (CADHU 1980, 6). Tanto los sobrevivientes como la CADHU calificaban el crimen como “genocidio”.

Sin embargo, los testimonios de los sobrevivientes y las estimaciones de cifras desataron fuertes polémicas entre los exiliados. En México, Héctor Schmucler, semiólogo y padre de desaparecido, consideró que sus testimonios probaban el exterminio pero afirmó que la cifra de 30 mil desaparecidos estaba siendo manipulada con fines instrumentales.

“Seguramente no es verdad que existan 30 mil desaparecidos” decía, “pero 6 o 7 mil es una cifra pavorosa”.

El periodista Luis Bruschtein le replicó que:

“nadie, solamente el gobierno, puede decir sin ruborizarse que las cifras son infladas”, advertía que “cuando el movimiento de derechos humanos denuncia la existencia de entre 25 mil y 30 desaparecidos es porque realizó un estudio tan serio y puntilloso como su situación se lo permite”.

Comparaba, además, las cifras en manos del Departamento de Estado que referían a 12 mil casos con listas que circulaban en México donde figuraban más nombres; la existencia de 80 denuncias registradas en Tucumán antes de la visita de la CIDH que recogió 400 y proponía que existía una relación de 1 a 5 entre casos denunciados y no denunciados. Ello, decía:

“permite afirmar entonces que la cifra definitiva sobrepasará inclusive la de 25 o 30 mil secuestrados” (Schmucler Reference Schmucler1979; Bruschtein Reference Bruschtein1979 2 y 3).

Así, por primera vez, los denunciantes, ambos familiares de desaparecidos, se dividían en una discusión pública sobre la dimensión de las víctimas del crimen.

La elaboración de listas y cifras también se desenvolvió a nivel regional. En Brasil, CLAMOR, organismo de derechos humanos fundado en 1977 por el Arzobispo de la Diócesis de San Pablo Monseñor Evaristo Arns, elaboró un lista basada en testimonios de familiares y sobrevivientes, denuncias ante organismos argentinos, Amnistía Internacional y grupos de exiliados en Europa. En 1982, CLAMOR publicó el libro Desaparecidos en la Argentina con 7.046 casos (Tolentino Reference Tolentino, Crenzel and Robertini2022), cifra que hizo suya el Consejo Ecuménico de las Iglesias en Ginebra. CLAMOR, sin embargo, advertía que:

“Es reconocidamente un número conservador. Hay grupos de derechos humanos en la Argentina que estiman que hay entre 20.000 y hasta 30.000 desaparecidos (CLAMOR 1982 citado por Tolentino Reference Tolentino, Crenzel and Robertini2022, 220).

Desaparecidos en la Argentina incluía la ubicación de los “campos de concentración”, gráficos con la nacionalidad, edad, género y profesión de los desaparecidos y una lista de “detenidos-desaparecidos” y otra de “ex detenidos-desaparecidos” con datos sobre sus liberaciones. Una copia del informe, conocido como “el listado de Arns”, fue entregada en mano por Arns al Papa Juan Pablo II y alcanzó repercusión internacional (Tolentino Reference Tolentino, Crenzel and Robertini2022, 234).

En el verano de 1982, antes de la guerra de Malvinas, los organismos insistieron en reclamar al gobierno la lista de desaparecidos. Entonces, el almirante Emilio Eduardo Massera, ex integrante de la Junta militar, lanzado como candidato a presidente en el contexto de una puja de poder entre las Fuerzas Armadas, declaró su disposición a publicarla

“para clarificar a la población sobre las bajas producidas en uno y otro bando de la guerra”.

Su declaración recibió réplicas de diversos generales que negaron la existencia de listas (Canelo Reference Canelo2008, 184–185). Tras la derrota argentina, en un contexto transicional, el general Ramón Camps, jefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires, declaró a la prensa “haber hecho desaparecer a 5 mil subversivos” imaginando que su impunidad continuaría bajo el futuro gobierno constitucional.Footnote ¹¹

Sin embargo la oposición política se negó a negociar con la dictadura, desacreditada tras la guerra, la no revisión de las violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, la dictadura difundió el 28 de abril de 1983 el “Documento final de la Junta militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”. En él, las Fuerzas Armadas asumían su responsabilidad en la “guerra antisubversiva” y relegaban el examen de los “métodos inéditos” utilizados al “juicio divino”. Además, descalificaban las listas de desaparecidos incluidas en las denuncias, aduciendo que presentaban

“nombres incompletos, referencias confusas y personas que vivían en el exterior, se encontraban en la clandestinidad, habían fallecido de “causa natural”. Al resto, afirmaba, debía considerárselos muertos, “aun cuando no pueda precisarse el momento, la causa y oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de sus sepulturas”. ^{Footnote 12}

Este mensaje tuvo su correlato jurídico el 23 de septiembre, un mes de los comicios, con la sanción del decreto-ley 22.924 de “Pacificación Nacional” conocido como “Auto amnistía” que garantizaba la impunidad de lo actuado en el marco de la “lucha antisubversiva”. ^{Footnote 13} En ese contexto, en septiembre de 1983, la cifra de 30 mil desaparecidos alcanzó visibilidad pública. La “Marcha de la Resistencia”, organizada por las Madres de Plaza de Mayo, fue acompañada por el “Siluetazo”, la confección de treinta mil afiches con siluetas de hombres, mujeres y niños representando a los desaparecidos (Longoni y Bruzzone Reference Longoni and Bruzzone2008).

En síntesis, durante la dictadura sus denunciantes elaboraron diversas cifras de desaparecidos. Algunas, de organismos de derechos humanos locales, basadas en testimonios de familiares y sobrevivientes, fueron reproducidas por organismos supraestatales como la CIDH y organizaciones como el “Asociación de Abogados de Nueva York”. Otras, producto de estimaciones, fueron incluidas en el informe de Amnistía Internacional de 1977, que menciona tempranamente la cifra de 30 mil desaparecidos, el informe de la CADHU de 1977 y el informe elaborado por varios organismos antes de la visita de la CIDH. El Siluetazo, evidenció su consagración emblemática. Si como señala Girardet (Reference Girardet1998, 5) “la historia de cualquier símbolo empieza con un enigma, el del misterio de sus orígenes”, en el caso de la cifra de 30 mil desaparecidos el enigma se extiende a la capacidad de sus impulsores de constituirla en una cifra canónica que desplazó tanto a las cifras basadas en denuncias como a otras estimaciones que circulaban simultáneamente en el país y en el exterior.

El primer registro estatal y público: la CONADEP

Cinco días después de retornar la democracia, el 15 de diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, integrada por personalidades de la sociedad civil y representantes de la Cámara de Diputados de la Nación. Debía recibir denuncias y pruebas sobre las desapariciones y remitirlas a la Justicia, investigar el destino de los desaparecidos y la ubicación de niños sustraídos, denunciar a la Justicia todo intento de ocultar o destruir pruebas vinculadas a estos hechos y emitir un informe final. ^{Footnote 14} Extraoficialmente, el gobierno imaginaba metas más acotadas. El Ministro del Interior, Antonio Tróccoli, le mencionó al miembro de la Comisión Hilario Fernández Long que pretendía que la CONADEP se limitase a elaborar una “lista de desaparecidos”. ^{Footnote 15} Simultáneamente, la prensa cercana a los militares afirmaba que la tarea de la CONADEP era establecer la cifra de desaparecidos y cuestionaba la enarbolada por los organismos. ^{Footnote 16}

Es decir, la cuantificación de los desaparecidos era considerada central por diferentes actores y distintas razones. La CONADEP trascendió esas pretensiones. Tras definir como desaparecidos a quienes habían sido secuestrados y no habían reaparecido con vida ni sus cadáveres hallados e identificados (CONADEP 1984, 293 y 479), concentró y centralizó las denuncias formuladas en el país y el exterior, recibió nuevas y las controló para evitar su duplicación.

La existencia de un gobierno constitucional, el carácter oficial de la Comisión, la inclusión de personalidades reconocidas, la colaboración de los organismos recopilando testimonios y una fuerte campaña radial y televisiva incrementaron las denuncias (Crenzel Reference Crenzel2008, 53–103).

Los testimonios provenientes de las periferias de grandes ciudades y del interior del país alumbraron la magnitud de las desapariciones entre la militancia sindical y permitieron recoger testimonios de familiares que, por temor o pobreza, nunca habían formulado denuncias. De las nuevas denuncias recibidas por la CONADEP el 64 porciento provino de estos grupos (Izaguirre Reference Izaguirre1992, 41).

La CONADEP precisó en 8.960 el número de desaparecidos y advirtió el carácter provisorio de la cifra ya que:

“muchas desapariciones no han sido denunciadas, por carecer las víctimas de familiares, por preferir mantener reservas o por vivir en localidades muy alejadas de centros urbanos” y no descartó que pudiera estar incluida “alguna persona que no comunicó oportunamente el cese de su desaparición a los organismos pertinentes” (CONADEP 1984, 293 y 479).

Pese a la legitimidad que alcanzó su investigación, la cifra de desaparecidos que estableció fue calificada de falaz por la prensa defensora de la dictadura y tuvo escasa aceptación del movimiento de derechos humanos. En la movilización que acompañó el inicio del juicio a las Juntas, el 22 de abril de 1985, los manifestantes portaban nueve mil pancartas, concordantes con la cifra establecida por la CONADEP pero la bandera que encabezaba la marcha reclamaba por los “treinta mil desaparecidos”. ^{Footnote 17}

La escasa aceptación de la cifra propuesta por la CONADEP se verificó entre otros actores. Por un lado, la Comisión Bicameral que investigó las violaciones a los derechos humanos en la provincia de Tucumán consignó sólo los casos ratificados por los denunciantes mientras que la CONADEP incluyó casos denunciados ante organismos de derechos humanos locales e internacionales no denunciados ante ella para evitar su exclusión. Por ende, la comisión tucumana registró 206 casos menos que la CONADEP (Comisión Bicameral de la Provincia de Tucumán 1991, 26, 27 y 290). Por otro lado Ronald Dworkin, asesor de Alfonsín en derechos humanos, en la introducción a la segunda traducción al inglés del Nunca Más, afirmó que entre 1976 a 1979:

“doce mil ciudadanos fueron succionados de las calles” proponiendo una cifra diferente a la del informe que prologa (Dworkin Reference Dworkin1986, XI y XII). Por último, la APDH utilizó las cifras de desaparecidos de la CONADEP para evidenciar la disparidad de la violencia del Estado y las guerrillas en un escenario que caracterizaba de “guerra sucia” (APDH 1988).

Además de su escasa aceptación, la cifra establecida por la CONADEP fue desplazada de la atención pública por la judicialización de las violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Alfonsín buscaba limitar la acción penal a las Juntas y otros altos mandos, mientras los organismos de derechos humanos reclamaban el “juicio y castigo a todos los culpables”. Por ello, exigieron la publicación en un anexo del Nunca Más de la nómina de responsables vistos en los centros clandestinos. Cuando el gobierno decidió no publicarla, una integrante de la CONADEP, vinculada a los organismos, la entregó al semanario El Periodista de Buenos Aires. El revuelo causado por su publicación se potenció ya que en la lista figuraba Monseñor Pío Laghi, ex nuncio apostólico y enviado del Papa Juan Pablo II en Washington. ^{Footnote 18} Así, el debate sobre la nómina de perpetradores desplazó el debate sobre la cifra de desaparecidos.

En cambio, la CONADEP fue exitosa en difundir la memoria de los desaparecidos en base a sus datos sociodemográficos y socioeconómicos: nacionalidades, edades y ocupaciones. Ello, impulsó la elaboración de listas y cifras de desaparecidos por parte de diversos grupos de la sociedad civil. Un enorme paño con la nómina de estudiantes de arquitectura desaparecidos colgaba en el pabellón II de la ciudad universitaria en Buenos Aires y listas de desaparecidos con esas ocupaciones eran leídas en homenajes a abogados, periodistas y psicólogos. Así, la memoria de los desaparecidos se expandió al calor de iniciativas que privilegiaban dimensiones biográficas que facilitaban la empatía de las comunidades interpeladas y excluían aquellas que, como sus compromisos políticos radicalizados, podían ofrecer obstáculos a la identificación con las víctimas.

La sociedad civil multiplica listas y cifras

El Indulto dictado por el presidente Menem en 1990 a las Juntas militares pretendía clausurar la búsqueda de verdad y justicia desde el Estado. Solo tras reclamos de los organismos y la presión del sistema interamericano de derechos humanos, el Estado produjo un nuevo registro de desaparecidos tras sancionar en 1994 la ley 24.411 “de beneficio a las personas ausentes por desaparición forzada y a las fallecidas por el accionar de las Fuerzas Armadas” que estableció un resarcimiento económico para los familiares de desaparecidos presentándose 8.950 denuncias.Footnote ¹⁹

Pero la lista de desaparecidos y su número se tornaron nuevamente ejes de la discusión pública tras la declaración del capitán Scilingo en Febrero de 1995 quien narró su participación en operativos en los cuales, desde aviones de la Marina, arrojó desaparecidos con vida al mar. Scilingo reclamó a sus superiores que entregasen la lista de desaparecidos en su poder (Verbitsky Reference Verbitsky1995). Ello renovó el reclamo de los organismos de derechos humanos. ^{Footnote 20} En ese contexto, el Ministro del Interior, Carlos Corach, presentó junto a una nueva edición del Nunca Más una lista de “nuevos desaparecidos” denunciados ante la Secretaría de Derechos Humanos. Pronto se evidenció que la lista incluía casos denunciados y personas liberadas. Por su parte, el general Balza, jefe del Ejército, negó que la fuerza tuviera en su poder listas de desaparecidos. ^{Footnote 21} En ese clima, la nueva edición en fascículos del Nunca Más publicada por el diario Página/12 entre julio de 1995 y febrero de 1996, reincorporó los anexos con las listas de desaparecidos que dejaron de publicarse tras la primera edición debido a su escasa venta. ^{Footnote 22}

El debate sobre la lista de desaparecidos potenció un proceso subterráneo. Desde 1994 se conformaron “comisiones por la memoria” en facultades, sindicatos y colegios para homenajear a los desaparecidos, reconstruir sus listas y biografías. Estas comisiones impulsaron el acto multitudinario del 24 de marzo de 1996, en el vigésimo aniversario del golpe. Como un efecto en cascada, esa movilización animó al abogado Carlos Slepoy, preso político y luego exiliado, a presentar en España una denuncia contra militares argentinos por crímenes contra ciudadanos españoles. Simultáneamente, el fiscal Carlos Castresana Fernández presentó una denuncia ante el juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional a cargo del Juez Baltazar Garzón quien imputó por genocidio, terrorismo y torturas a 46 militares (Anguita, Reference Anguita2001).

Esta imputación impulsó la movilización trasnacional de organizaciones sindicales, estudiantiles y comunitarias en la cual cobró centralidad la elaboración de listas de desaparecidos. La Federación Universitaria Argentina envió una lista de estudiantes universitarios desaparecidos y asesinados (Izaguirre y equipo 1998); la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) otra de trabajadores y obrerosFootnote ²³ y el Centro de Estudios Sociales de la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina de “judíos desaparecidos” (CES-DAIA 2000). Así, el juicio en España potenció la elaboración de listas de desaparecidos en función de variables ocupacionales y étnicas omitiendo, nuevamente, sus compromisos políticos.

Los registros estatales

Las listas y cifras de desaparecidos se multiplicaron durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández ahora por iniciativa estatal. Como rasgo llamativo, divergieron entre sí e incorporaron, en esos mismos soportes, la cifra canónica de 30 mil desaparecidos.

En 2006, al cumplirse el trigésimo aniversario del golpe de Estado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación impulsó la reedición del informe Nunca Más, añadiéndole un nuevo prólogo el cual incluye la cifra de 30 mil desaparecidos sin mencionar la cifra fruto de la lista actualizada incluida como anexo en esa edición del informe. El 7 de noviembre de 2007, a orillas del Río de la Plata, se inauguró el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado conteniendo 30 mil placas de granito 8.875 de las cuales incluyen nombres de desaparecidos y asesinados entre 1969 y 1983 (Vecchioli Reference Vecchioli, Groppo and Flier2001). En 2009, el Presidente del Archivo Nacional de la Memoria, Ramón Torres Molina, afirmaba que se registraban 7.140 desaparecidos; 1.336 asesinados; 2.793 liberados de centros clandestinos y 1.541 denuncias a verificar. Aclaraba, además, que del registro de la CONADEP, 101 personas habían sobrevivido, 1009 casos estaban duplicados debido a errores ortográficos, inclusión de mujeres con apellido de solteras y casadas y 544 correspondían a sobrevivientes que no habían comunicado su liberación. ^{Footnote 24}

Esta multiplicación de registros estatales se tradujo en representaciones disímiles de la dimensión cuantitativa de las desapariciones a nivel local. La ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, dispone de cifras divergentes elaboradas por la delegación local de la CONADEP, la nómina del mural, inaugurado en 2011 por la Municipalidad de General Pueyrredón, y registros de la Comisión de Memoria Portuaria y el Colectivo Faro de la Memoria, conformado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y organizaciones políticas y sociales (Zubillaga Reference Zubillaga2019, 46–48).

En este contexto se abrieron una serie de polémicas sobre la cifra de desaparecidos. Graciela Fernández Meijide, madre de un desaparecido y ex militante de la APDH, adujo en un libro el carácter falaz de la cifra de 30 mil, contraponiéndola con los registros de la CONADEP y el Archivo Nacional de la Memoria y acusó a Eduardo Luis Duhalde, entonces secretario de derechos humanos de la Nación, de crearla durante la dictadura para movilizar la solidaridad internacional mediante la denuncia de un genocidio (Fernández Meijide Reference Fernández Meijide2009, 123 y 124).

Duhalde respondió que existían muchas denuncias nunca presentadas debido al contexto de impunidad abierto por las leyes de impunidad “Punto Final” (1986), “Obediencia Debida” (1987) y el Indulto (1990) y la persistencia del temor o la pobreza de poblaciones campesinas del noroeste y noreste del país. Simultáneamente, justificó la cifra de 30 mil desaparecidos en función de la cantidad de centros clandestinos que existieron en el país, las estimaciones de “prisioneros” en los principales (ESMA, Campo de Mayo, La Perla, El circuito Camps, El Olimpo, El Atlético); la cantidad de hábeas corpus presentados; de represores; la mención de Conti en la carta a Roberto Fernández Retamar y el informe del agente de inteligencia chileno Arancibia Clavel. Finalmente, advirtió el regocijo que causarían sus declaraciones entre los perpetradores y la acusó de “relativizar la masacre y poner bajo sospecha el discurso de los organismos de derechos humanos”.Footnote ²⁵ Tras esas declaraciones defensores de la represión remarcaron la necesidad de “hacer caer el mito de la existencia de 30 mil desaparecidos”, lo propusieron como un intento de “magnificar los alcances de la represión y sensibilizar a la opinión pública” y abogaron por “terminar la falsedad del eslogan numérico” que adjudicaron al gobierno del presidente Néstor Kirchner (González Reference González2010, 15).

Tras asumir el liberal Mauricio Macri la presidencia en diciembre de 2015, las objeciones a la cifra canónica de desaparecidos provinieron de funcionarios de Estado y tuvieron otro carácter a las formuladas por Meijide. El Secretario de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, afirmó que la cifra de 30 mil desaparecidos era

“una mentira que se construyó en una mesa para obtener subsidios por parte de los familiares de las víctimas”. La denuncia del carácter inventado de la cifra suscitó un amplió repudio y Lopérfido debió renunciar.Footnote ²⁶

Por su parte, un periodista afín al gobierno publicó un reportaje a Videla quien admitió la desaparición de 7 u 8 mil personas (Reato Reference Reato2016, 39). Finalmente, Macri retomó la noción de “guerra sucia”, acuñada por la dictadura para justificar sus crímenes, y dijo ignorar cuantos fueron los desaparecidos.Footnote ²⁷

Este contexto político renovó, para el movimiento de derechos humanos, la centralidad de la cifra emblemática y la calificación del crimen como genocidio. “Fueron 30 mil, fue genocidio” fue la consigna del acto del 24 de marzo de 2017 en repudio al golpe de Estado.

Si durante la dictadura la cifra de 30 mil desaparecidos se impuso sobre otras estimaciones y cifras producto de denuncias concretas, tras retornar la democracia continuó siendo sostenida a pesar de los registros oficiales producidos por la CONADEP, las leyes reparatorias, los nuevos juicios penales y el RUVTE.

Dos preguntas: ¿Cuántas personas permanecen desaparecidas? ¿Cuántas personas estuvieron en condición de desaparecidas?

Señalamos que tras las cifras documentadas y las estimaciones elaboradas durante la dictadura, la CONADEP registró 8.960 desaparecidos. Su investigación fue limitada en tiempo (9 meses) y espacio (centros urbanos de importancia –Tucumán, Mendoza, Jujuy- no contaron con delegaciones que recogiesen testimonios) y esa tarea no alcanzó, tampoco, a zonas rurales del noroeste y noreste del país.

Desde entonces, los desaparecidos registrados se modificaron por adición y sustracción. Tras la disolución de la CONADEP, la Subsecretaría de Derechos Humanos continuó recibiendo denuncias. Éstas se incrementaron al sancionarse la ley de reparación económica para familiares de desaparecidos y al reiniciarse en 2005 los juicios penales. En paralelo, se eliminaron casos duplicados o de sobrevivientes que no habían comunicado su liberación.

Indudablemente existen desaparecidos no denunciados. Como se señaló, todas las estadísticas oficiales de delitos presentan notorios subregistros, más aun tratándose de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Sin embargo, para 2015, los últimos datos disponibles en el RUVTE, contabilizaban 7.018 desaparecidos entre 1967 y 1983, 91percent de los cuales desapareció entre 1976 y 1978. Otros 783 casos registrados por la CONADEP pero sin denuncia formal ante la Secretaría de Derechos Humanos (revisten como “presunción de desaparición forzada”) y 1.613 asesinados (RUVTE 2015). Estas cifras eran similares a las consignadas por el Archivo Nacional de la Memoria en 2009 y próximas a las del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que en 2002 contabilizaba 6.500 a 7.000 desaparecidos con un subregistro estimado de 10 percent de casos (Somigliana y Olmo Reference Somigliana and Olmo2002).

Es improbable que, además de los 7.018 casos obrantes en el RUVTE, existan 23 mil no denunciados, el 77 percent de los 30 mil desaparecidos enarbolados por el movimiento de derechos humanos. Si asumimos que la mayoría de los desaparecidos eran militantes es improbable que, además de sus familiares, no contaran con un compañero que testimoniara su desaparición.

Sin embargo, las personas que permanecen desaparecidas no equivalen a las víctimas de desaparición forzada. Ese universo lo componen, además, los sobrevivientes de los centros clandestinos que, advertimos, alcanzaban más de 3 mil casos según el RUVTE en 2015 pero cuyo número se incrementó tras reanudarse los juicios penales.

Efectivamente, los sobrevivientes presentan un subregistro significativo. Muchos, en especial familiares, sufrieron cautiverios breves hasta que fueron secuestrados sus hijos militantes, pero también transitaron por los centros clandestinos niños junto a sus padres y testigos ocasionales. No pudieron por ello identificar donde estuvieron cautivos, ni a otros secuestrados o a perpetradores o, por temor, no denunciaron. A modo de ejemplo, Lucía Coronel, de 10 meses de edad, fue secuestrada junto a su madre y permaneció desaparecida en la ESMA un día; una gran cantidad de vecinos, secuestrados en marzo de 1977 tras un operativo militar conocido como la “Masacre del Castillo”, estuvieron brevemente cautivos en el centro clandestino “La Perla” y sesenta militantes radicales reunidos en la Universidad Nacional de Córdoba estuvieron cautivos allí una noche y luego liberados (Mariani y Gómez Jacobo Reference Mariani2012, 236 y 292). Otros, tras esas experiencias, marcharon al exilio y nunca dieron testimonio o, por efecto del terror, como los sobrevivientes del operativo contrainsurgente “Independencia”, ordenado en febrero de 1975 por la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón que autorizó a las Fuerzas Armadas “a neutralizar y/o aniquilar el accionar de la subversión en la provincia de Tucumán”, testimoniaron recién en 2003 tras ser condenado el general Antonio Bussi, jefe de ese operativo y máximo responsable de las violaciones a los derechos humanos en la provincia. Bussi había sido electo gobernador constitucional en 1995 e intendente de la capital provincial en 2003 factor que, seguramente, inhibió que vertieran con anterioridad sus testimonios.Footnote ²⁸

El universo de sobrevivientes se compone, además, de una importante proporción de presos políticos. La mayoría de los 8.625 presos detenidos a disposición del Poder Ejecutivo estuvieron –por diferentes lapsos- desaparecidos antes de ser legalizados. De hecho, la represión legal e ilegal estuvo articulada. Ana Mohaded transitó por los centros clandestinos “La Perla” y “La Rivera”, la Penitenciaria de Barrio San Martín (UPI), el centro clandestino D2 (Departamento de informaciones de la policía), nuevamente por la UPI, los centros “La Perla chica” y “La Rivera”, las cárceles del Buen Pastor y de Villa Devoto (Mariani y Gómez Jacobo Reference Mariani2012, 39–40). La importante proporción de sobrevivientes respecto de quienes continúan desaparecidos diferencia, claramente, al sistema de desaparición del genocidio nazi con el cual ciertos jueces (Rozansky, Reference Rozansky2010) y académicos (Feierstein Reference Feierstein2008) lo asimilan. El exterminio fue selectivo aún al interior del universo de la “subversión” y la implementación del sistema de desaparición buscaba, además, disciplinar a la sociedad mediante el terror.

Por último, integran, también, el universo de personas que estuvieron en condición de desaparecidos aquellos cautivos clandestinos luego asesinados en “enfrentamientos armados” o “intentos de fuga” fraguados.

En síntesis, la contabilización adecuada de la cifra de personas que estuvieron desaparecidas debería componerse sumando las 7.018 personas que continúan en esa situación, los 3.432 sobrevivientes (ambos registros del RUVTE para 2015), seguramente la mayoría de los 783 casos denunciados ante la CONADEP en evaluación, una porción de los 1.613 asesinados y de los 8.625 presos políticos que estuvieron previamente en condición de desaparecidos. Esa sumatoria alcanzaría los 20 mil casos, a los que habría que añadir los desaparecidos y, especialmente, sobrevivientes no denunciados que, funcionarios del RUVTE estiman triplican el número de desaparecidos que continúan en esa condición. Esa sumatoria se aproximaría a la cifra emblemática enarbolada por el movimiento de derechos humanos.Footnote ²⁹

Nunca se podrá establecer la cifra exacta de desaparecidos ni de quienes transitaron por esa condición. Sin embargo, el caso argentino no presenta los obstáculos del genocidio nazi. No ocurrió durante una guerra mundial, la destrucción completa de ciudades y comunidades, ni desplazamientos masivos de refugiados (Hilberg Reference Hilberg2005, 1347–1368). Aún en ese caso, y pese a la devastación, se identificaron 4.5 millones de víctimas, un 75 por ciento de la cifra emblemática de 6 millones.Footnote ³⁰

Se insiste que la lista de desaparecidos la poseen los perpetradores. Seguramente es así. Diversos sobrevivientes de los Centros Clandestinos las visualizaron durante su cautiverio. Sin embargo, es posible su reconstrucción mediante un esfuerzo renovado del Estado, las organizaciones de derechos humanos, sindicales, políticas y la investigación académica para recabar casos no denunciados en áreas rurales y periferias urbanas donde puede existir un subregistro relativo de desaparecidos y, especialmente, de sobrevivientes. Esta posibilidad, amenazada por el tránsito generacional, debería formar parte de la voluntad de saber indispensable para sustentar, con mayor consistencia, el Nunca Más.

Conclusiones

El sistema de desaparición forzada de personas estableció una desigualdad substantiva en el conocimiento de sus atributos y naturaleza entre sus perpetradores y víctimas. Una de las manifestaciones de esa relación de poder-saber fue el conocimiento de la dimensión cuantitativa de sus víctimas. Mientras hubo actores —como las guerrillas— que fueron alertados, incluso antes del golpe, que la represión involucraría el exterminio de miles de personas, otros denunciantes, en especial familiares de desaparecidos, tomaron conciencia paulatinamente de la dimensión de las desapariciones al encontrarse con pares reclamando por sus parientes.

Durante la dictadura diversas organizaciones locales e internacionales de derechos humanos elaboraron listas y cifras de desaparecidos en base a pruebas documentadas que convivieron con cifras estimadas producidas por otras organizaciones de derechos humanos del país y del exilio. En este marco, la cifra de 30 mil desaparecidos adquirió un carácter canónico, desplazando tanto a las cifras sostenidas en denuncias como a otras estimaciones.

Tras retornar la democracia, la CONADEP estableció la primera cifra oficial y pública de desaparecidos la cual fue descalificada por los relativizadores y negadores del crimen y tuvo escasa aceptación por parte del movimiento de derechos humanos. Ese registro fue modificándose, por adición de nuevas denuncias —tras otorgarse reparaciones económicas, reanudarse los juicios penales— y por eliminación de otras —casos duplicados, desaparecidos denunciados que no comunicaron su liberación—.

Tras la sanción en diciembre de 1986 de la ley de “Punto Final” que establecía un plazo límite para la presentación de causas penales por violaciones a los derechos humanos, la ley de “Obediencia debida” de junio de 1987 que sostuvo la imposibilidad de los subalternos de desobedecer órdenes superiores eximiéndolos por ello de la indagación judicial y el Indulto en diciembre de 1990, que liberó a los integrantes de la Junta militar, parecía que la revisión del pasado criminal estaba clausurada. Sin embargo, al calor de la creación de “comisiones por la memoria” que en universidades, barrios, sindicatos y escuelas secundarias abocadas a reconstruir las biografías de los desaparecidos y del juicio en la audiencia española, se multiplicó la elaboración de listas de desaparecidos. Esta tendencia fue favorecida desde el Estado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, proceso que tuvo por peculiaridad la producción por parte de instancias oficiales de cifras de desaparecidos discordantes entre sí en convivencia con la cifra canónica del movimiento de derechos humanos incorporada en documentos o soportes oficiales. Siguiendo a Weber (Reference Weber2004, 173–178) la fragmentación y yuxtaposición de funciones entre diversas burocracias estatales que propusieron cifras diferentes potenció la debilidad del Estado, ya manifestada en la escasa aceptación de la cifra elaborada por la CONADEP, para enunciar y legitimar la cifra oficial de desaparecidos. Como contrapartida, facilitó la emergencia de grupos de la sociedad civil que enuncian las propias. En este escenario y ante la presencia en el gobierno de Macri de voces relativizadoras del crimen, los organismos de derechos humanos hicieron de la cifra emblemática una bandera de lucha.

Esta cifra, tras retornar la democracia, logró imponerse sobre diversos registros oficiales y permanecer inconmovible, pese a los datos recogidos por la CONADEP, los registros fruto de las leyes reparatorias y el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE).

Se propuso que la incógnita sobre la cifra de desaparecidos conjuga dos preguntas: cuántas personas permanecen en esa condición y cuántas estuvieron en esa condición cuando funcionó ese sistema criminal.

La cifra de 30 mil desaparecidos es puesta en discusión por quienes relativizan el crimen y descalifican al movimiento de derechos humanos. Sin embargo, quienes estuvieron en condición de desaparecidos comprenden, además de quienes continúan en esa condición, los miles de sobrevivientes, una porción de los asesinados y miles de presos políticos previamente desaparecidos y un número incierto de desaparecidos y sobrevivientes no registrados. Esa sumatoria se aproxima a la cifra emblemática. Quizás, por ello, “los treinta mil” tengan tanta potencia. Evoca la condición por la que atravesaron decenas de miles de personas en aquél tiempo cuando de ellos y ellas no se conocían su destino.